España publica 153 documentos del 23 F y aporta nueva luz histórica sin alterar la versión oficial
El Gobierno de España ha habilitado para consulta pública 153 documentos clasificados sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, accesibles desde ayer a través de la web institucional de La Moncloa, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la orden de desclasificación acordada en el Consejo de Ministros.
La desclasificación responde a la decisión del Ejecutivo de “saldar un deuda histórica con la ciudadanía”, en palabras de Pedro Sánchez, y permite consultar documentación que ha estado bajo secreto durante más de 45 años.
Los documentos provienen de los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, e incluyen transcripciones de conversaciones, informes de inteligencia y notas internas. Entre los materiales publicados figuran transcripciones de diálogos telefónicos entre el golpista Antonio Tejero desde el interior del Congreso de los Diputados y Juan García Carrés, el único civil condenado por el asalto; conversaciones de unidades militares durante las horas del asedio; así como notas del antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) elaboradas antes y tras los hechos de 1981.
Una de las aportaciones más comentadas de los documentos es la reconstrucción cronológica de las actuaciones del rey Juan Carlos I durante la crisis, que, sin desmentir la narración tradicional, agrega detalles sobre los tiempos de contacto con mandos militares, la negativa del monarca a que el general Armada acudiera a Zarzuela, y el momento en que se decidió emitir el mensaje televisado al país para rechazar el golpe.
Además de los diálogos y las notas del CESID, los archivos recogen información sobre la planificación preliminar del golpe en 1980, documentos manuscritos hallados en domicilios de implicados y comunicaciones internas de la Guardia Civil. No obstante, la documentación no incluye grabaciones de audio, solo transcripciones escritas de las conversaciones halladas.
Otra de las revelaciones presentes en este conjunto documental son notas policiales sobre campañas de apoyo económico a las familias de los implicados y la presencia de informes que muestran cómo la calma institucional en ciertas regiones contrastó con la tensión política general del momento.
Pese al volumen de información aportado, historiadores y analistas coinciden en recalcar que no se han encontrado datos que contradigan los hechos ya conocidos de manera general, si bien las piezas recién puestas a disposición pública enriquecen el contexto histórico y permiten matizar algunos aspectos de la narrativa oficial.
El acceso a estos 153 documentos —que pueden ser consultados libremente por investigadores, periodistas y ciudadanos— supone uno de los pasos más significativos en materia de transparencia y memoria democrática sobre uno de los episodios más relevantes de la historia reciente de España.
