Minneapolis entierra a un enfermero tras un tiroteo que sacude a Estados Unidos
Cuando Alex Jeffrey Pretti salió a la calle la mañana del sábado 24 de enero de 2026 no lo hizo como activista ni como manifestante. Tenía 37 años, era enfermero de cuidados intensivos en el hospital de Veteranos de Minneapolis y, según relatan quienes lo conocían, estaba acostumbrado a cuidar, no a confrontar. Aquella mañana se encontró, casi por azar, con un operativo federal de inmigración en el sur de la ciudad. Nunca volvió a casa.
Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle 26 con la avenida Nicollet, durante una actuación conjunta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, enmarcada en la denominada Operación Metro Surge. Diversos vídeos de seguridad y grabaciones de testigos, posteriormente verificados por medios internacionales, muestran a Pretti observando y grabando el operativo con su teléfono móvil.
Las imágenes también recogen cómo varios agentes lo rocían con gas pimienta y lo derriban al suelo. En ese momento, mientras permanece inmovilizado, se producen varios disparos que acaban con su vida. Alex Pretti muere allí mismo, en plena calle, ante la mirada de vecinos y transeúntes.
La versión ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Pretti portaba un arma de fuego y que los agentes actuaron en defensa propia ante lo que califican como un intento de ataque. Sin embargo, los análisis visuales publicados por distintos medios indican que en las manos de Pretti solo se aprecia un teléfono móvil. Aunque posteriormente se confirmó que era propietario legal de un arma, las grabaciones no muestran que esta fuera empuñada por él en ningún momento previo a los disparos.
Esta contradicción entre el relato oficial y la evidencia gráfica ha alimentado una ola de indignación en Minneapolis, una ciudad que llega a este episodio con un clima ya profundamente tensionado. Se trata del tercer tiroteo protagonizado por agentes federales en menos de tres semanas. El pasado 7 de enero, otra ciudadana estadounidense, Renee Good, murió abatida dentro de su vehículo durante una intervención del ICE.
El despliegue de más de 2.000 agentes federales en Minnesota ha sido duramente criticado por las autoridades locales. Tanto el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, como el gobernador del estado, Tim Walz, han pedido públicamente el cese de estas operaciones, alertando del riesgo que suponen para la convivencia y la seguridad ciudadana. Walz ha solicitado una revisión inmediata de la estrategia federal, mientras que la Casa Blanca ha enviado al exdirector interino de ICE, Tom Homan, para supervisar la situación sobre el terreno.
Mientras tanto, la familia de Alex Pretti y sus compañeros del hospital de Veteranos intentan asimilar una pérdida que consideran incomprensible. Describen a Alex como un profesional comprometido, una persona tranquila y solidaria, alguien acostumbrado a salvar vidas en turnos interminables de UCI. La comunidad ha respondido con vigilias, flores y concentraciones silenciosas en el lugar donde fue abatido.
Las preguntas que deja Minneapolis
Ante lo ocurrido, hay preguntas que ya no se pueden esquivar. Preguntas incómodas, pero necesarias.
¿Puede un ciudadano grabar un operativo federal sin poner en riesgo su vida?
¿En qué momento documentar una actuación policial pasa a considerarse una amenaza mortal?
¿Qué valor tiene la versión oficial cuando las imágenes verificadas cuentan otra historia?
¿Quién asume responsabilidades cuando una intervención termina con un civil muerto en el suelo?
La muerte de Alex Pretti no puede analizarse como un episodio aislado. Llega en un contexto de operaciones masivas, de rechazo institucional y de una ciudad que todavía arrastra cicatrices profundas por anteriores casos de violencia policial. Ignorar ese contexto sería no entender lo que realmente está ocurriendo.
Qué debería hacer Donald Trump
Como presidente de Estados Unidos, Donald Trump tiene ahora una responsabilidad que va más allá del discurso político.
La primera es garantizar una investigación verdaderamente independiente, transparente y pública, ajena a los cuerpos implicados, que esclarezca qué ocurrió y por qué. No para dictar culpabilidades anticipadas, sino para que la verdad no quede diluida en comunicados oficiales.
La segunda es revisar —y si es necesario suspender— este tipo de operativos federales en zonas urbanas, cuando su ejecución está generando muertes, rechazo institucional y una ruptura evidente con gobiernos locales y estatales.
Y la tercera es reafirmar de forma inequívoca que grabar a las fuerzas del orden es un derecho, no una provocación ni una amenaza. Cuando ejercer ese derecho acaba con una persona muerta, el problema deja de ser operativo y pasa a ser político y moral.
Minneapolis no está pidiendo impunidad ni confrontación. Está pidiendo respuestas, límites claros y la certeza de que la vida de un ciudadano no puede quedar reducida a una nota secundaria dentro de una operación federal.
Hasta el momento, ningún juez estadounidense ha ordenado la detención ni la prisión preventiva de los agentes del ICE implicados en el tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti. No existen cargos penales formales abiertos contra ellos. Lo único dictado por la Justicia federal ha sido una orden para preservar todas las pruebas del caso, ante el temor de que pudieran alterarse o destruirse, una medida habitual cuando existen dudas sobre la transparencia de una investigación, pero que no implica imputaciones.
En Estados Unidos, los agentes federales cuentan con una protección legal muy amplia cuando actúan en el ejercicio de sus funciones. Cualquier intento de procesamiento penal desde un tribunal estatal puede ser trasladado a la jurisdicción federal, donde rige además la llamada inmunidad calificada, un estándar jurídico que dificulta imputar a un agente salvo que se demuestre que actuó de forma claramente inconstitucional o con desprecio evidente por la vida. Este marco legal explica por qué, incluso en casos con fuerte impacto social y evidencias contradictorias, las detenciones de agentes federales son excepcionales y lentas, alimentando la percepción de impunidad que hoy recorre Minneapolis.
