DE TIKTOK A LOS DISTURBIOS | La Violencia Callejera se Extiende por Europa y Pone a España ante una nueva “Amenaza de Movilización Digital”
Los altercados de Barcelona, los llamamientos al saqueo difundidos en grupos privados y las nuevas convocatorias previstas para Halloween evidencian los riesgos de unas movilizaciones que pueden comenzar con reivindicaciones sociales y terminar en ataques contra comercios, mobiliario urbano y fuerzas de seguridad.
La violencia callejera que ha sacudido distintas ciudades europeas ha dejado de ser un fenómeno que pueda analizarse exclusivamente desde el ámbito del orden público. La expansión de las convocatorias digitales, la captación de participantes a través de redes sociales y la utilización de grupos privados para coordinar acciones violentas han abierto un nuevo escenario para las fuerzas de seguridad. España ha vivido ya un episodio especialmente grave en Barcelona y afronta nuevas llamadas a la movilización para el 31 de octubre, coincidiendo con Halloween.
La principal preocupación no reside en la existencia de manifestaciones, un derecho fundamental en una sociedad democrática, sino en la aparición de convocatorias en las que determinados participantes promueven robos, saqueos, incendios, daños a bienes públicos y privados y enfrentamientos con la policía. Cuando estos comportamientos se planifican de antemano, la concentración deja de ser únicamente una protesta para convertirse en un posible escenario de delincuencia organizada entre grupos, aunque todavía no se haya acreditado la existencia de una dirección centralizada detrás de todas estas iniciativas.
La información publicada entre el 25 y el 27 de octubre por RTVE, EFE Verifica, Newtral, Maldita.es y otros medios aporta indicios concretos sobre el funcionamiento de estas redes, los daños registrados en Barcelona y la expansión de las convocatorias a otras localidades españolas y europeas. Sin embargo, es necesario distinguir entre los hechos constatados, las investigaciones todavía abiertas y las hipótesis sobre quién puede estar detrás de las movilizaciones.
Barcelona, el precedente más grave de la nueva oleada
El sábado 24 de octubre, el centro de Barcelona se convirtió en el principal ejemplo de cómo una convocatoria difundida por internet puede desembocar en una sucesión de actos violentos. Lo que se presentaba públicamente como una protesta relacionada con la calidad de la educación y las condiciones de los centros escolares terminó derivando en vandalismo, robos en establecimientos comerciales, incendios y enfrentamientos con los agentes.
Los datos publicados inicialmente por los medios situaron en 128 el número de detenidos por los Mossos d’Esquadra, de los cuales 72 eran menores de edad. Las informaciones difundidas posteriormente elevaron la cifra hasta aproximadamente 130 detenidos. También se informó de 23 comercios vandalizados y 33 incendios, además de 14 policías heridos, algunos de ellos de gravedad.
Las cifras reflejan la dimensión de unos altercados que sorprendieron por su intensidad y por la juventud de muchos de los participantes. Según las informaciones policiales recogidas por la prensa, la convocatoria había sido seguida y monitorizada en las redes, pero la magnitud de los disturbios superó las previsiones iniciales.
Otro elemento relevante es que la investigación no se centra únicamente en identificar a quienes participaron materialmente en los destrozos, sino también en determinar quién difundió los llamamientos, quién impulsó los grupos de coordinación y si existió una planificación previa de los saqueos.
La distinción es importante: detener a quienes cometen delitos durante los disturbios no resuelve por sí solo el problema de las redes que pueden volver a convocar a otros participantes pocos días después.
TikTok como escaparate, Telegram y WhatsApp como espacios de coordinación
Uno de los aspectos más preocupantes de esta nueva oleada es el procedimiento utilizado para movilizar a los participantes. Las investigaciones periodísticas han identificado un sistema de difusión en varias fases que permite alcanzar a miles de usuarios sin necesidad de que exista una organización formal conocida.
El primer paso consiste en publicar carteles y vídeos en plataformas abiertas, especialmente TikTok. Bajo lemas relacionados con la educación, la vivienda, el descontento juvenil o las reivindicaciones sociales, se invita a los usuarios a participar en concentraciones. Los contenidos incluyen códigos QR, enlaces de invitación o instrucciones para contactar por mensaje privado.
A partir de ahí, parte de los interesados es conducida a grupos cerrados de WhatsApp y Telegram. Es en estos espacios donde, según las investigaciones publicadas, aparecen mensajes que van mucho más allá de la convocatoria de una protesta: se habla de establecimientos a los que entrar, productos que sustraer, vestimenta para ocultar la identidad y materiales destinados a provocar daños o enfrentarse a la policía.
