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Teresa Peramato impulsa una fiscalía más comprometida con la justicia de género

Este 25 de noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno español ha dado un paso con alto contenido simbólico al proponer a Teresa Peramato Martín como la próxima Fiscal General del Estado. Su designación no solo representa un relevo institucional, sino que también envía un mensaje político claro: la lucha contra la violencia de género, la protección de las víctimas y la justicia feminista están entre las prioridades del Ejecutivo.

Una trayectoria dedicada a la igualdad

Teresa Peramato no es una figura elegida al azar. Con más de tres décadas de servicio en la carrera fiscal (ingresó en 1990, según fuentes institucionales) y una profunda vocación por la defensa de las víctimas, su perfil se alinea estrechamente con las necesidades actuales del Ministerio Público. Actualmente es Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, un cargo desde el que supervisa procesos penales complejos. Además, desempeña un papel fundamental como Fiscal Delegada para la Protección y Tutela de Víctimas en el proceso penal, lo que evidencia su compromiso con la atención especializada a quienes han sufrido violencia.

Su recorrido profesional ha pasado por distintas ciudades y responsabilidades: ha trabajado en fiscalías provinciales como la de Tenerife, Valladolid y Barcelona, antes de consolidar su carrera en Madrid.  En la capital fue Fiscal Delegada para la Violencia sobre la Mujer, y más tarde se integró en la Fiscalía de Sala especializada en ese área, donde ha impulsado políticas de especialización institucional.

En enero de 2025, su perfil técnico fue reconocido con su nombramiento como Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, según un real decreto publicado en el BOE.  Ha asumido también la labor de proteger a las víctimas, y su experiencia profesional se ha consolidado tanto en lo penal como en lo institucional.

El significado del 25N para su nombramiento

Que su candidatura se haya dado a conocer el 25 de noviembre, día consagrado internacionalmente a la eliminación de la violencia contra la mujer, no es una coincidencia fortuita. Más bien, es una señal consciente por parte del Gobierno. El contexto simbólico refuerza el mensaje de que la próxima jefa de la Fiscalía será una figura experta en violencia de género, con sensibilidad institucional y vocación de cambio.

El proceso para su confirmación

Aunque la propuesta ya ha sido presentada, Peramato debe superar varios pasos clave para asumir formalmente como Fiscal General:

  1. Informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): este órgano consultivo emitirá un dictamen no vinculante sobre su idoneidad.

  2. Comparecencia en el Congreso: Peramato tendrá que exponerse ante la Comisión de Justicia para responder preguntas y defender su candidatura.

  3. Nombramiento real: una vez completados estos trámites, será el Rey quien formalice su designación oficial.

Mientras tanto, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, ejercerá como fiscal general interina, en una fase de transición hasta que se cierre el proceso.

Reacciones institucionales y profesionales

La propuesta de Peramato ha generado un notable respaldo de distintos colectivos. La Asociación de Fiscales (AF), la más numerosa de la carrera, ha valorado positivamente su selección, destacando su integridad, ética profesional y amplio conocimiento técnico.Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ella presidía, también han resaltado su trayectoria y seriedad institucional, subrayando que su nombramiento podría restaurar la confianza en el Ministerio Fiscal.

Sin embargo, su candidatura no ha estado exenta de debates: en el Consejo Fiscal, órgano consultivo, la votación fue ajustada.  Recibió “5 votos a favor y 7 en contra”, aunque hay que tener en cuenta que este órgano solo emite un parecer consultivo, sin capacidad vinculante.

Su vinculación con Elche y reconocimiento público

Más allá de la dimensión nacional, el nombramiento de Peramato conecta con Elche, otorgando a la ciudad un protagonismo simbólico. En 2021, fue galardonada con el OEDI Social Award por su labor contra la violencia de género digital, un premio otorgado por el Observatorio Español de Delitos Informáticos (OEDI).Este reconocimiento se entregó durante un congreso celebrado en Elche, evento organizado por el OEDI, el Ayuntamiento y la Diputación de Alicante, donde Peramato impartió la conferencia inaugural, conectando de forma directa su carrera con la ciudad.Teresa Peramato Fiscal General Estado violencia género

Este vínculo refuerza el simbolismo de su propuesta: no solo se trata de una fiscal especializada, sino de una persona cuyo compromiso con la igualdad ha sido reconocido en foros concretos, incluso en su relación con Elche.

Implicaciones institucionales y de género

La elección de Peramato para liderar la Fiscalía marca un posible giro hacia una estrategia institucional más sensible a la violencia de género. Su perfil técnico y su experiencia sugieren que podría impulsar una política más especializada, con formación para fiscales, protocolos de protección más sólidos y una mayor visibilidad de las víctimas.

Para muchos en los ámbitos jurídicos y feministas, su nombramiento es una oportunidad para institucionalizar un enfoque más feminista en la Fiscalía, transformación que va más allá de lo simbólico: podría traducirse en reformas reales, más recursos y una respuesta penal más eficaz y reparadora.

Un mensaje claro

Este relevo no es solo una renovación de cargos. Es un mensaje político e institucional: el Estado, a través del Ministerio Público, envía una señal de que la violencia contra las mujeres debe seguir siendo una prioridad. La coincidencia con el 25 N refuerza ese mensaje, y el perfil de Peramato —técnico, experimentado y especializado en género— dota de credibilidad esa apuesta.

En definitiva, la propuesta de Teresa Peramato como Fiscal General del Estado puede marcar el inicio de una nueva etapa en la Fiscalía española, una etapa en la que la igualdad, la protección a las víctimas y la justicia de género cobren un peso aún más decisivo.