La vivienda pública de Alicante vuelve al centro de la polémica por los precios y la falta de explicaciones
El PSOE abandona el consejo rector del Patronato Municipal de Vivienda por un sobrecoste de 140.000 euros que asegura no tener documentado, mientras cuestiona el precio de los pisos previstos en San Blas y continúa la investigación judicial de Les Naus.
La gestión de la vivienda pública vuelve a generar tensión política en Alicante. En apenas unos días, tres asuntos han vuelto a poner el foco en las decisiones del Ayuntamiento que dirige Luis Barcala: el sobrecoste denunciado en unas viviendas para jóvenes, los precios previstos para una nueva promoción de protección pública en San Blas y la continuidad de la investigación judicial sobre las adjudicaciones de Les Naus.
El último episodio se ha producido este viernes, 16 de octubre, cuando el Grupo Municipal Socialista ha abandonado el consejo rector del Patronato Municipal de Vivienda. El motivo, según ha explicado el PSOE, es la falta de documentación que permita justificar un incremento de 140.000 euros en las obras de las viviendas para jóvenes de El Portón.
La concejala socialista Silvia Castell ha reclamado conocer las razones de ese aumento y acceder a la certificación que lo acredita antes de que se autoricen nuevos pagos a la empresa constructora. Los socialistas aseguran que el equipo de gobierno del PP no les ha facilitado el expediente que han solicitado.
Castell ha recordado que las llaves de estas viviendas se entregaron en marzo y ha cuestionado que, según su versión, el sobrecoste no se comunicara hasta seis meses después. El PSOE sostiene que necesita conocer los motivos del incremento para ejercer su labor de control sobre el gasto público.
La denuncia política, por sí sola, no demuestra que exista una irregularidad en la ejecución de las obras. Para aclarar la controversia será necesario conocer la documentación del expediente y las razones técnicas y económicas que expliquen el aumento.
Pisos protegidos de más de 270.000 euros en San Blas
La discusión sobre El Portón coincide con las críticas del PSOE a la promoción prevista en una parcela municipal de la calle Ceuta, en el barrio alicantino de San Blas.
Los socialistas cuestionan tanto el cambio de planteamiento del proyecto como los precios que podrían alcanzar las viviendas tras la actualización del módulo de vivienda protegida aprobada por la Generalitat Valenciana, que supone un incremento del 7 %.
Según los cálculos difundidos por el PSOE, una vivienda de régimen general de dos dormitorios, con garaje y trastero, podría alcanzar los 272.790,94 euros, IVA incluido. Para acceder a ella, los compradores necesitarían disponer de más de 54.000 euros para la entrada, sin contar los gastos adicionales.
Las viviendas previstas para jóvenes tampoco quedarían al margen de esta subida. Según las estimaciones socialistas, un piso de dos dormitorios podría superar los 225.000 euros, con una entrada inicial de más de 45.000 euros.
Estas cifras han llevado a la oposición a cuestionar hasta qué punto unas viviendas con esos precios pueden ofrecer una alternativa a las personas que tienen dificultades para acceder al mercado inmobiliario.
El PSOE sostiene, además, que el proyecto municipal contemplaba inicialmente viviendas de alquiler asequible y que posteriormente se optó por una fórmula de vivienda protegida en venta a través de un promotor privado. También denuncia que la rentabilidad prevista para la constructora habría pasado del 6 % al 15 %.
Se trata de críticas y cálculos difundidos por los socialistas. La operación debe analizarse a partir de sus condiciones contractuales, los criterios de fijación de precios y la documentación administrativa correspondiente.
Por su parte, el Ayuntamiento ha defendido el desarrollo de nuevas promociones y la colaboración público-privada como instrumentos para aumentar la oferta residencial. La información municipal sobre la tramitación de la calle Ceuta recoge una promoción de viviendas protegidas y unidades destinadas al programa municipal de alquiler asequible.
La discusión de fondo sigue abierta: cómo ampliar el número de viviendas disponibles y conseguir, al mismo tiempo, que sus precios respondan a las posibilidades económicas de quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar.
La investigación de Les Naus continúa abierta
A estas controversias se suma el caso de Les Naus, la promoción de viviendas de protección pública situada en la Playa de San Juan de Alicante, cuyas adjudicaciones y adquisiciones están siendo investigadas judicialmente por posibles irregularidades.
El jueves 15 de octubre se conoció que la jueza había rechazado las solicitudes de archivo presentadas por las defensas de tres investigados. La magistrada considera prematuro cerrar la causa mientras quedan diligencias relevantes pendientes, entre ellas un informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Según la información publicada por Europa Press, en la causa figuran 18 personas investigadas. La resolución judicial no supone una declaración de culpabilidad, sino que determina que la investigación debe continuar para esclarecer los hechos y valorar las posibles responsabilidades.
La continuidad de las diligencias mantiene el asunto en el centro del debate político municipal. Las dudas sobre los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida y sobre los mecanismos de control de estas promociones han alimentado las exigencias de explicaciones por parte de la oposición.
La ciudadanía reclama claridad en la gestión de la vivienda
Los tres asuntos son distintos y se encuentran en situaciones diferentes. El sobrecoste de El Portón es objeto de una denuncia política sobre la documentación disponible; los precios de la calle Ceuta se conocen a partir de los cálculos difundidos por el PSOE tras la actualización del módulo autonómico; y Les Naus continúa bajo investigación judicial.
Sin embargo, todos ellos confluyen en una cuestión de interés público: la necesidad de que las decisiones relacionadas con la vivienda y el uso de recursos públicos puedan explicarse con claridad.
Alicante necesita ampliar su oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias que no pueden asumir los precios actuales. Pero también necesita transparencia en los expedientes, información comprensible sobre los costes de las obras y procedimientos de adjudicación que ofrezcan garantías.
La polémica no se resolverá únicamente con declaraciones cruzadas entre el gobierno municipal y la oposición. Para conocer qué ha ocurrido en cada caso hacen falta documentos, explicaciones y, cuando corresponda, las conclusiones de las investigaciones en marcha.
En una cuestión tan sensible como la vivienda, la confianza pública depende también de que las administraciones puedan justificar sus decisiones y demostrar que los recursos municipales se gestionan con todas las garantías.
