El subarriendo de habitaciones refleja el deterioro del acceso a una vivienda digna
Cáritas advierte de que compartir una habitación puede dejar de ser una solución provisional y convertirse en una situación prolongada de exclusión residencial
Pagar un alquiler completo está fuera del alcance de algunas personas incluso cuando tienen ingresos. Para ellas, alquilar una habitación o compartir vivienda no siempre responde a una preferencia: puede ser la única manera de evitar quedarse sin un lugar donde vivir.
Cáritas alerta de que el subarriendo de habitaciones se ha convertido en una estrategia de supervivencia para quienes encuentran cerrada la puerta del mercado residencial. La fórmula permite, en algunos casos, reducir el gasto mensual, pero también puede dejar a sus ocupantes en una situación de gran fragilidad, especialmente cuando carecen de contrato o de garantías para permanecer en la vivienda.
El fenómeno pone de relieve una dimensión menos visible de la crisis habitacional. No todas las personas que sufren exclusión residencial duermen en la calle. Algunas tienen un techo, pero viven en espacios reducidos, con escasa intimidad y sin la estabilidad necesaria para organizar su vida a medio plazo.
De alternativa temporal a una realidad prolongada
El informe Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social, publicado en febrero de 2025 por Cáritas Diocesana de Barcelona y el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, estudia esta realidad en Cataluña. Sus conclusiones describen cómo vivir en una habitación ha pasado, para parte de la población vulnerable, de ser una solución transitoria a convertirse en una situación prolongada.
Entre los factores que agravan el problema figuran el encarecimiento de la vivienda, la dificultad para acceder a un alquiler adecuado y la falta de recursos económicos para afrontar los gastos de un hogar independiente. El informe presta atención a personas jóvenes, migrantes y familias monoparentales, colectivos que pueden encontrar obstáculos añadidos para acceder a una vivienda estable.
La precariedad no se limita al espacio disponible. La ausencia de un contrato puede traducirse en inseguridad jurídica, mientras que la convivencia forzada y la falta de privacidad pueden afectar al bienestar de quienes comparten vivienda. En los hogares con menores, disponer de un lugar adecuado para descansar, estudiar y mantener una rutina resulta especialmente importante.
Los datos muestran la dimensión del problema
En noviembre de 2023, Cáritas informó de que el subarriendo de habitaciones alcanzaba al 6,6 % de los hogares españoles en 2022, más de 1,2 millones, según los datos recogidos en su análisis sobre vivienda y exclusión. La cifra corresponde a ese año y no debe interpretarse como una medición actual, pero permite dimensionar la extensión que ya tenía esta fórmula.
Por su parte, los datos nacionales de la encuesta EINSFOESSA 2024, recogidos en un informe de Cáritas sobre exclusión y desarrollo social, identifican los subarriendos y alquileres de habitaciones entre las situaciones residenciales con mayor presencia de hogares en pobreza severa. El documento advierte también de que compartir vivienda no garantiza por sí mismo un precio asequible, ya que el aumento de la demanda de habitaciones puede encarecer esta opción.
La respuesta no puede limitarse a encontrar una habitación
El reto consiste en que las personas puedan acceder a una vivienda adecuada sin que el coste comprometa el resto de sus necesidades básicas. En el informe elaborado junto a Esade, Cáritas plantea medidas como ampliar el parque de vivienda pública, reforzar las políticas de acceso residencial y proteger derechos básicos de quienes viven en habitaciones, incluido el empadronamiento cuando corresponda.
El subarriendo permite a algunas personas resolver una necesidad inmediata, pero no siempre ofrece las condiciones para construir un proyecto de vida estable. Tener un techo es esencial; poder conservarlo, vivir con seguridad y contar con un espacio digno también forma parte del derecho a una vivienda adecuada.
