El Congreso tumba el decreto de pensiones y el Gobierno reafirma el compromiso con el poder adquisitivo de los jubilados

Tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del real decreto-ley que recogía la revalorización de las pensiones en 2026, el Gobierno de España ha reiterado su compromiso con la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas y ha avanzado las medidas a aplicar para proteger el ingreso de millones de personas que dependen de estas prestaciones públicas. El voto en contra de los principales grupos de la oposición ha generado incertidumbre política, pero fuentes del Ejecutivo señalan que las subidas previstas no quedarán en el aire.

La norma que se debatió en el pleno del Congreso contemplaba, entre otras medidas sociales, la revalorización de pensiones en torno al 2,7 % en 2026, conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Esta fórmula, establecida por la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, busca precisamente evitar que la inflación erosione el valor real de las jubilaciones y demás prestaciones.

¿Por qué se rechazó el decreto?

El rechazo al decreto ha sido calificado por representantes de la izquierda parlamentaria como una “irresponsabilidad política y social” por parte de los partidos que votaron en contra, argumentando que la decisión pone en duda la seguridad de la subida y de otras medidas sociales vinculadas al escudo social.

Grupos de la oposición, como el Partido Popular y otros partidos de centro-derecha, han expresado su desacuerdo con la forma de presentar la norma, defendiendo que las subidas de pensiones deben aprobarse de manera separada de otras iniciativas sociales o económicas.

El Gobierno insiste en la revalorización conforme al IPC

A pesar del revés parlamentario, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que la revalorización de las pensiones se encuentra ya contemplada en la legislación vigente y que la intención del Ejecutivo es mantenerla y aplicarla con efecto desde el 1 de enero de 2026. Según los datos facilitados por el departamento, más de 10,4 millones de pensiones contributivas y otras prestaciones del sistema están sujetas a esta actualización.

El propio decreto rechazado recogía cifras concretas basadas en la aplicación automática del IPC, indicando que una pensión media de jubilación podría ver un aumento anual de alrededor de 570 € adicionales, en términos globales, gracias a esta subida.

Refuerzo para pensiones mínimas y de no contributivas

Además de la revalorización general, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2025 —antes de que el decreto fuera rechazado— incluían incrementos más significativos para pensiones mínimas y no contributivas, con subidas de más del 7 % y 11,4 % respectivamente para algunas categorías de pensiones. Este componente busca reforzar el poder adquisitivo de los colectivos con menores ingresos.

Las pensiones mínimas para personas mayores o en situación de dependencia, así como los complementos asociados al Ingreso Mínimo Vital (IMV), estaban también entre las prestaciones con ajustes superiores a la media con el objetivo de proteger a quienes más lo necesitan.

Qué puede pasar ahora

Ante el rechazo parlamentario, el Ejecutivo baraja varias opciones:

• Reformular el decreto y volver a presentarlo en el Congreso, posiblemente con ajustes que permitan su respaldo mayoritario. Esta estrategia se utilizó en años anteriores cuando también se enfrentaron a obstáculos políticos para aprobar medidas sociales importantes.

• Separar la revalorización de pensiones de otras medidas sociales para facilitar su aprobación por unanimidad o con apoyos más amplios.

• Garantizar, mediante decisiones administrativas o acuerdos técnicos con grupos parlamentarios, que la aplicación del 2,7 % de revalorización automática en 2026 se mantenga incluso si el decreto en su conjunto no prospera.

Fuentes del Gobierno han subrayado que el marco legal vigente garantiza el poder adquisitivo de las pensiones, por lo que la intención del Ejecutivo es que la inflación no termine por erosionar las cantidades percibidas por los pensionistas durante 2026.