La crisis de Ceuta se complica con un frente judicial y nuevas medidas del Gobierno
Ceuta vuelve este jueves a ocupar un lugar destacado en la actualidad política y judicial española. Casi dos meses después de la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, la ciudad autónoma continúa afrontando las consecuencias de aquella crisis mientras, al mismo tiempo, la Audiencia Nacional amplía su investigación y acaba de frenar provisionalmente uno de los principales dispositivos previstos por el Gobierno para atender la situación.
La última decisión judicial afecta directamente al puerto de Ceuta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha ordenado que no se ejecute, por el momento, la resolución del Ministerio de Transportes que autorizaba la utilización de terrenos portuarios para instalar un campamento temporal de acogida. La decisión llega después del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que había cuestionado la ubicación prevista y planteado objeciones relacionadas con la seguridad del emplazamiento.
La instalación proyectada ocupa unos 16.000 metros cuadrados y estaba destinada a proporcionar alojamiento y atención temporal a alrededor de un millar de personas. La Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio de Transportes, con carácter urgente, la resolución que permite utilizar esos terrenos y toda la documentación incluida en el expediente administrativo antes de resolver la medida cautelar solicitada. Por tanto, la decisión conocida ahora es provisional y no supone todavía una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.
La investigación judicial también avanza
Mientras se discute dónde y cómo atender a las personas que permanecen en Ceuta, la investigación judicial sobre la entrada masiva de finales de julio ha dado nuevos pasos.
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz. Vivas deberá comparecer el próximo 30 de septiembre, mientras que Sanz está citado para el 1 de octubre, el mismo día en que también deberá declarar el jefe de la Policía Local de Ceuta, Sebastián Vega.
La jueza ha solicitado además a organismos policiales y militares información sobre las posibles alertas y análisis de riesgos existentes antes de los acontecimientos, así como los destinatarios, los medios utilizados para transmitirlos y las fechas y horas en las que fueron comunicados.
Las diligencias forman parte de una investigación que pretende aclarar las circunstancias que rodearon la entrada masiva desde Marruecos. Según la información recogida en el auto judicial, la magistrada considera relevantes la gravedad de los hechos, la magnitud de la movilización y la existencia de 83 fallecidos.
La Audiencia Nacional ya había asumido la investigación de aquellos acontecimientos y había abierto causa para determinar posibles responsabilidades. Entre las primeras actuaciones acordadas se encuentra la recopilación de información sobre las personas fallecidas y las circunstancias de los hechos.
En esta fase no existe una conclusión judicial sobre las responsabilidades de ninguna de las personas o instituciones que puedan aparecer mencionadas en las diligencias. Precisamente la finalidad de la investigación es determinar qué ocurrió, qué información manejaban las distintas administraciones y si existieron actuaciones u omisiones que deban ser examinadas judicialmente.
El Gobierno cifra en 5.482 los retornos voluntarios
En paralelo al frente judicial, el Gobierno mantiene el dispositivo de atención y tramitación de los expedientes de las personas que permanecen en Ceuta.
El último balance oficial conocido, correspondiente al 15 de septiembre, situaba en 5.482 los retornos voluntarios a Marruecos desde el comienzo del dispositivo. A esa cifra se sumaban 307 expulsiones. El Gobierno señalaba además que 4.160 personas se encontraban entonces en plazas temporales de acogida, sometidas a los procesos de triaje y filiación.
La identificación y el triaje son pasos previos para determinar la situación administrativa de cada persona y, cuando corresponda, iniciar los procedimientos de retorno, expulsión, protección internacional o protección de menores. Interior ya había reforzado en Ceuta los dispositivos policiales y de protección internacional destinados a agilizar estos procedimientos.
El Gobierno también ha informado de que se estaban habilitando nuevas plazas temporales. Según su balance del 15 de septiembre, el objetivo era alcanzar las 6.000 plazas, frente a las 500 existentes en Ceuta antes de la crisis.
309 millones para afrontar las consecuencias de la crisis
El componente económico se ha incorporado también al debate político. El Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el Real Decreto-ley 22/2026, que establece medidas urgentes de carácter social y económico de apoyo a Ceuta y moviliza 309 millones de euros durante 2026.
La votación salió adelante con 304 votos a favor, 33 en contra y siete abstenciones. El propio registro oficial del Congreso recoge esos resultados. La Cámara aprobó además tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
El plan contempla medidas relacionadas con los servicios públicos, la seguridad, la acogida, la actividad económica, el empleo y las finanzas de empresas y autónomos. El Gobierno había presentado el paquete como un plan de choque destinado a responder a las consecuencias de la crisis y contribuir a recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.
A estas medidas se suma la financiación excepcional de 114,7 millones de euros aprobada por la Comisión Europea, destinada a apoyar la gestión de la crisis, con recursos vinculados, entre otros ámbitos, a Frontex, Europol y la Agencia Europea de Asilo, según el balance difundido por el Ejecutivo español.
Una crisis que ya se juega en varios frentes
La situación de Ceuta ha dejado de ser únicamente una cuestión relacionada con el control de la frontera. En estas semanas se han ido acumulando distintos frentes: la atención y alojamiento de las personas que permanecen en la ciudad, los procedimientos administrativos y de retorno, la situación de los menores, las consecuencias económicas para la ciudad y, ahora, dos importantes actuaciones judiciales.
Por un lado, la Audiencia Nacional debe decidir sobre las medidas cautelares solicitadas contra el campamento previsto en el puerto. Por otro, la investigación penal sobre la entrada masiva de julio continúa recabando información y preparando nuevas declaraciones.
La dimensión europea también está presente. El Gobierno ha informado de contactos con instituciones comunitarias y de la financiación excepcional aprobada por la Comisión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha situado además a Ceuta y Melilla en el debate europeo como parte de la frontera sur de la Unión Europea.
Y mientras las administraciones siguen buscando espacios, recursos y procedimientos para afrontar la situación, la Justicia ha empezado a poner el foco en otra cuestión: qué ocurrió realmente antes y durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, qué información existía y cómo actuaron las distintas autoridades.
Las próximas fechas judiciales ya están fijadas. El 30 de septiembre está citado Juan Jesús Vivas y el 1 de octubre comparecerán Gonzalo Sanz y el jefe de la Policía Local. Son pasos todavía dentro de una investigación abierta, pero muestran hasta qué punto la crisis de Ceuta continúa lejos de estar cerrada.



