Escándalo en Alicante por la adjudicación de pisos protegidos a políticos y técnicos municipales
Alicante, 3 de febrero de 2026.– La adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en la exclusiva zona de Playa de San Juan ha desatado una polémica social y política de gran envergadura tras confirmarse que varios cargos públicos y personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante consiguieron acceder a estos pisos destinados a familias con necesidad de vivienda asequible.
La controversia saltó cuando se hizo público que Rocío Gómez, concejala de Urbanismo y Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, junto con un arquitecto municipal y dos hijos de una alta funcionaria municipal, resultaron adjudicatarios de cuatro viviendas de protección pública en la promoción Residencial Les Naus, en La Condomina. Estas viviendas, valoradas en alrededor de 200 000 € y con precios muy por debajo del mercado, estaban pensadas para personas y familias con ingresos limitados, muchas de ellas en largas listas de espera.
La situación ha generado un fuerte rechazo ciudadano al evidenciarse una aparente falta de solidaridad de estos adjudicatarios, que para numerosas familias necesitadas suponen **una oportunidad perdida en un contexto de grave emergencia habitacional, con miles de solicitantes sin acceso a vivienda pública.**
La polémica ha escalado hasta provocar la dimisión de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien renunció a su cargo alegando que desea que la investigación pueda seguir sin interferencias. Asimismo, también dimitió la directora general de Organización Interna del Ayuntamiento, vinculada al caso por la adjudicación a familiares cercanos.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado la apertura de un expediente de investigación y ha señalado que el Ayuntamiento llevará el caso ante la Fiscalía para esclarecer cualquier posible irregularidad en el proceso de adjudicación de estas viviendas.
Ante la polémica, la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha iniciado una doble verificación del procedimiento de adjudicación para confirmar que no existieron manipulaciones, aunque ya se ha detectado la apertura de un expediente disciplinario con suspensión cautelar de empleo y sueldo a un funcionario por un conflicto de interés relacionado con una solicitante cercana.
Los grupos políticos de Compromís y PSPV-PSOE han solicitado que este caso se investigue en una comisión parlamentaria en Les Corts y han denunciado lo que califican como un presunto uso partidista de recursos públicos en detrimento de familias valencianas con necesidades reales de vivienda.
Este caso pone al descubierto la tensionada situación del acceso a vivienda protegida en Alicante, donde muchas familias esperan años para poder acceder a una vivienda pública, y abre un debate profundo sobre la transparencia, la gestión y los mecanismos de adjudicación de las VPO en un momento en que la crisis de la vivienda sigue siendo una de las preocupaciones sociales más acuciantes
