La Ronda Sur encara su fase decisiva entre los 36 millones de inversión y las dudas sobre los plazos
Hay infraestructuras que se anuncian una vez y se construyen. Y hay otras que, en ciudades como Elche, terminan formando parte durante años del paisaje político, de las reivindicaciones y de las conversaciones entre administraciones.
La Ronda Sur pertenece claramente al segundo grupo.
La Generalitat Valenciana ha dado un nuevo paso para completar esta infraestructura con la puesta en marcha del procedimiento de información pública del proyecto que permitirá ejecutar los 2,8 kilómetros pendientes entre la CV-851 y la N-340. La inversión prevista supera los 36 millones de euros y será financiada por la Generalitat.
La actuación permitiría cerrar la ronda exterior de la ciudad y ofrecer una alternativa al tráfico metropolitano, evitando que determinados desplazamientos tengan que realizarse por el entorno urbano.
El proyecto no está, sin embargo, en fase de obras. Se encuentra todavía dentro de la tramitación administrativa. Tras el periodo de información pública deberán estudiarse las posibles alegaciones y posteriormente podrá iniciarse la licitación de los trabajos.
El Ayuntamiento de Elche, por su parte, está avanzando en paralelo con los expedientes de expropiación necesarios para disponer de los terrenos. El alcalde, Pablo Ruz, ha defendido que ambas vías administrativas avancen simultáneamente para evitar que la disponibilidad de los terrenos retrase la ejecución.
La actuación incorpora además una solución para el paso sobre las vías ferroviarias, la denominada “rotonda volada”, que requiere coordinación con ADIF y ha llevado a ampliar el ámbito incluido en el proyecto hasta los 2,8 kilómetros.
Hasta aquí están los datos del proyecto.
A partir de ahí empieza la discusión política.
El diputado autonómico del PSPV-PSOE Ramón Abad ha cuestionado el calendario anunciado por el Consell y ha reclamado que se concreten los plazos reales para el comienzo de las obras. Los socialistas también han puesto el foco en la financiación, al comparar el coste global de más de 36 millones con los 1,13 millones que, según sus datos, aparecen consignados para 2026.
Abad ha anunciado una interpelación al conseller de Infraestructuras en Les Corts para reclamar explicaciones sobre el calendario y las partidas previstas.
La discusión no es nueva. La Ronda Sur acumula diferentes anuncios y calendarios en los últimos años. En 2025, el Ayuntamiento señalaba que la adjudicación de las obras estaba prevista para 2026 y que los trabajos comenzarían en 2027. Ahora, ya en octubre de 2026, el proyecto afronta todavía la fase de exposición pública antes de la licitación.
Eso no significa que la actuación no tenga financiación prevista. Significa que el grueso de la inversión está programado para los próximos ejercicios y que 2026 está siendo un año fundamentalmente administrativo.
También existe una segunda cuestión que lleva tiempo sobre la mesa: quién debe pagar las expropiaciones.
El Ayuntamiento ha defendido históricamente que sea el Gobierno de España quien asuma ese coste, al considerar que la infraestructura tenía inicialmente carácter estatal. La corporación municipal aprobó incluso por unanimidad una declaración para reclamar al Ministerio de Transportes que asumiera el importe de las expropiaciones.
Mientras tanto, la Generalitat mantiene el compromiso de financiar las obras y el Ayuntamiento continúa con la tramitación de los terrenos.
La fotografía actual, por tanto, es bastante más compleja que un simple “se hará” o “no se hará”.
Hay un proyecto en tramitación, una inversión autonómica superior a 36 millones, un Ayuntamiento trabajando en las expropiaciones y una oposición que exige fechas y garantías presupuestarias.
La Ronda Sur vuelve así a demostrar que las grandes infraestructuras no dependen únicamente de colocar una cifra en un presupuesto. Necesitan proyecto, suelo, licitación, coordinación entre administraciones y, sobre todo, tiempo.
Ahora queda comprobar si el calendario anunciado consigue superar todos esos pasos sin nuevos retrasos.
Para Alicante y, especialmente, para el área metropolitana, la importancia de la actuación va más allá de los 2,8 kilómetros de carretera. Se trata de completar una infraestructura llamada a modificar los movimientos de tráfico alrededor de una de las principales ciudades de la provincia.
Y esta vez, más que nunca, los ciudadanos tienen derecho a esperar algo muy sencillo: que el siguiente anuncio sea el de las obras empezando de verdad.
