El cabo con 15 pastelerías y la treintena de guardias corruptos que se aliaron con el narco en Andalucía

“Lo importante para ellos es detectar que tienes vicios. Entonces, tratan de camelarte”, cuenta un alto mando de la lucha contra el narco en Andalucía. Para los traficantes que buscan corromper a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado lo primero es localizar los puntos flacos de sus objetivos: a quién le gusta la cocaína, quién frecuenta prostíbulos, a quién le pierde el lujo o quién ha pedido destino en la zona para ganar más dinero del que pone en su nómina.

A partir de ahí, viene el cebo. Se le invitan a unos gramos de dama blanca, se le costean noches de sexo, alguna que otra juerga con amigos… Luego, la pregunta: ‘¿tío, tú quieres ganarte un dinero ayudando a unos amigos míos?’

“Si dice sí, los malos ya tienen a alguien dentro de los buenos -cuenta este mando del Instituto Armado-. Lo siguiente es empezar a cooperar”. Información de investigaciones en curso, soplos de movimientos de patrullas, chivatazos de operativos. Cualquier cosa es válida.

Pero el paso del tiempo suele acabar delatando al corrupto: coches caros, hoteles de lujo, ropa y bolsos de Gucci o Louis Vuitton para la mujer, negocios surgidos de la nada, chalets de ricos… Casi nunca son discretos. El dinero, y más cuando llega fácil y en grandes cantidades, siempre deja rastro.

A Pablo, un guardia civil destinado en La Línea de la Concepción (Cádiz), su ciudad natal, le han sugerido más de una vez cruzar la línea que separa la legalidad del mundo de la delincuencia. En su caso, que trabaja en la calle, sobre el terreno, es relativamente sencillo que intenten corromperle.

A Pablo (nombre distinto al verdadero de esta fuente para preservar la confidencialidad) una vez le tentaron en un concesionario de motos. Cuando preguntó coste de un ciclomotor modesto, de precio tirando a bajo, el dependiente le dijo:

– Oye ¿y la Yamaha T-MAX no te gusta?

– ¡No me va a gustar! ¡Pues claro, pisha! Pero yo quiero algo que me sirva para ir al trabajo, volver a casa y poco más. Ya tengo coche, hay que pagar seguros, los gastos de los niños… Yo a la T-MAX [unos 12.000 euros] no alcanzo.

– Bueno, pero hay muchas formas de pagarla. Tú llévatela, en confianza.

La escena se produjo en marzo de 2018. Aquel dependiente le dio a entender que alguien pagaría por él la moto. Alguien con mucho dinero negro. Pablo torció el morro. Se sintió incómodo.

José Antonio Cortés, exfutbolista de Segunda División B, está acusado de liderar un clan de narcotraficantes 

Antes de marcharse, el vendedor le dijo justo al ver llegar a otro miembro de la Guardia Civil destinado en el puesto de San Roque, un pueblo vecino de La Línea: “Mira, este compañero tuyo se ha llevado una T-MAX”.

El compañero era Juan P., quien al poco tiempo cayó detenido. Pasó unos meses en prisión hasta que consiguió pagar fianza. Ya está en la calle, pero sigue procesado.

Juan P. está acusado de colaborar como soplón con el clan de los Merino, cuyo líder, José Antonio Cortés Merino, es un exfutbolista linense que llegó a jugar en distintos equipos de la Segunda División española. Tras colgar las botas se pasó al tráfico internacional de hachís.

«Los ‘guarros’, enemigos»

“Yo siempre sigo el consejo que me dio mi madre: ‘Coge hasta donde te llegue la mano’. De ahí no paso”, dice Pablo. “Sería fácil para alguien como yo, de La Línea y dentro de la Guardia Civil, facilitarle las cosas a esta gente. Pero no. Prefiero dormir con la conciencia tranquila. Los guarros son nuestros enemigos”.

Como en su caso, se comienzan con detalles mundanos. A un compañero de Pablo le pagaron el chándal y el material deportivo del equipo de fútbol de su hijo. Cuando se enteró quién se había hecho cargo del pago, el padre del chaval lo devolvió al club.

