La Justicia respalda el cierre de otra gran campa ilegal junto al aeropuerto de Alicante-Elche
El Ayuntamiento de Elche continúa intensificando el control sobre las campas de estacionamiento de vehículos sin licencia situadas en el entorno del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. La Policía Local ejecutó en la noche del martes la clausura de una segunda instalación ubicada en Torrellano Alto, una parcela de más de 50.000 metros cuadrados con capacidad para más de 3.500 vehículos.
La actuación forma parte del proceso impulsado por el Consistorio para impedir la apertura o ampliación de nuevas campas mientras avanza la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que establecerá un marco urbanístico específico para regular esta actividad en una de las zonas con mayor concentración de aparcamientos privados vinculados al aeropuerto.
Uno de los aspectos más relevantes de esta actuación es el respaldo judicial recibido por el Ayuntamiento. La empresa gestora solicitó medidas cautelarísimas para impedir la clausura, pero el juzgado rechazó la petición y avaló la actuación municipal.
Según recoge la resolución judicial, el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de abril tiene carácter general y no establece excepciones ni tratamientos diferenciados. Además, el magistrado considera que la empresa no puede alegar perjuicios económicos derivados de una ampliación de la actividad realizada después de la aprobación de ese acuerdo y con pleno conocimiento de sus efectos.
Las inspecciones realizadas por la Policía Local y los servicios técnicos municipales determinaron que la instalación carecía de licencia de apertura y que había ido ampliando progresivamente su superficie hasta ocupar nueve parcelas.
El expediente administrativo ha seguido todas las fases previstas por la normativa, incluyendo inspecciones, requerimientos, audiencia a la empresa, resolución de alegaciones y decreto definitivo de clausura.
En el interior de la campa permanecen aproximadamente 3.650 vehículos. El Ayuntamiento ha aclarado que sus propietarios podrán recuperarlos mediante un protocolo coordinado entre la Policía Local y la empresa gestora, realizándose cada salida bajo supervisión policial para garantizar el cumplimiento de la orden de cierre.
Con esta intervención ya son dos las campas clausuradas en las últimas semanas, afectando a instalaciones que albergaban conjuntamente más de 4.500 vehículos.
Además, el Ayuntamiento mantiene abiertos otros dos expedientes de clausura que podrían ejecutarse próximamente, mientras continúa revisando la situación administrativa de las más de 110 campas localizadas en el término municipal. Hasta ahora se han realizado unas 85 inspecciones y se estudia la situación de 45 instalaciones anteriores al proceso de modificación del PGOU, además de otras 30 con licencias provisionales concedidas en 2005.
Desde el equipo de gobierno municipal se insiste en que el objetivo de estas actuaciones no es impedir la actividad económica, sino garantizar que todas las empresas operen en igualdad de condiciones y conforme a la normativa urbanística vigente.