RTVE y otros medios han documentado mensajes de esta naturaleza en grupos relacionados con las convocatorias de Barcelona y Madrid. EFE Verifica ha informado también de conversaciones en las que se proponía seleccionar comercios para saquearlos en Valencia.
Este procedimiento permite separar la apariencia pública de la convocatoria de las intenciones expresadas en determinados grupos privados. Un cartel puede presentar una concentración como una protesta por la educación pública mientras que algunos participantes debaten, en canales restringidos, cómo aprovecharla para cometer robos.
Eso no significa que todos los convocantes ni todos los asistentes compartan esos objetivos. Precisamente, uno de los problemas que deben afrontar las autoridades es determinar qué cuentas promueven una protesta legítima, cuáles difunden contenido engañoso y cuáles incitan deliberadamente a cometer delitos.
Telegram cierra dos grupos, pero aparecen nuevas versiones
La capacidad de estas redes para regenerarse después de una intervención policial constituye otro de los elementos más significativos del caso.
El 27 de octubre, El País informó de que Telegram había cerrado al menos dos grupos relacionados con Blocus en los que se alentaban robos y saqueos en Barcelona. Los Mossos d’Esquadra habían recurrido al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, para tramitar la retirada de los contenidos.
Uno de los canales señalados, denominado BLOCUS-BCN, superaba el millar de seguidores y contenía mensajes que promovían el asalto a establecimientos comerciales. Tras popularizarse el enlace, sus responsables llegaron a presentar el grupo como una iniciativa pacífica, según la información publicada.
El canal fue clausurado, pero apareció una segunda versión, Blocus-Bcn-2, que alcanzó más de 2.000 usuarios en pocas horas. También fue cerrada. En el momento de publicarse la información, los investigadores habían solicitado la retirada de una tercera cuenta que continuaba activa.
El episodio demuestra las limitaciones de una estrategia basada exclusivamente en eliminar perfiles concretos. Si los administradores pueden crear nuevos canales, cambiar sus nombres o trasladar a los participantes a otras plataformas, la intervención requiere también identificar a los responsables, conservar pruebas y analizar los vínculos entre las cuentas.
La actuación del CITCO y de los Mossos resulta especialmente relevante porque incorpora una vía institucional para solicitar la retirada de contenidos ilícitos. No obstante, el cierre de grupos no equivale a la desarticulación de una organización ni permite afirmar que todos los canales vinculados a las convocatorias estén controlados por las mismas personas.
Una red de cuentas efímeras y una posible estrategia de amplificación
Los análisis publicados apuntan a que Blocus no funciona necesariamente como una organización convencional, con dirigentes identificados, afiliados y una estructura estable. Los investigadores describen un conjunto de perfiles que aparecen, cambian de nombre, difunden convocatorias y, en ocasiones, desaparecen después de que sus actividades adquieren notoriedad.
El análisis de Golden Owl, difundido por El País y elDiario.es, ha identificado actividad relacionada con estas convocatorias en 18 localidades de 11 comunidades autónomas. La investigación examinó más de 10.000 elementos digitales y detectó indicios de captación, coordinación y difusión en varias plataformas.
Según esos trabajos, las cuentas pueden reutilizarse para distintas ciudades y fechas, mientras que los grupos privados sirven para ampliar la movilización y trasladar instrucciones a los participantes. En paralelo, los vídeos de los disturbios se difunden rápidamente, lo que aumenta la visibilidad de la convocatoria y puede animar a otras personas a imitar lo sucedido.
Los expertos consultados advierten de que esta mecánica puede generar un efecto multiplicador: un número reducido de usuarios impulsa los mensajes iniciales, otros los reproducen y los vídeos de los incidentes proporcionan una segunda ola de difusión.
Sin embargo, hay un límite que debe respetarse al interpretar los datos. La existencia de patrones comunes, cuentas relacionadas o carteles de apariencia similar no demuestra por sí sola que exista una dirección extranjera, una estructura criminal única o un mando centralizado. La identidad de los principales operadores y el grado de coordinación siguen siendo cuestiones que deben esclarecerse mediante la investigación.
La respuesta policial, por tanto, no puede limitarse a atribuir todos los incidentes a una etiqueta política. Debe distinguir entre quienes ejercen el derecho de manifestación, quienes participan en actos violentos y quienes organizan o incitan a cometer delitos.