Pero Juan P. no es el único agente que se ha dejado corromper en los últimos años por el narco en Andalucía. Desde el verano de 2018, tras unos años locos en el negocio, se han producido 27 arrestos en la Guardia Civil, según el recuento efectuado por EL ESPAÑOL en base a las últimas operaciones llevadas a cabo y al conteo que manejan fuentes fiscales y policiales.

En los últimos cinco años también han caído un agente de Aduanas en el puerto de Algeciras, un par de policías nacionales a sueldo del clan de ‘los Castañas’ y algún que otro policía local de pueblos vecinos de La Línea y Algeciras.

El hachís está detrás de la mayoría de detenciones, pero también el tabaco que se contrabandea desde Gibraltar y la cocaína que llega a Europa desde Latinoamérica oculta en contenedores a bordo de grandes buques.

Ni desde Policía Nacional ni desde Guardia Civil se ofrece una cifra exacta de procedimientos judiciales abiertos contra miembros de ambos cuerpos por su presunta relación con el narcotráfico. En cambio, fuentes oficiales sí destacan “que son minoría y que [los detenidos] son garbanzos negros que empañan la labor diaria de miles de agentes”.

Al cabo Miguel Ángel H. le grabaron el año pasado en Algeciras (Cádiz) recibiendo un paquete de manos del narcotraficante fugado en Marruecos Abdellah el Haj, conocido como el Messi del hachís. Días más tarde, cuando lo detuvieron, llevaba 60.000 euros en metálico en el interior de su coche. El encuentro con el narco marroquí fue en el Sisha Beach de Algeciras, un local frecuentado por traficantes en la playa algecireña de Getares.

Miguel Ángel H. había llegado de Granada, donde estaba de excedencia tras pasar por la comandancia de Algeciras y formar parte del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA), en el que era manipulador de fuentes.

En Granada, donde le pilló el día de su detención en 2019, montó “14 o 15 pastelerías”, cuentan fuentes de la investigación, además de un supermercado que también tenía en el Campo de Gibraltar. Se piensa que lo logró con el dinero procedente de sus vínculos con el narco.

Miguel Ángel H no sólo estaba conectado con Messi. También con los dos hermanos que lideran el clan de los Castañas. “La amistad [entre el narco Antonio Tejón y el guardia civil] llegó a tal magnitud”, que el cabo primero “se corrompió y comenzó a facilitar información” a la citada organización criminal. “Todo ello, a cambio de una remuneración económica”, sostiene la jueza que avaló su detención.

La Fiscalía Antidroga sostiene que este cabo fue quien en 2014, cuando se marchó de Algeciras, puso en contacto a una compañera del EDOA, Trinidad S. P., con Antonio Tejón, líder de los Castañas y considerado el mayor traficante de hachís de Europa. Las autoridades policiales calculan que hubo unos años, entre 2014 y 2018, que el pequeño de los hermanos Tejón, junto a su hermano Francisco, controló el 70% del chocolate que llegaba en lanchas a la Península desde Marruecos.

Miguel Ángel H. organizó un encuentro para que Trinidad conociera a Antonio Tejón. En aquella cita se habría cerrado un acuerdo para que el narco pudiera blanquear parte de su fortuna, estimada en unos 30 millones de euros, a través del negocio de coches de María Teresa A. A., la pareja de Trini, como se le conoce en el cuerpo.

El Organismo de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur), que llevó a cabo la investigación, le expuso a la Fiscalía que Antonio Tejón podría haber blanqueado en torno a 2,23 millones de euros a través de Talleres Goyma, una empresa que en cinco años (2014-19), y partiendo de una situación económica cercana a la quiebra, ingresó más de 11 millones.

Talleres Goyma, empresa en la que se habría blanqueado dinero procedente del narcotráfico. EE

En ese encuentro se acordó que la por entonces pareja de Antonio Tejón y madre de varios de sus hijos, Zaraida L., empezara a trabajar en Talleres Goyma “con el único objetivo de cotizar” ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

“No desempeñó ningún tipo de actividad” allí, dice el auto al que ha tenido acceso este periódico. En total, Zaraida L. apareció como empleada de la citada empresa cinco meses, aunque de manera discontinua en el tiempo.

