Baltasar Garzón denuncia un “montaje judicial” contra el Fiscal General del Estado: acusa al juez Hurtado de manipular el proceso
El exjuez Baltasar Garzón ha alzado la voz con dureza esta semana para denunciar lo que califica como un “montaje judicial” urdido contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. En declaraciones recientes, Garzón acusa al magistrado Ángel Hurtado de sesgar el proceso penal y de impulsar una causa con motivaciones políticas, mientras salen a la luz filtraciones, correos y testimonios que han encendido el debate público sobre la independencia del Tribunal Supremo.
Un juicio entre política, prensa y justicia
Según Garzón, no se trataría simplemente de una investigación por revelación de secretos, sino de una operación coordinada en la que confluyen intereses mediáticos y de poder. El juez Hurtado, señala, habría actuado desde el inicio con una hipótesis predeterminada contra García Ortiz, algo que, para el exmagistrado, va más allá del derecho y se adentra en el terreno del lawfare.
Garzón advierte además que el proceso podría desembocar en acciones legales contra altos cargos del Gobierno. En sus propias palabras: “sería la definición de lawfare” si finalmente hay una denuncia contra el presidente Pedro Sánchez.
Revelaciones explosivas: filtraciones, correos y testimonios
El caso gira en torno a la presunta filtración de un correo confidencial, vinculado al empresario Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, que fue enviado a la Fiscalía. Hurtado ha imputado al Fiscal General por posible revelación de secretos, señalando indicios relevantes.
Para Garzón, sin embargo, hay lagunas inquietantes en la instrucción: testigos clave de medios de comunicación aseguran que ya tenían conocimiento del contenido del correo antes de que la Fiscalía lo recibiera formalmente, algo que el auto judicial no habría valorado adecuadamente.
Además, la Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, ha denunciado una instrucción marcada por la vulneración de derechos constitucionales —artículos 18 y 24—, como registros y clonaciones de dispositivos personales.
El Fiscal General ha atacado la tesis del juez Hurtado calificando sus conclusiones de “ilógicas” y “voluntaristas”, y ha pedido al Supremo que archive la causa.
Polarización social y desconfianza institucional
La denuncia de Garzón ha encendido la mecha de un debate institucional más amplio: para muchos, este caso no es solo un procedimiento judicial, sino un símbolo de la politización de la justicia. La mezcla de prensa, filtraciones y acusaciones ha fracturado la opinión pública y ha reavivado la desconfianza sobre la separación de poderes.
Garzón advierte que el daño ya está hecho, independientemente del veredicto final: si bien confía en una absolución, sostiene que la percepción de parcialidad y manipulación judicial podría dejar una cicatriz profunda en la confianza ciudadana hacia el Supremo y el sistema legal.
Próxima parada: sentencia antes de Navidad
El juicio, sin precedentes, mantiene en vilo a España. Se espera que la sentencia definitiva se dicte antes de Navidad, una resolución que podría marcar un antes y un después no solo para la figura de García Ortiz, sino para la credibilidad institucional del Poder Judicial.
