Esquerra Unida acusa al gobierno local de Elche de desviar el debate de la vivienda con la nueva oficina sobre ocupaciones
La creación de la futura Oficina de Orientación Jurídica frente a la Ocupación Ilegal de Inmuebles anunciada por el Ayuntamiento de Elche ha provocado la reacción de Esquerra Unida Elx, que considera que la iniciativa responde a una estrategia política para desviar la atención del problema del acceso a la vivienda.
La formación de izquierdas sostiene que el verdadero reto al que se enfrentan miles de vecinos no es la ocupación ilegal, sino el incremento del precio de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. Por ello, critica que el equipo de gobierno haya decidido impulsar esta nueva oficina mediante un convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Elche.
El coordinador de Esquerra Unida Elx, Héctor García, ha calificado el anuncio como «una auténtica tomadura de pelo» y asegura que muchas familias y jóvenes atraviesan serias dificultades para llegar a fin de mes o emanciparse mientras, según afirma, el Ayuntamiento destina 8.333 euros de dinero público a una oficina que considera alineada con «la agenda de la extrema derecha».
Desde la organización también cuestionan el argumento utilizado por el gobierno municipal para justificar la medida. Según indican, las cifras de ocupaciones facilitadas por la Policía Local reflejan un descenso de las denuncias, al pasar de 232 casos registrados en 2024 a 176 durante 2025.
En este sentido, García afirma que el Ejecutivo municipal pone el foco en los 159 casos contabilizados en lo que va de 2026 mientras, a su juicio, deja en un segundo plano las dificultades económicas de muchas familias para afrontar el pago de la hipoteca o el alquiler.
Como alternativa, Esquerra Unida propone paralizar la creación de esta oficina y destinar los recursos económicos y humanos previstos a la puesta en marcha de una Oficina de Defensa del Derecho a la Vivienda.
La formación plantea que este servicio ofrezca asesoramiento gratuito a la ciudadanía frente a los abusos bancarios, las subidas de los alquileres por parte de grandes tenedores y las situaciones de precariedad habitacional.
Con este posicionamiento, Esquerra Unida entra en el debate abierto tras el anuncio municipal, defendiendo que las prioridades de las políticas públicas deben centrarse en facilitar el acceso a la vivienda y proteger a quienes atraviesan dificultades para mantener su hogar.