País Vasco, Bilbao y Vitoria, bajo la atención de las autoridades
El País Vasco también aparece en el mapa de las convocatorias difundidas bajo la marca Blocus. Los análisis publicados han señalado llamamientos relacionados con Bilbao y Vitoria-Gasteiz, además de referencias a Donostia-San Sebastián en el conjunto de localidades donde se ha detectado actividad vinculada a esta red.
En Bilbao se han difundido convocatorias para el 31 de octubre, mientras que el informe recogido por El País también menciona llamamientos anteriores para los días 24 y 26 de octubre. La existencia de estas publicaciones obliga a seguir su evolución, aunque no debe confundirse automáticamente una convocatoria digital con la certeza de que se produzcan disturbios.
Además, los altercados registrados en Bilbao el 26 de octubre en el contexto de la visita del activista Vito Quiles constituyen un episodio distinto que requiere su propio análisis. La información publicada por El País sitúa en alrededor de una veintena las personas detenidas en aquellos incidentes, en los que se informó de incendios de vehículos y asaltos a comercios.
La coincidencia temporal entre diferentes episodios de violencia puede contribuir a crear un clima de tensión, pero no acredita por sí misma que todos respondan a una misma organización o compartan los mismos objetivos.
La cuestión de fondo es si las redes que impulsan las convocatorias de Halloween consiguen trasladar a las calles vascas el patrón observado en Barcelona. La vigilancia de los mensajes públicos, la cooperación policial y la prevención de ataques a establecimientos resultan esenciales, sin criminalizar por ello las manifestaciones pacíficas ni a los ciudadanos que no participan en actos violentos.
Cataluña, Madrid y otras comunidades, una expansión que supera el ámbito local
Cataluña continúa siendo el principal foco de atención tras los sucesos del 24 de octubre, pero las convocatorias no se limitan a Barcelona.
Los análisis publicados por EFE Verifica y Newtral han detectado llamamientos para el 31 de octubre en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Almería, Algeciras y San Pedro de Alcántara, entre otras localidades. Los informes sobre la red amplían el mapa a otras ciudades y comunidades, entre ellas Andalucía, Aragón, Galicia, Cantabria, Navarra y la Comunidad Valenciana.
La presencia de estas ciudades en los carteles o en los grupos digitales no significa que en todas ellas se hayan producido incidentes ni que todas las convocatorias tengan idéntico contenido. En algunos casos se han difundido mensajes pacíficos; en otros, los investigadores han localizado referencias expresas a robos, saqueos o enfrentamientos.
Madrid ofrece un ejemplo de esa diferencia entre convocatoria y resultado. Según la información publicada, se difundió una movilización que aspiraba a reproducir los disturbios de Barcelona, pero no llegó a producirse allí una réplica de la misma magnitud el 24 de octubre.
En la Comunidad Valenciana, EFE Verifica ha señalado mensajes vinculados a una convocatoria en Valencia en los que se planteaba qué comercios asaltar. También se han identificado referencias a Alicante y Elche en el conjunto de cuentas y grupos asociados al fenómeno, aunque eso no basta para asegurar que en ambas ciudades vaya a producirse una acción violenta.
La difusión territorial es relevante porque dificulta anticipar dónde puede concentrarse el riesgo. Un mismo mensaje puede compartirse en numerosas ciudades, pero la asistencia real depende de factores locales, de la actuación preventiva de las autoridades y de la propia evolución de los grupos.
Halloween el 31 de octubre, las convocatorias que deben seguirse
La próxima fecha especialmente sensible es el sábado 31 de octubre de 2026. La coincidencia con Halloween añade un componente que preocupa a los investigadores: la posibilidad de que algunos participantes aprovechen la presencia de disfraces, ropa oscura y concentraciones juveniles para dificultar su identificación.
Las convocatorias difundidas en redes sociales presentan horarios y lugares distintos, por lo que no existe una única cita homogénea que pueda considerarse confirmada para todas las ciudades.
Qué se ha publicado sobre el 31 de octubre
Datos recogidos por medios de verificación entre el 25 y el 27 de octubre de 2026. Son convocatorias difundidas en redes, no concentraciones oficiales confirmadas.
Barcelona
Se han difundido llamamientos para la plaza de Cataluña y el paseo de Gràcia, con referencias a las 17:00 y las 20:00 horas, respectivamente.
Madrid
Los carteles no coinciden en los horarios: algunos mencionan la Puerta del Sol desde las 17:00 y otros la plaza de España a las 18:00 o las 19:00 horas.
Bilbao y otras ciudades
Se han localizado llamamientos relacionados con Bilbao, Valencia, Almería, Algeciras y San Pedro de Alcántara, además de otras localidades españolas.
