Un tribunal del estado que cree que su misión es hacer política
El fallo reciente del Tribunal Supremo (TS) contra Álvaro García Ortiz —exfiscal general del Estado— ha encendido la alarma sobre la salud de nuestro sistema judicial. La condena, basada únicamente en indicios y no en pruebas directas, pone en grave riesgo la credibilidad de la justicia y alimenta la impresión de que algunos órganos del Estado actúan con una visión más política que jurídica.
Según la sentencia, García Ortiz habría filtrado a la prensa un correo confidencial del abogado de Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso— y, posteriormente, su ministerio emitió una nota de prensa que oficializaba dicha información. El tribunal lo condenó a dos años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros por “revelación de secretos”.
Pero lo significativo no es solo la condena, sino la forma en que se ha construido. El fallo no identifica pruebas directas de que el exfiscal fuese quien abrió y envió el correo —la clave de la acusación ha desaparecido: su teléfono fue borrado tras iniciarse la investigación—. El tribunal basa su decisión en una “cadena de indicios” y en una interpretación del contexto: cronología de mensajes, oportunidad, supuesta nota oficial, etc.
Dos magistradas sostienen que no hay pruebas concluyentes
El hecho de que no exista unanimidad entre magistrados, que se base en interpretaciones e indicios más que en pruebas directas, y que haya reacciones políticas inmediatas hacen plausible la lectura de que este fallo trasciende lo meramente judicial. Dicho esto, no se puede afirmar con certeza absoluta que la motivación principal haya sido política —la mayoría mantuvo que había pruebas suficientes—, por lo que calificarla como “sentencia politizada” implica reconocer que se mueve en una zona gris entre el derecho y la política.
Con una sentencia de estas características, difícilmente puede hablarse de justicia: se socavan los principios de presunción de inocencia, de necesidad de pruebas directas y de certeza legal. Más aún cuando hablamos del exfiscal general, es decir, de quien estaba llamado a garantizar la legalidad.
Este tipo de decisiones, fundamentadas en suposiciones, no en evidencias claras, minan la confianza ciudadana en el sistema judicial y lo acercan peligrosamente hacia la lógica del poder político —más que hacia la del derecho.
Paco Ciclón
