El escándalo de las VPO en Alicante y cómo llegó a tocar a la familia del alcalde
Esta historia empieza con una pregunta que muchas personas de Alicante se hacen cada día: ¿cómo puede ser que quienes gobiernan también se hayan beneficiado de viviendas protegidas?
En 2006, Sagrario Martín, esposa de Luis Barcala —entonces abogado y miembro de la ejecutiva local del PP, aún sin cargo institucional— adquirió una vivienda de protección oficial en el residencial Los Lirios de Alicante, un edificio pensado originalmente para alquiler con precio tasado y destinado a parejas jóvenes o familias con recursos moderados. Lo singular de esa vivienda, además de su destino, es que nunca llegó a ser el hogar de la familia: fue siempre puesta en alquiler y no usada como residencia habitual.
Un giro que ha encendido aún más el debate fue destapado recientemente: la excuñada del alcalde también fue adjudicataria de otra vivienda protegida en ese mismo rellano, puerta con puerta con la de la esposa de Barcala. Esa casa, adquirida por la entonces pareja de su hermano, se vendió después de cumplir los plazos legales, aparentemente con una ganancia notable al comparar el precio de salida con el de mercado actual.
Lo que para muchos eran pisos destinados a facilitar el acceso a una vivienda asequible, a juicio de la oposición y de amplios sectores de la ciudadanía ha terminado pareciendo otro ejemplo de un sistema que benefició a personas vinculadas al poder político local: una familia política que aparca sus aspiraciones en una casa de alquiler mientras otros esperan años para poder acceder a una VPO real.
El ruido mediático y social alrededor de este caso ha crecido en paralelo al escándalo mayor de las adjudicaciones de les Naus, otra promoción de vivienda protegida en la playa de San Juan que está siendo investigada por supuestas irregularidades de reparto entre afiliados y allegados políticos.
En el centro de Alicante, en plazas, tertulias y redes, la historia que se cuenta es otra: la sensación de que las normas del acceso a la vivienda protegida no son iguales para todos, y que quienes deberían dar ejemplo también se han beneficiado de un modelo que muchos consideran opaco o privilegioso. Un relato que, entre debates políticos y legales, sigue vivo en la agenda de la ciudad.