La multiplicidad de carteles y horarios impide tratar estas referencias como un programa único. Las autoridades deben confirmar cualquier incidencia y la evolución de cada convocatoria.
Estas referencias proceden de las investigaciones publicadas por Newtral y EFE Verifica. La primera identificó alrededor de 70 cuentas de TikTok que promocionaban o amplificaban la convocatoria del 31 de octubre. También observó discrepancias entre los horarios difundidos y cambios recientes en los nombres de numerosos perfiles.
La estética de los carteles incluye imágenes de calles en llamas, barricadas y mensajes que presentan las movilizaciones como una supuesta revuelta generacional.
Algunos utilizan referencias visuales a Halloween. En los grupos privados se han observado mensajes que invitan a acudir disfrazados, mientras que otros contenidos promueven expresamente la calma y rechazan los daños.
Por ello, no sería correcto atribuir intenciones violentas a todos los participantes que acudan a una concentración anunciada bajo esa marca. Lo determinante es el contenido concreto de cada convocatoria y la existencia de pruebas de incitación a delinquir.
El 2 y el 30 de noviembre, las siguientes fechas señaladas
Halloween no es la única fecha que aparece en las investigaciones sobre la red. La información publicada por El País el 27 de octubre recoge también convocatorias o referencias a movilizaciones para los días 2 y 30 de noviembre.
En paralelo, EFE Verifica ha detectado llamamientos relacionados con el 31 de octubre en varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. Maldita.es ha ampliado el análisis y ha identificado convocatorias en al menos nueve países europeos, contando España, con mensajes que presentan diferencias importantes en sus reivindicaciones y en el grado de permisividad hacia la violencia.
Algunas iniciativas europeas se anuncian como protestas por la educación, la sanidad, el coste de la vida o los recortes sociales. Otras publicaciones emplean consignas más agresivas y, en determinados casos, animan directamente a cometer actos vandálicos.
Esta diversidad hace necesario evitar una conclusión precipitada: que las convocatorias compartan estética o fecha no demuestra que todos sus promotores formen parte de una misma estructura. Sí justifica, en cambio, examinar si existe coordinación entre cuentas, si se reutilizan los mismos recursos gráficos y si los mensajes privados contienen instrucciones para cometer delitos.
De las protestas francesas a España, el riesgo de la imitación
Los análisis publicados sitúan parte de la inspiración de Blocus en las movilizaciones juveniles registradas en Francia, relacionadas con reivindicaciones educativas y con episodios posteriores de disturbios.
El término blocus hace referencia al bloqueo de centros escolares en el contexto de las protestas estudiantiles francesas. La marca se ha utilizado en España para presentar convocatorias que apelan a la calidad de la enseñanza y al descontento de los jóvenes.
La preocupación surge cuando el discurso reivindicativo se combina con mensajes que animan a asaltar comercios o a enfrentarse a las fuerzas de seguridad. En ese punto, el contenido deja de ser una mera expresión de malestar y pasa a constituir un posible instrumento de captación para comportamientos delictivos.
La difusión de vídeos de saqueos y enfrentamientos también puede favorecer la imitación. Los episodios violentos generan atención, se comparten con rapidez y pueden ofrecer a otros grupos una referencia sobre cómo organizar nuevas concentraciones.
No obstante, la relación entre los incidentes franceses y los españoles debe formularse con rigor. La semejanza del método y la utilización de una misma marca no demuestran, por sí solas, una dirección internacional común. Los investigadores consultados por los medios han advertido de que no se ha acreditado una dirección extranjera de los disturbios de Barcelona ni se ha identificado públicamente a los principales operadores.
El coste de la violencia son comercios, servicios públicos y ciudadanos
Más allá de las motivaciones de quienes participan en estas acciones, sus consecuencias recaen sobre ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en los conflictos que originan las convocatorias.
Los comercios saqueados deben afrontar pérdidas económicas, daños materiales y posibles interrupciones de su actividad. Los trabajadores pueden verse expuestos a situaciones de riesgo, mientras que los clientes pueden quedar atrapados en establecimientos obligados a cerrar sus accesos durante los disturbios.
El mobiliario urbano, los vehículos y otros bienes públicos también pueden sufrir daños cuya reparación acaba repercutiendo sobre el conjunto de la población. Los incendios, además, obligan a movilizar recursos de emergencia y pueden poner en peligro a personas que se encuentran en las proximidades.
