Polémica en Alicante por adjudicaciones de viviendas protegidas a políticos y técnicos municipales
La noticia ha generado una fuerte indignación social y un intenso debate político en Alicante: varias viviendas de protección pública construidas recientemente en la zona de Playa de San Juan / La Condomina han sido adjudicadas a cargos municipales, técnicos del Ayuntamiento y familiares vinculados, lo que ha provocado una polémica que sigue creciendo en la ciudad.
Lo que había sido presentado como un proyecto de vivienda asequible, que respondía a la necesidad de dar respuesta a quienes más lo necesitan, se ha convertido en un caso de enorme repercusión. Entre los adjudicatarios figuran la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, un arquitecto municipal y hijos y sobrinos de altos cargos municipales, lo que ha provocado críticas por el presunto uso de información privilegiada o influencia para acceder a estos pisos.
La concejala afectada decidió presentar su dimisión al saberse que figuraba como adjudicataria de una de estas viviendas. Otras figuras del Ayuntamiento también han renunciado a sus cargos en medio del escándalo, una señal de la fuerte presión política y social que esta situación ha desencadenado en Alicante.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha admitido que se trata de un “escándalo indignante” y ha anunciado la apertura de un expediente de investigación interna y la remisión de los hechos a la Fiscalía Provincial de Alicante para que se esclarezca si existieron irregularidades en el proceso de adjudicación. Desde el consistorio han señalado que algunos adjudicatarios mantenían vínculos de parentesco o profesionales con personas que pudieron estar relacionadas con el procedimiento de concesión de estas viviendas.
La polémica ha cruzado además las líneas partidistas. La oposición en el Ayuntamiento, compuesta por partidos como PSPV-PSOE y Compromís, ha exigido respuestas, ha pedido la celebración de un pleno monográfico y ha elevado el caso a instancias autonómicas y judiciales, reclamando una comisión de investigación en Les Corts Valencianas para arrojar luz sobre lo que ha ocurrido con estas adjudicaciones.
Este episodio se produce en un momento en el que la ciudad, como muchas otras en España, afronta una grave crisis de vivienda, donde miles de familias esperan durante años para poder acceder a una vivienda protegida y los precios de alquiler y compra siguen al alza. La sensación de injusticia se ha intensificado entre la ciudadanía, que observa con preocupación cómo estos recursos, destinados originalmente a quienes más lo necesitan, acabaron en manos de personas vinculadas al propio entorno político que gestiona la política de vivienda.
Las investigaciones abiertas y la presión social han colocado este caso en el centro del debate público sobre la transparencia en la administración y el acceso justo a la vivienda pública, algo que desde diferentes sectores políticos y sociales exigen sea garantizado y protegido con mecanismos más estrictos de supervisión.
