La vivienda pública de Madrid vuelve al debate tras las operaciones de fondos de inversión
La vivienda pública de Madrid vuelve a estar en el centro del debate después de que en los últimos meses hayan trascendido nuevas operaciones relacionadas con viviendas que fueron adquiridas en su día por fondos de inversión. El asunto ha recuperado además especial relevancia por el desarrollo del Plan Vive de la Comunidad de Madrid y por la discusión política sobre el destino futuro de las viviendas construidas sobre suelo público.
El antecedente más conocido se remonta a 2013, durante el mandato de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) formalizó entonces la venta de 1.860 viviendas correspondientes a 18 promociones a Fidere Vivienda y Fidere Gestión por 128,5 millones de euros, según las cuentas anuales de la propia empresa municipal. La operación incluyó también plazas de garaje, trasteros y locales. Fidere estaba vinculada al fondo estadounidense Blackstone.
Aquella operación generó una fuerte controversia política y social y tuvo posteriormente un largo recorrido judicial. El Tribunal de Cuentas condenó inicialmente a Botella y a varios miembros de su equipo por aquella venta, pero la sentencia fue revocada posteriormente en vía de recurso, por lo que no existe una condena firme contra la exalcaldesa por esta operación.
Más de una década después, aquellas viviendas vuelven a aparecer en operaciones inmobiliarias. Según informaciones publicadas en marzo de 2026, Fidere y Nestar, fondos que adquirieron miles de viviendas procedentes de operaciones realizadas por las administraciones madrileñas, están poniendo parte de esos activos en el mercado.
En el caso de Fidere, la cartera incluye las 1.860 viviendas procedentes de la operación de 2013. Blackstone estaría negociando la venta de una cartera de activos que podría alcanzar un valor cercano a los 1.000 millones de euros, aunque esta cifra corresponde a estimaciones sobre la operación y no al precio finalmente confirmado de una compraventa.
El caso de Nestar muestra también cómo ha evolucionado el valor de determinados inmuebles. Algunas viviendas adquiridas originalmente por el fondo en Madrid están siendo comercializadas actualmente por precios muy superiores a los registrados en aquellas operaciones. La diferencia refleja la evolución del mercado inmobiliario y el cambio de valor de los activos durante estos años.
El debate vuelve a aparecer ahora en un contexto diferente. La Comunidad de Madrid desarrolla el Plan Vive, mediante el que se están construyendo viviendas destinadas al alquiler asequible a través de concesiones a empresas privadas sobre parcelas de titularidad pública.
El modelo no supone que la Comunidad venda directamente esas viviendas a fondos de inversión. Las empresas concesionarias construyen y gestionan las promociones durante los periodos establecidos en los contratos. Sin embargo, la participación de grandes operadores inmobiliarios y fondos de inversión ha provocado un debate sobre las condiciones de estas concesiones y sobre el destino de los inmuebles cuando cambien de manos las empresas que participan en ellas.
Ese debate adquirió una nueva dimensión en mayo de 2026, cuando se conoció que Ares y Avalon buscaban comprador para una cartera de alrededor de 3.600 viviendas vinculadas al Plan Vive, en una operación cuyo valor se situaba en torno a los 600 millones de euros según las informaciones publicadas entonces.
La existencia de estas operaciones no significa que las viviendas del Plan Vive hayan dejado de ser viviendas destinadas al alquiler asequible ni que exista una venta del parque público de la Comunidad de Madrid a fondos buitre. Son modelos jurídicos y patrimoniales diferentes y es importante mantener esa distinción.
Precisamente por ello, el debate se centra ahora en las garantías que deben acompañar a este tipo de modelos. En la Asamblea de Madrid se ha registrado una iniciativa parlamentaria que plantea prohibir la venta, cesión o transmisión de vivienda pública, vivienda protegida o suelo público residencial a fondos de inversión y propone establecer garantías específicas sobre las promociones del Plan Vive.
Mientras tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó el pasado septiembre que el Gobierno regional está comprometido por ley a no vender viviendas de la Comunidad a fondos de inversión.
La situación actual, por tanto, no permite afirmar que la Comunidad de Madrid esté preparando una operación similar a la realizada por la EMVS en 2013, ni tampoco que la pareja de Ayuso esté detrás de una operación de venta de VPO a fondos de inversión. No existen pruebas que permitan sostener esas afirmaciones.
Lo que sí existe es un antecedente perfectamente documentado, una nueva generación de viviendas desarrolladas mediante colaboración público-privada y operaciones inmobiliarias que demuestran que algunos activos residenciales vinculados a anteriores políticas públicas han terminado formando parte de grandes carteras de inversión.
La cuestión que queda abierta es cómo garantizar que las viviendas promovidas actualmente con participación de las administraciones públicas mantengan durante todo su periodo de protección y explotación la finalidad social para la que fueron concebidas.
El debate sobre la vivienda pública madrileña vuelve así a poner sobre la mesa una cuestión que va mucho más allá de nombres concretos: qué modelo de vivienda pública quiere mantener Madrid y qué garantías deben existir para evitar que los cambios de propietarios o de operadores terminen alterando su finalidad social.