A cambio, Antonio Tejón habría recibido información privilegiada sobre las investigaciones del EDOA. Desde entonces, y hasta 2019, ese grupo “no llegó a culminar ninguna operación de narcotráfico contra la organización” de ‘los Castañas’.

Otro agente que podría salir mal parado de aquí a poco tiempo, según se deduce de un auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras, es Pablo L. C. S., hoy capitán de la Guardia Civil destinado fuera de Algeciras, antiguo teniente del EDOA en la ciudad gaditana y por ese entonces jefe de Trinidad S.P.

En base a varias intervenciones telefónicas efectuadas por los investigadores, éste mantuvo una “estrecha amistad” con Maite A. A. -la pareja de Trinidad-. En uno de esos pinchazos, Maite A. A., la propietaria de Goyma, llega a reconocer al antiguo jefe de su novia que sabe que a ambas se les está investigando desde hace un año. También le cuenta que mantuvieron una reunión con el cabo primero Miguel Ángel F. para contratar a Zaraida L., la mujer del narcotraficante Antonio Tejón.

El capitán detenido

Trinidad S. P. y Miguel Ángel H. trabajaban bajo el mando del capitán de la Policía Judicial de Algeciras, Joaquín Franco. A Franco se le detuvo en julio de 2019 por su supuesta relación con el Messi del hachís. En libertad bajo fianza desde hace unos meses, sigue imputado por revelación de secretos y pertenencia a banda organizada.

Franco, apartado ahora de su empleo, llevaba media vida en la Guardia Civil. En 2009 fue condecorado por la Subdelegación de Gobierno de Cádiz, que le reconoció su lucha contra el tráfico de drogas en el Estrecho de Gibraltar. Pero a pocos les sorprendió su detención. Coches caros. Casa ostentosa. Y 27.000 euros en metálico en su casa el día que la registraron en su presencia.

Em base a los informes de los investigadores, Franco propició que Abdellah El Haj, el Messi del hachís, se entregara en noviembre de 2017 tras mantenerse un tiempo fugado en Marruecos. El acuerdo, al que el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, dio el visto bueno, consistía en que el narco pagara 80.000 euros por retornar a España y quedar en libertad a la espera de juicio, y otros 25.000 más por cada uno de los cuatro miembros de su organización que también estaban en busca y captura.

Y así se hizo. El traficante marroquí afincado en Algeciras desde su adolescencia volvió a España para entregarse. A las horas quedó en libertad. Pero en marzo de 2019 Messi decidió fugarse de nuevo. Según dijo en un escrito que remitió a varios medios de comunicación, estuvo motivado por la presión policial que sufría. Las fuentes consultadas explican que “había vuelto al tajo”.

El capitán Franco era quien se mandaba mensajes por Whatsapp con el traficante durante su primera huida. Se le acusa de haber cobrado dinero a través de narcoabogados tras alcanzarse aquel pacto.

«Codicia y vanidad»

Agentes de la ley corrompidos por el narco “hay a porrones en toda España” y no sólo en la costa andaluza, avisa un criminólogo y miembro de la Benemérita, que es también componente de la delegación en Málaga de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

Este agente, que pide anonimato, matiza que el número total de elementos del Instituto Armado es lo suficientemente elevado, unos 84.000, para que haya un volumen llamativo de casos por pequeño que sea el porcentaje de corruptos: “Somos tantos, que por fuerza tiene que haber garbanzos negros”, señala el criminólogo.

Como los primeros interesados en eliminar esos pocos “garbanzos negros” que minan la confianza en las fuerzas de seguridad del Estado y ensucian su imagen deben ser sus compañeros honestos (la inmensa mayoría), el sindicato AUGG se ha marcado como uno de sus principales objetivos denunciar esas prácticas. Por eso, añade esta fuente, se han personado como acusación popular en varios procesos judiciales importantes contra mandos investigados por narcotráfico.

Uno de ellos es el del coronel Francisco García Santaella, quien, según la Fiscalía y el colectivo de guardias, siendo jefe de las operaciones antidroga de la Comandancia de Granada participó en la introducción de tres alijos con casi 8 toneladas de hachís entre 2005 y 2006 a cambio de 360.000 euros.

