El escándalo de las VPP pone en cuestión el liderazgo de Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante

Alicante vive días de fuerte agitación política tras el estallido del escándalo relacionado con la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, en Playa de San Juan. Lo que comenzó como una polémica administrativa ha acabado convirtiéndose en una crisis de confianza que afecta de lleno al equipo de gobierno municipal y que ha abierto un serio debate sobre la capacidad de liderazgo y control interno del alcalde, Luis Barcala.

La controversia salió a la luz a finales de enero de 2026, cuando se confirmó que varios cargos públicos y técnicos del Ayuntamiento de Alicante resultaron beneficiarios de viviendas protegidas construidas sobre suelo municipal. Entre ellos se encontraba la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien presentó su dimisión el 31 de enero tras conocerse que era una de las adjudicatarias.

A esta renuncia se sumó la de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, después de que trascendiera que sus hijos también habían obtenido viviendas en la misma promoción. Asimismo, dejó su puesto el jefe de gabinete de Industria, Miguel Ángel Sánchez, cuya salida se produjo tras la exposición pública derivada del caso.

Las dudas se centran en si los beneficiarios cumplían los requisitos de renta exigidos y en la posible existencia de trato de favor, dado que algunas de las personas implicadas desempeñaban funciones relacionadas con la gestión del suelo o con procesos administrativos municipales. También se han señalado intentos de reventa de estas viviendas por importes muy superiores a su precio legal, extremo que ha incrementado la indignación social y política.

La responsabilidad política del alcalde

El alcalde Luis Barcala ha pedido disculpas públicamente por el “escándalo” y ha asegurado que no tenía conocimiento previo de que miembros de su equipo estuvieran entre los adjudicatarios. También ha anunciado la apertura de expedientes internos de investigación y ha afirmado que cualquier indicio de ilegalidad será trasladado a la Fiscalía.

Sin embargo, más allá de la posible responsabilidad individual de los implicados, la oposición pone el foco en la responsabilidad política del máximo responsable del gobierno municipal. Para los grupos críticos, el hecho de que una concejala de Urbanismo, una directora general y un jefe de gabinete hayan estado vinculados a este proceso sin que se detectaran a tiempo posibles conflictos éticos o administrativos refleja, como mínimo, una falta de control y supervisión política.

La cuestión que se plantea ahora en el pleno municipal no es solo si el alcalde conocía los hechos, algo que él niega, sino si ejerció con suficiente firmeza su función de vigilancia sobre su propio equipo en un asunto tan sensible como el acceso a vivienda protegida, destinada a familias con necesidad acreditada.

La moción de censura toma forma

En este contexto, el grupo EU-Podem ha anunciado el inicio de contactos con otras formaciones para presentar una moción de censura contra Barcala. Argumentan que la situación ha deteriorado la confianza ciudadana y que el alcalde ha fallado en su deber de garantizar la ejemplaridad y el buen funcionamiento de su gobierno.

Para que la moción prospere, los grupos de izquierda, entre ellos PSOE, Compromís y EU-Podem, necesitarían sumar apoyos o lograr abstenciones suficientes en un pleno donde el PP mantiene actualmente una posición de relativa estabilidad, aunque cada vez más condicionada por la presión mediática y política.

Dimisiones vinculadas al caso

• Rocío Gómez, concejala de Urbanismo, dimitió tras conocerse que era adjudicataria de una VPP.

• María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, renunció tras la adjudicación a sus hijos.

• Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de Industria, dejó su cargo tras la repercusión pública del caso.

La investigación administrativa y las posibles actuaciones judiciales marcarán los próximos pasos, pero el debate político ya está servido: la oposición no solo cuestiona decisiones concretas, sino la capacidad de liderazgo del alcalde en uno de los episodios más delicados de la actual legislatura en Alicante.