La vivienda vuelve al centro del debate político en Elche
El pleno municipal rechaza la moción del PSOE para ampliar las medidas de apoyo al alquiler mientras PP y Vox defienden las actuaciones que ya están en marcha
El acceso a la vivienda volvió ayer lunes a ocupar buena parte del debate político municipal. El pleno del Ayuntamiento de Elche rechazó, con los votos en contra de PP y Vox, una moción presentada por el PSOE que planteaba nuevas medidas para facilitar el acceso a una vivienda y reforzar el apoyo a las personas que tienen dificultades para afrontar el alquiler. Compromís respaldó la iniciativa, que finalmente no salió adelante.
La propuesta socialista planteaba la creación de un parque público de viviendas destinado al alquiler asequible y permanente, así como un plan municipal de apoyo al alquiler dirigido a jóvenes y familias. También reclamaba incrementar en 200.000 euros las ayudas municipales y aplicar en la ciudad las medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda.
Durante el debate, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, vinculó la necesidad de reforzar estas políticas con las dificultades que atraviesan algunas familias para mantener su vivienda y se refirió al reciente desahucio de Mari Carmen. También cuestionó la subida del precio máximo de la vivienda protegida aprobada por la Generalitat Valenciana.
Diferentes propuestas ante un mismo problema
Compromís apoyó la moción socialista y defendió la necesidad de ampliar la vivienda asequible, reforzar las ayudas al alquiler y adoptar medidas relacionadas con los precios. La formación también cuestionó tanto determinadas decisiones de la Generalitat como las políticas desarrolladas por el Gobierno central.
Desde Vox, su portavoz, Samuel Ruiz, consideró insuficientes las medidas planteadas por el PSOE y centró parte de su intervención en la necesidad de incrementar la construcción y la oferta de vivienda. También defendió la actualización de los precios de la vivienda protegida argumentando el aumento de los costes de construcción.
El PP, por su parte, votó también en contra de la moción y puso sobre la mesa las actuaciones municipales que ya están en marcha, entre ellas el Plan Casa Fácil. El concejal Claudio Guilabert atribuyó parte de la situación del mercado de la vivienda a las políticas del Gobierno central.
El resultado de la votación deja sobre la mesa un debate que afecta directamente a uno de los asuntos que más condicionan las decisiones de muchas familias: cómo acceder a una vivienda, cuánto cuesta y qué papel deben desempeñar las administraciones públicas.
El precio de la vivienda protegida también entra en el debate
La discusión municipal llega después de que la Generalitat Valenciana actualizara en agosto el valor estándar utilizado para establecer el precio máximo de venta de la vivienda protegida. El incremento aprobado fue del 7%, pasando de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil.
La Generalitat justificó la actualización por la evolución de las condiciones económicas que afectan a la promoción y construcción de viviendas, mientras que desde el PSPV se ha criticado que el aumento pueda dificultar el acceso a la vivienda protegida. Se trata, por tanto, de otra de las cuestiones que han acabado trasladándose al debate político municipal.
Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene sus propios proyectos. PIMESA adjudicó durante este año la construcción de 240 viviendas de protección pública dentro del Plan Casa Fácil. De ellas, 48 quedarán destinadas al alquiler para jóvenes, mientras que el resto se contempla como vivienda protegida en régimen de venta, con precios limitados conforme a la normativa.
El debate de ayer no resolvió las diferencias entre los grupos municipales, pero sí volvió a colocar la vivienda en primer plano. Detrás de las cifras, las mociones y las posiciones de cada formación hay una cuestión mucho más cotidiana: la dificultad de encontrar una vivienda que una familia pueda pagar y mantener cada mes.