Lo procesaron casi diez años después, en 2015. La Audiencia de Granada consideró probados esos hechos, pero en su sentencia absolvió a García Santaella al considerar que el crimen había prescrito al cabo de cinco años por no ser un delito “superagravado” en función de las toneladas.

Los jueces establecieron que las casi 4 toneladas de hachís de mala calidad del único alijo incautado de los tres, que los implicados ofrecieron adrede como cebo para que el mando cómplice pudiera supuestamente fingir que se actuaba contra los traficantes y arrogarse un mérito añadido, no debía incluirse en el cómputo total, pues no estaba destinado al mercado.

La Fiscalía, cuyo criterio secunda la AUGC, sostiene lo contrario, y el pasado diciembre recurrió la absolución del coronel ante el Tribunal Supremo con el argumento de que el plazo de prescripción debe ser de diez años y no de cinco por ser un delito “superagravado”, no sólo por el peso de los alijos (la droga usada como cebo debe incluirse en la suma, dice) sino también, y sobre todo, por la gravedad de la situación: el jefe antidroga de Granada, alias Padre, se había dejado comprar.

“Siempre ha habido guardias” que “han pasado del chip verde al negro”, dice el criminólogo y miembro de la AUGC en alusión gráfica a los colores del uniforme y del lado oscuro del millonario negocio ilegal de la venta de droga. Cuenta un ejemplo que le tocó de cerca en sus inicios, y no en el Estrecho de Gibraltar, sino en la capital, Madrid, que es el gran centro consumidor de España por su peso demográfico. “En el año 84, a mi jefe, un sargento, lo detuvieron por traficar con cantidades medianas de heroína”.

Al sargento de la Guardia Civil Manuel Mielgo Lera lo arrestaron agentes del Grupo Central Antidrogas del mismo instituto, el 29 de agosto de 1984, en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), según informó entonces la agencia Efe. Le hallaron en su poder 1,9 kilos de heroína valorados en 36 millones de pesetas, que hoy equivaldrían, incluyendo la inflación, a 675.000 euros.

Mucho más importante, en los años 90, fue, sigue recordando este experto guardia de Málaga, el caso UCIFA, investigado por el juez Baltasar Garzón en el seno de la unidad central antidroga de la Guardia Civil en Madrid.

En 1997 la Audiencia Nacional condenó a seis oficiales y agentes a entre uno y nueve años de cárcel, entre ellos el jefe de la unidad, el coronel Francisco Quintero Sanjuán, por pagar con droga incautada a sus confidentes y provocar envíos desde Sudamérica con el único fin de incautar la mercancía y “obtener así ilusorios méritos”, según la Audiencia.

Aclara el criminólogo y guardia civil que la ley permite pagar a confidentes con dinero de los fondos reservados del Ministerio de Interior, pero no con droga. Y subraya que el único o la única guardia o policía que puede negociar legalmente un alijo es el que actúa en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “como agente infiltrado, con supervisión del juzgado,” para investigar desde dentro a las organizaciones criminales e intervenir en “entregas controladas” de droga.

¿Por qué un funcionario del Estado con el sueldo modesto pero asegurado de por vida, un trabajo socialmente reconocido y un entorno laboral con un fuerte código de honor acepta corromperse? “Más que nada es la codicia y es la vanidad”, dice a EL ESPAÑOL otro criminólogo, guardia civil de Policía Judicial durante décadas y ahora retirado, que prefiere mantenerse también en el anonimato.

Este investigador niega así que los apuros económicos, “una mala racha” personal, sean el principal detonante para caer, por desesperación, en la tentación de aceptar un soborno y mucho más. Aunque señala como evidente la ecuación de que “mientras mejor pagado esté un policía, menos corrupción hay”, advierte de que en el contexto español el factor determinante es el deseo de riqueza y poder.

“Alegar desesperación económica no tiene sentido. Con la reciente subida salarial, el suelo está en unos 2.000 euros, es digno. El que se corrompe se arriesga a perder eso e ingresar en prisión. Por eso, el que está en el narco es porque es ambicioso, codicioso. La otra razón es que alguien esté en un sitio donde haya muchos compañeros implicados; por muy honrado que seas, te ponen a prueba y caes”.

