Alicante bajo presión por el fraude en VPO mientras la justicia amplía imputaciones
Hay historias que duelen más que otras porque tocan algo básico: el acceso a una vivienda. Y lo que está ocurriendo en Alicante con las VPO de Les Naus ya no es solo un caso polémico. Es, directamente, una crisis política, judicial y moral que sigue creciendo con cada nueva información.
Lo último que se sabe —y es clave— es que la jueza ha intensificado la investigación citando a más cargos públicos y funcionarios como testigos, incluidos responsables de la Conselleria de Vivienda.
Esto confirma que el caso está lejos de cerrarse y que las dudas no solo afectan al Ayuntamiento, sino también a otras administraciones.
Pero vayamos al fondo del asunto.
Estamos hablando de una promoción de unas 140 viviendas protegidas, pensadas para personas con dificultades de acceso a la vivienda. Y, sin embargo, lo que ha salido a la luz es otra cosa: adjudicaciones a cargos públicos, funcionarios, familiares y personas con conexiones directas con la administración.
No es una sospecha aislada. Hay hechos.
La investigación judicial ya tiene 15 personas imputadas, entre ellas nombres clave del propio Ayuntamiento: la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, la exjefa de Contratación María Pérez-Hickman y el arquitecto municipal Francisco Nieto.
Y no son los únicos. También aparecen promotores, técnicos y adjudicatarios en un entramado que, según la investigación, presenta indicios claros de irregularidades.
Porque aquí no hablamos solo de quién consiguió un piso. Hablamos de cómo se consiguió.
Los investigadores han detectado situaciones difíciles de justificar:
- Viviendas adjudicadas en procesos extremadamente rápidos
- Expedientes con posibles irregularidades
- Una misma familia con varios pisos protegidos
- Personas que no cumplían requisitos básicos
Incluso hay casos que rozan lo surrealista: jóvenes que habrían solicitado viviendas siendo menores o adjudicatarios que ni siquiera estaban empadronados en la ciudad.
Y mientras todo esto salía a la luz, la reacción política no ha calmado precisamente el ambiente.
Dimisiones, sí. Pero también bloqueos.
La comisión de investigación creada en el Ayuntamiento está prácticamente desactivada. Un informe interno ha dejado claro que no puede obligar a declarar ni a políticos ni a externos, y que los funcionarios solo comparecen si quieren. Resultado: una comisión sin capacidad real de investigar.
De hecho, ya ha habido sesiones vacías, con técnicos que directamente han decidido no acudir.
Mientras tanto, el caso sigue escalando fuera del Ayuntamiento. Les Corts Valencianes mantienen su propia investigación y el debate político se ha trasladado a toda la Comunitat.
Y hay otro dato que explica por qué este caso ha indignado tanto.
Algunas de estas viviendas protegidas —con precios iniciales entre 220.000 y 240.000 euros— han llegado a anunciarse en el mercado por hasta 400.000 euros.
Es decir: vivienda pública convertida en negocio.
Ese es el punto que más duele. Porque mientras miles de personas no pueden acceder a una vivienda digna, hay indicios de que el sistema se ha utilizado para beneficiar a quienes, en teoría, debían garantizar su transparencia.
El problema ya no es solo judicial. Es de confianza.
A día de hoy:
- Hay una causa judicial en marcha
- Hay 15 investigados
- Hay dimisiones confirmadas
- Hay irregularidades documentadas
- Y hay una comisión municipal que no está aclarando nada
Y lo más importante: no hay aún respuestas claras.
Lo que empezó como una promoción de vivienda protegida se ha convertido en uno de los mayores escándalos políticos recientes en Alicante. Y, por ahora, todo indica que todavía queda mucho por salir.
Paco Ciclón / AFPRESS
