Treinta trabajadores pierden hoy su empleo tras el cierre definitivo del peaje de la AP-7 en Alicante
La desaparición del peaje de la AP-7 en la Circunvalación de Alicante tiene desde hoy una consecuencia definitiva para quienes durante años desarrollaron allí su actividad profesional. La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hace efectivos este martes 7 de julio los despidos de los 30 trabajadores adscritos a estas instalaciones, culminando así el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado tras la supresión del peaje.
El cierre del centro de trabajo pone fin a un proceso que comenzó después de que el Consejo de Ministros acordara el pasado año la liberación de este tramo de la autopista «por interés general». Desde entonces, la plantilla permaneció durante 16 meses en distintos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), mientras se definía cuál sería el futuro de estos empleados.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que el desenlace deja un importante coste social y critica que las condiciones económicas pactadas para los trabajadores no compensan el perjuicio sufrido durante todo este tiempo.
CCOO cuestiona el resultado de la negociación
El sindicato explica que la negociación del despido colectivo ha estado condicionada por el carácter público de la empresa. Al depender SEITT del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las indemnizaciones debían ajustarse a los límites autorizados por el Ministerio de Hacienda, reduciendo la capacidad de negociación de las partes.
CCOO lamenta tanto la posición mantenida por Hacienda como por Transportes durante el proceso y sostiene que las condiciones finales están por debajo de las que habitualmente se alcanzan en expedientes de regulación de empleo que no obedecen a causas económicas.
La indemnización será la mínima legal con un complemento económico
Según la información facilitada por el sindicato, las personas afectadas percibirán la indemnización mínima prevista por la legislación para este tipo de expedientes: 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, además de un complemento cuya cuantía media ronda los 7.500 euros.
Para CCOO, estas cantidades no compensan el desgaste sufrido por la plantilla durante los 16 meses anteriores, periodo en el que los trabajadores permanecieron en ERTE mientras consumían prestaciones por desempleo, al mantenerse la expectativa de que la eliminación de las barreras pudiera tener inicialmente un carácter provisional.
La organización sindical señala que, pese a considerar insuficiente el acuerdo, la alternativa habría supuesto que la empresa únicamente abonara la indemnización mínima establecida por ley, sin ningún tipo de complemento económico.
Sin recolocaciones dentro del sector público
Durante la negociación, CCOO también planteó distintas medidas para facilitar la continuidad laboral de los empleados afectados. Entre ellas figuraban la posibilidad de recolocaciones en otras empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes o traslados a otros centros de trabajo.
Sin embargo, según denuncia el sindicato, ninguna de estas propuestas fue aceptada. Tampoco prosperó la contratación de una empresa especializada en recolocación laboral ni la implantación de ayudas económicas destinadas a quienes hubieran aceptado traslados voluntarios a otras comunidades autónomas.
Denuncian que continúa pendiente la brecha salarial
La organización sindical añade que el despido colectivo se produce sin haber resuelto la brecha salarial detectada durante la elaboración del diagnóstico del Plan de Igualdad de SEITT.
Según CCOO, las categorías profesionales relacionadas con el personal de peaje continúan afectadas por diferencias retributivas por razón de género, una cuestión que permanece pendiente de negociación y que no ha podido corregirse antes de la extinción de los contratos.
Con la salida de estos 30 trabajadores desaparece también el último equipo humano que prestaba servicio en este peaje de la AP-7, una infraestructura cuya liberalización permitió eliminar el pago para los conductores, pero que también ha supuesto el cierre definitivo de este centro de trabajo en la provincia de Alicante.