La violencia contra los agentes añade otro coste humano y operativo. Los policías deben intervenir en escenarios en los que la identificación de los responsables puede resultar complicada por la presencia de grupos numerosos, rostros cubiertos y desplazamientos rápidos.
En Barcelona, los datos publicados sobre los altercados del 24 de octubre, decenas de comercios afectados, 33 incendios y agentes heridos, muestran que no se trató únicamente de una disputa entre manifestantes y fuerzas de seguridad, sino de un episodio con consecuencias para la actividad comercial y la seguridad urbana.
Menores de edad, redes sociales y responsabilidad penal
La elevada presencia de menores entre los detenidos en Barcelona introduce otra cuestión que merece atención. Según los datos publicados el 25 de octubre, 72 de los 128 detenidos inicialmente eran menores de edad.
La juventud de muchos participantes plantea interrogantes sobre los mecanismos de captación digital, la influencia de los grupos cerrados y la facilidad con la que algunos usuarios pueden pasar de compartir un vídeo a participar en una acción delictiva.
También exige precisión jurídica. En España, los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal conforme a la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aunque pueden activarse medidas de protección y actuaciones de otros ámbitos. Entre los 14 y los 17 años se aplica el régimen específico de responsabilidad penal juvenil. Los mayores de edad responden conforme al régimen penal general.
La edad, por tanto, no convierte automáticamente a todos los participantes en responsables penales ni exime a todos de responsabilidad. Cada caso requiere valorar los hechos, la edad, la participación individual y las pruebas disponibles.
La prevención debe incorporar también a las familias, los centros educativos y las plataformas digitales. Detectar mensajes que incitan al saqueo, explicar las consecuencias de participar en disturbios y evitar que los menores se incorporen a grupos que promueven delitos son medidas tan importantes como la respuesta policial posterior.
El desafío policial es anticiparse sin criminalizar la protesta
La actuación de las fuerzas de seguridad se enfrenta a una dificultad evidente: distinguir entre una convocatoria legítima y otra que se utiliza como cobertura para cometer delitos.
Una estrategia eficaz requiere monitorizar los mensajes públicos, analizar las pruebas que aporten los grupos privados cuando se obtengan legalmente, coordinar a las policías de distintas comunidades y cooperar con las plataformas para retirar contenidos ilícitos. También exige preservar las pruebas digitales necesarias para identificar a los administradores y determinar si hubo planificación previa.
En el caso de Telegram, el cierre de dos grupos vinculados a Blocus y la aparición de nuevas versiones muestran que la retirada de contenidos puede frenar una vía de difusión, pero no garantiza que los promotores abandonen su actividad.
La cooperación entre los Mossos d’Esquadra, el CITCO y las plataformas constituye una de las herramientas disponibles. A ello debe sumarse la investigación judicial cuando existan indicios de delitos y la aplicación proporcionada de las medidas de seguridad.
Al mismo tiempo, las autoridades deben proteger el derecho de reunión y manifestación. Las reivindicaciones educativas, sociales o políticas no pueden equipararse a los saqueos por el mero hecho de coincidir con una convocatoria difundida en internet. La respuesta debe dirigirse contra las conductas ilícitas y sus responsables, no contra colectivos enteros por su ideología, edad o lugar de residencia.
La prioridad es impedir que la convocatoria se convierta en una excusa para delinquir
Los acontecimientos de octubre muestran que las redes sociales pueden facilitar una movilización rápida, pero también que la difusión masiva no equivale a una organización sólida ni garantiza que todas las ciudades vayan a experimentar los mismos incidentes.
La principal alerta para Halloween es la existencia de llamamientos que, junto a reivindicaciones aparentemente legítimas, incluyen mensajes de saqueo y violencia. La publicación de horarios contradictorios, el uso de cuentas efímeras y la migración entre grupos de mensajería dificultan la evaluación del riesgo, aunque también proporcionan a los investigadores indicios sobre el funcionamiento de estas redes.
España afronta, por tanto, un reto que combina seguridad ciudadana, investigación digital, prevención juvenil y protección de los derechos fundamentales. El objetivo debe ser evitar que las calles, los comercios y el mobiliario público se conviertan en víctimas de acciones organizadas al amparo de convocatorias que se presentan como protestas sociales.
La respuesta más eficaz será aquella que consiga identificar a quienes incitan a cometer delitos, impedir los ataques y proteger a la población sin confundir la protesta pacífica con la violencia. La libertad de manifestación y el derecho a vivir con seguridad no son incompatibles: ambos dependen de que las reglas democráticas se respeten también en la calle.
Crónica: AFPRESS