Es decir, que el agente corrupto puede pasar al otro lado por pura ambición de dinero y poder, o por la presión negativa de un grupo ya degradado, al que, por miedo, se suma activamente, o al menos no lo denuncia. Este criminólogo y exagente pone ejemplos personales que ilustran cada una de estas motivaciones.

“Normalmente esto ha ocurrido donde hay puertos y aeropuertos” con gran volumen de trasiego de mercancías, “como en el aeropuerto de Málaga, donde no sé cuántos guardias cobraban del ala” hasta que los detuvieron.

Recuerda que en sus comienzos asistió en los años 80 al desmantelamiento por completo del grupo de guardias que vigilaban el puerto de Sevilla. Muchos estaban implicados en el cobro sistemático de sobornos por permitir el contrabando de tabaco.

“Algunos se vendían por nada, por dos cartones de tabaco, por dejar pasar un camión, y otros tenían tres coches”. Dada la dificultad de distinguir entre culpables e inocentes y probarlo, “el teniente coronel Rufino Mohedas Gómez, enviado desde Madrid para limpiar el muelle, como no se fiaba de nadie, optó por desmantelar todo, cambiando de destino a todos los guardias. Juzgaron y condenaron a algunos y limpió el muelle, pero pagaron justos por pecadores”.

Este veterano guardia retirado y especialista en criminología envía sin embargo un mensaje tranquilizador a la opinión pública: “El índice de corrupción policial es muy bajo en España respecto a otros países. Hay mucho control social. En cuanto un corrupto sale a la luz, el compañero lo ve, ve que tiene un piso en la playa, un cochazo… Asuntos Internos actúa”.

Apunta que la Policía Judicial es un destino en el que se dan circunstancias que pueden favorecer la corrupción indirectamente, porque “están en un servicio especial, tienen libertad de movimientos, hay menos control del mando, pues se entiende que están investigando”.

Es lo que ocurrió con un sargento de la Guardia Civil que era el jefe de la Policía Judicial en un pueblo sevillano cercano a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en la ruta fluvial del hachís del Bajo Guadalquivir. A este sargento lo detuvieron acusado de convertirse en narcotraficante como aquéllos con los que se le veía “tomando copas”, supuestamente porque eran sus confidentes.

“Antes, un agente corrupto podía alegar que estaba tratando con sus confidentes, pero ya no: hoy día, los confidentes tienen que estar en un registro, se llaman ‘fuentes’ y lo saben los superiores”, dice el guardia retirado. El sargento, detenido por una lancha con muchos kilos de hachís, “vivía por encima de sus posibilidades y era un pirata, pero también listo; no se enfrentaba nunca a sus compañeros y subordinados, para no levantar la liebre” y evitar que sospecharan de él.

Otro sargento de la Guardia Civil, Francisco Javier Cáceres Borrero, comandante del puesto en el vecino municipio de Isla Mayor (Sevilla), fue condenado a 14 años de cárcel por facilitar a cambio de dinero la entrada de hachís desde Marruecos junto a tres subordinados, en una sentencia que el Tribunal Supremo ratificó el pasado febrero.

De mayor graduación es el protagonista de la operación más reciente con uniformados imputados por narcotráfico, el teniente jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Sevilla (Usecic), detenido en agosto en su cuartel de la barriada de Montequinto por miembros de Asuntos Internos venidos de Madrid.

A la capital se lo llevaron para ponerlo a disposición de la Audiencia Nacional, que ordenó su encarcelamiento como supuesto responsable de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

También sorprendió la detención de Mariano P. el año pasado. Se le arrestó poco antes que a Trinidad S., la guardia civil que presuntamente ayudó a Antonio Tejón a blanquear parte de su fortuna. Asuntos Internos confirmó que el agente Mariano P., compañero de Trini en Algeciras, aprovechaba su cargo en el SIVE —el sistema de cámaras que vigilan la costa andaluza- para ayudar al narco Kiko El Fuerte. El de Mariano era otro nombre más que añadir a la ya extensa lista de efectivos policiales que se han pasado al narco en los últimos tiempos.

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Fuente.: twnews.es