Vox pide al PP que apoye la activación del artículo 102 para exigir responsabilidades a Sánchez
La formación de Santiago Abascal plantea recurrir al procedimiento constitucional para exigir responsabilidad penal al presidente del Gobierno por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, aunque la iniciativa necesita primero 88 firmas y después 176 votos en el Congreso
Vox ha planteado al Partido Popular que respalde la activación del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a otros miembros del Ejecutivo en relación con la crisis migratoria registrada en Ceuta.
La propuesta fue anunciada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien sostiene que existen elementos que, a su juicio, justificarían examinar posibles responsabilidades por delitos de traición o contra la seguridad del Estado. Entre los argumentos expuestos por el dirigente de Vox figura la acusación de que el Gobierno habría tenido conocimiento previo de la llegada masiva de personas a Ceuta y no habría actuado para impedirla. El Ejecutivo niega estas acusaciones.
La iniciativa ha abierto un nuevo frente de confrontación política entre Vox y el Gobierno y coloca al PP ante la disyuntiva de respaldar o no una propuesta que tendría que superar importantes obstáculos parlamentarios antes de que pudiera llegar al Tribunal Supremo.
Qué establece realmente el artículo 102
El artículo 102 de la Constitución establece un procedimiento específico para exigir responsabilidad criminal al presidente del Gobierno y a los demás miembros del Ejecutivo.
El texto constitucional señala que esa responsabilidad será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando la acusación se refiera a delitos de traición o a delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de las funciones gubernamentales, la iniciativa debe partir del Congreso de los Diputados.
La Constitución establece dos requisitos parlamentarios especialmente relevantes. La acusación debe ser planteada por una cuarta parte de los miembros del Congreso, lo que en una Cámara de 350 diputados supone 88 parlamentarios, y posteriormente debe ser aprobada por mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos.
Por tanto, disponer de 88 firmas no supondría automáticamente que Pedro Sánchez pasara a estar procesado. Esa cifra permitiría presentar la iniciativa, pero sería necesaria después la mayoría absoluta de la Cámara.
Vox necesita al PP para poner en marcha la iniciativa
La aritmética parlamentaria constituye uno de los principales obstáculos para la propuesta.
El Congreso cuenta actualmente con 137 diputados del Partido Popular y 33 integrantes del grupo de Vox, según la composición parlamentaria publicada por la Cámara y la relación de diputados de la propia formación de Abascal.
Vox, por sí solo, no alcanza los 88 diputados necesarios para presentar la acusación. De ahí que Abascal haya dirigido su petición al PP y al resto de formaciones parlamentarias.
Incluso una eventual suma de los diputados del PP y Vox alcanzaría 170 escaños, seis menos que los 176 necesarios para que el Congreso aprobara posteriormente la iniciativa. Esto significa que, además de las firmas necesarias para plantearla, sería imprescindible conseguir apoyos parlamentarios adicionales para superar la votación por mayoría absoluta.
Una propuesta vinculada a la crisis de Ceuta
La ofensiva de Vox está relacionada con la crisis migratoria de Ceuta y con las críticas que la formación viene dirigiendo al Gobierno por su actuación ante la llegada masiva de personas a la ciudad autónoma.
Abascal ha sostenido que el Ejecutivo conocía previamente la situación y ha reclamado que se investiguen posibles responsabilidades. Sin embargo, estas afirmaciones forman parte de la argumentación política de Vox y no equivalen a una conclusión judicial ni acreditan por sí mismas la existencia de un delito.
Precisamente uno de los aspectos fundamentales del procedimiento previsto en el artículo 102 es que la eventual responsabilidad penal debe determinarse mediante las garantías propias de un procedimiento judicial. La Constitución reserva la competencia a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando se dan las condiciones previstas en el precepto.
El PP todavía resulta determinante
La propuesta coloca al Partido Popular en una posición relevante. Sin el respaldo de diputados populares, Vox no puede alcanzar por sí solo las 88 firmas necesarias para presentar la iniciativa.
Pero el eventual apoyo del PP tampoco resolvería por sí mismo el segundo requisito constitucional. Los dos grupos sumarían 170 diputados, por lo que necesitarían al menos otros seis votos para alcanzar la mayoría absoluta de 176.
La cuestión, por tanto, no se limita a decidir si el PP respalda la iniciativa de Vox. También sería necesario conocer qué otras formaciones estarían dispuestas a apoyar una acusación de estas características contra el presidente del Gobierno.
Un procedimiento excepcional
El artículo 102 forma parte del sistema constitucional de responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno y establece unas condiciones específicas para los delitos de traición y contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La utilización de este mecanismo sería extraordinaria. De acuerdo con la información publicada sobre la propuesta de Vox, el procedimiento previsto en este artículo no se ha utilizado hasta ahora para procesar a un presidente del Gobierno mediante esta vía.
Por ahora, lo que existe es una iniciativa política anunciada por Vox, que necesita superar primero los requisitos parlamentarios establecidos por la Constitución. No existe, por tanto, una investigación judicial abierta contra Pedro Sánchez derivada de esta propuesta.
El debate queda ahora situado en el terreno parlamentario. Vox reclama al PP que se sume a su iniciativa, mientras que la mayoría necesaria para llevarla adelante obligaría a buscar también apoyos entre otras fuerzas políticas representadas en el Congreso.
La evolución de la propuesta dependerá, en consecuencia, de si Vox consigue reunir las 88 firmas requeridas y, posteriormente, de si logra alcanzar los 176 votos que exige la Constitución para que pueda continuar el procedimiento.
