Les Naus sigue bajo investigación y la causa espera un informe clave de la UDEF
La jueza rechaza archivar las diligencias para tres personas investigadas, mientras las declaraciones de la cúpula de la cooperativa se aplazan a noviembre y la comisión parlamentaria queda suspendida sin nueva fecha.
La investigación judicial sobre las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en la Playa de San Juan de Alicante, continúa abierta. Por ahora, no hay una decisión que cierre la causa y la jueza considera que todavía quedan actuaciones relevantes por completar antes de valorar el conjunto de los hechos.
La última resolución conocida se hizo pública el 15 de octubre. La magistrada rechazó las peticiones de sobreseimiento libre presentadas por las defensas de tres de las 18 personas investigadas. Considera que sería prematuro archivar el procedimiento mientras sigan pendientes diligencias que pueden resultar importantes para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas destaca un informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que atribuye especial relevancia.
La investigación todavía tiene preguntas por resolver
La decisión judicial no supone una declaración de culpabilidad contra las personas investigadas. Lo que indica es que, a juicio de la magistrada, aún no se dispone de todos los elementos necesarios para decidir si los hechos pueden tener relevancia penal y si existen responsabilidades que deban exigirse.
El informe pendiente de la UDEF es una de las piezas que la jueza considera necesarias para avanzar en esa valoración. Hasta que se incorpore al procedimiento y se practiquen las diligencias que correspondan, no puede darse por concluida la investigación.
La causa analiza posibles irregularidades en la adjudicación y adquisición de viviendas protegidas en una promoción construida sobre suelo municipal en Alicante. Entre las personas investigadas hay responsables públicos, funcionarios y beneficiarios de inmuebles. La condición de investigado, conviene recordarlo, no equivale a una condena ni acredita por sí misma que se haya cometido un delito.
Las declaraciones de los responsables de la cooperativa, aplazadas
Otro de los asuntos pendientes afecta a la cúpula del consejo rector de la cooperativa promotora. Las declaraciones judiciales de su presidente, vicepresidenta y secretaria, que inicialmente estaban previstas para el 21 de octubre, fueron aplazadas al 9 de noviembre de 2026, a las 10.00 horas. La nueva fecha añade otra cita relevante al calendario de una instrucción que sigue en marcha.
Estas comparecencias forman parte del procedimiento judicial y no deben confundirse con las sesiones de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, que tiene un ámbito parlamentario y una finalidad diferente.
La comisión parlamentaria también queda en suspenso
En el terreno político, las comparecencias previstas en Les Corts para los días 20 y 22 de octubre han sido aplazadas sin una nueva fecha anunciada. La decisión se justificó con el argumento de evitar interferencias con las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Por tanto, esas sesiones no deben presentarse como actos que vayan a celebrarse en las fechas inicialmente previstas.
La suspensión parlamentaria no implica que se haya detenido la investigación judicial. Son vías distintas y el aplazamiento de las comparecencias en Les Corts no modifica, por sí mismo, las diligencias que debe practicar el juzgado.
Un caso pendiente de respuestas
A fecha de 19 de octubre, la información pública consultada no permite confirmar que el informe de la UDEF ya se haya incorporado a la causa ni que se haya dictado una nueva resolución judicial después de la decisión conocida el día 15. Tampoco permite asegurar si alguna defensa ha presentado recurso contra el rechazo del archivo.
La próxima fecha señalada en el calendario judicial es el 9 de noviembre, cuando están previstas las declaraciones de los tres representantes de la cooperativa. Mientras tanto, el procedimiento continúa abierto y la investigación sigue pendiente de actuaciones que la jueza considera necesarias.
En un asunto que afecta a viviendas protegidas y a la confianza de la ciudadanía en los procedimientos de adjudicación, lo importante es que se aclaren los hechos con pruebas y garantías. Las conclusiones deberán llegar de las actuaciones judiciales, no de las sospechas ni de las valoraciones políticas.
