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SEITT inicia un ERE para despedir a 30 trabajadores de la AP-7 en la circunvalación de Alicante

La Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y encargada de la gestión de varias autopistas de titularidad estatal, ha iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 30 personas trabajadoras vinculadas al sistema de peaje de la AP-7 en la circunvalación de Alicante.

La medida llega después de la decisión de levantar definitivamente las barreras de esta autopista, una vía estratégica para la movilidad del área metropolitana de Alicante y de buena parte de la provincia. La gratuidad de la AP-7 en este tramo fue primero aplicada como bonificación temporal del 100 % y posteriormente consolidada por el Gobierno tras considerar positivos sus efectos sobre el tráfico y la descongestión de la A-70.

Según denuncia CCOO, el expediente de despido colectivo “carece de justificación objetiva”, ya que, a juicio del sindicato, no responde a una verdadera causa productiva u organizativa sobrevenida, sino a una decisión política previamente adoptada entre la empresa pública y el Ministerio de Transportes.

CCOO cuestiona la base del despido colectivo

La organización sindical sostiene que el levantamiento de barreras no se ha producido por un descenso inesperado de la demanda ni por un cambio imprevisible en la actividad de la empresa, sino por una determinación ya tomada de dejar de cobrar el peaje a los vehículos que transitan por esta infraestructura.

Ese es precisamente el núcleo de la crítica sindical: CCOO considera que no resulta razonable justificar un despido colectivo en una empresa pública cuando la propia decisión que elimina el servicio de peaje parte de la Administración y de la entidad que lo gestionaba.

En ese sentido, la representación de los trabajadores sostiene que la causa del ERE ha sido “prefabricada” y que no encaja en los supuestos habituales previstos para un procedimiento de despido colectivo por causas económicas, organizativas o productivas justificadas.

La AP-7 de Alicante pasó de peaje bonificado a gratuidad consolidada

La situación actual de la autopista tiene su origen en el proceso de liberalización progresiva del tramo de la AP-7 Circunvalación de Alicante. En julio de 2024 se autorizó una bonificación temporal del 100 % del peaje como prueba piloto, con el objetivo de comprobar si esta vía podía funcionar como alternativa real a la autovía A-70, una de las carreteras con más presión de tráfico del entorno alicantino. Esa bonificación fue prorrogada después y, finalmente, el Gobierno aprobó la liberalización definitiva del peaje.

De hecho, la documentación oficial publicada en el BOE recoge que el Ministerio justificó la continuidad de la gratuidad por razones de interés general, al considerar que la medida contribuía a mejorar la movilidad, reducir la congestión y disminuir impactos ambientales en la zona.

Sin embargo, el conflicto laboral abierto ahora pone el foco en las consecuencias de esa decisión sobre la plantilla que hasta ahora desarrollaba su trabajo en las cabinas y en el servicio de peaje de esta autopista.

La estructura de decisión, en el centro de la crítica sindical

Otro de los elementos subrayados por CCOO es la relación existente entre la dirección de SEITT y la estructura del propio Ministerio de Transportes. El sindicato pone el acento en que la presidencia del Consejo de Administración de la empresa pública coincide con la Secretaría General de Transporte Terrestre, lo que, a su juicio, evidencia la estrecha conexión entre la decisión de explotación de la vía y la resolución que ha permitido la supresión del peaje.

La crítica sindical se centra, por tanto, no solo en el resultado final del expediente, sino también en la forma en la que se ha articulado el proceso y en la ausencia, según denuncian, de una salida social y laboral para los trabajadores afectados.

Trabajadores sin ocupación efectiva y sin medidas de acompañamiento

CCOO asegura que las personas afectadas por este ERE llevan tiempo en una situación de incertidumbre laboral. Según explica el sindicato, buena parte de la plantilla se encuentra sin ocupación efectiva y ha agotado ya la prestación por desempleo tras haber pasado por sucesivos expedientes de regulación temporal.

A esa situación se suma, siempre según la versión trasladada por la representación sindical, la ausencia de medidas de acompañamiento social por parte de la empresa. CCOO lamenta que no se hayan planteado alternativas que permitan amortiguar el impacto del despido o abrir vías de recolocación, reubicación o protección adicional para los trabajadores afectados.

Un conflicto laboral con impacto en Alicante y su entorno

Aunque el centro del conflicto se encuentra en la circunvalación de Alicante, la repercusión de esta situación trasciende lo estrictamente laboral y afecta también al debate sobre cómo se gestionan las infraestructuras públicas cuando cambian de modelo.

La AP-7 a su paso por Alicante ha sido una de las vías clave dentro de la estrategia estatal para descongestionar la A-70, mejorar la circulación y facilitar una alternativa más fluida al tráfico de largo recorrido y al tráfico metropolitano. Pero esa transformación, que para miles de conductores ha supuesto dejar de pagar por usar la vía, ha derivado ahora en un problema laboral para la plantilla que hasta ahora sostenía el sistema de peaje.

CCOO pide soluciones para la plantilla afectada

Ante esta situación, CCOO cuestiona abiertamente la forma de actuar de SEITT y reclama la búsqueda de soluciones para las 30 personas afectadas por el expediente.

El sindicato insiste en que una empresa pública no debería limitarse a ejecutar despidos tras una decisión administrativa de este calado sin ofrecer salidas reales a quienes han quedado atrapados en el cambio de modelo de gestión.

Por ahora, el conflicto deja una imagen clara: mientras la AP-7 de Alicante consolida su etapa sin peaje, una parte de su plantilla afronta ahora un proceso de despido colectivo que abre un nuevo frente social y laboral en la provincia.