Alicante, Valencia y Castellón se movilizan para reclamar una vivienda digna y frenar la especulación
El problema de la vivienda vuelve a sacar a miles de personas a la calle en el País Valencià. La plataforma Juntes per l’Habitatge Sur ha convocado este sábado 6 de junio varias movilizaciones para denunciar la situación de emergencia residencial que, según advierten los colectivos sociales, está dejando fuera del mercado de la vivienda a muchas familias trabajadoras, jóvenes y personas vulnerables.
Las protestas tendrán lugar en Alicante, Valencia y Castellón junto a organizaciones vecinales, colectivos de consumidores y entidades defensoras de los derechos humanos. En la capital alicantina, la manifestación comenzará a las 11.30 horas en la Plaza Manila y recorrerá la ciudad hasta la Plaza del Ayuntamiento. En Valencia la cita será a las 19.00 horas en la plaza de Sant Agustí, mientras que en Castellón arrancará a la misma hora desde la plaza Independencia.
Desde la plataforma organizadora explican que la movilización nace ante una situación que consideran “insostenible”. Los convocantes denuncian que el acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y defienden la necesidad de un cambio profundo en las políticas públicas relacionadas con el mercado inmobiliario.
En Alicante, la marcha contará con la participación del Sindicato de Vivienda de Carolinas y del Sindicato de Vivienda de la Zona Norte, colectivos que llevan tiempo denunciando las dificultades que atraviesan numerosos vecinos para poder acceder o mantener una vivienda en condiciones dignas. El aumento continuado de los precios del alquiler y la presión que ejercen determinadas modalidades de alquiler turístico y temporal forman parte de las preocupaciones trasladadas por los organizadores.
La plataforma insiste en que la vivienda no puede seguir tratándose como un negocio especulativo o un activo financiero. Por ello, reclama medidas estructurales que permitan recuperar el control social y político sobre el mercado de la vivienda y garantizar el acceso real a hogares asequibles.
Entre las propuestas que defienden figura la creación de un gran parque público de vivienda social mediante la construcción, adquisición y rehabilitación de inmuebles. Además, plantean blindar legalmente estas viviendas públicas para impedir que puedan acabar nuevamente en manos privadas.
Otro de los ejes de la reivindicación pasa por movilizar las viviendas vacías existentes a través de herramientas legales como el derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones públicas. Según recoge el manifiesto difundido por Juntes per l’Habitatge Sur, estas viviendas podrían incorporarse al mercado del alquiler asequible durante al menos diez años mediante programas como PASA, pensado para ofrecer seguridad tanto a propietarios como a inquilinos.
La plataforma también reclama limitar y estabilizar el precio del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. A esto suman la petición de una regulación más estricta del alquiler turístico, de temporada y por habitaciones, modalidades que, según denuncian, en muchas ocasiones sirven para esquivar la legislación vigente y desplazar al vecindario tradicional de determinados barrios.
Las reivindicaciones no se quedan ahí. Los colectivos convocantes consideran necesaria una reforma profunda de la fiscalidad vinculada a la vivienda para penalizar las operaciones especulativas y limitar la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores. También piden cambios en el sistema hipotecario para facilitar el acceso al crédito a las personas trabajadoras y ofrecer mayores garantías a las familias que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.
Además, reclaman reforzar las ayudas dirigidas a los hogares más vulnerables, especialmente en materia de alquiler y suministros básicos. En este sentido, defienden la necesidad de mantener de forma indefinida la moratoria de desahucios y la prórroga de contratos de alquiler para evitar situaciones de exclusión residencial y sinhogarismo.
La movilización de este sábado pretende servir, según explican sus organizadores, para visibilizar un problema que cada vez afecta a más ciudadanos en municipios de toda la Comunitat Valenciana. El objetivo pasa por exigir medidas urgentes que permitan garantizar el derecho a una vivienda estable, asequible y digna frente a la creciente presión del mercado inmobiliario.
