Alicante impulsa el control de los pisos turísticos con un convenio sancionador que llegará al Pleno
El Ayuntamiento de Alicante da un nuevo paso en su estrategia de control y ordenación de las viviendas de uso turístico. El gobierno municipal llevará este viernes a la Comisión de Urbanismo y, posteriormente, al Pleno ordinario del mes de enero, la propuesta de adhesión a un convenio marco que permitirá al consistorio asumir competencias sancionadoras en materia de pisos turísticos ilegales.
El acuerdo se formalizará entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y habilitará al Ayuntamiento de Alicante para incoar, tramitar y resolver procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves relacionadas con las viviendas de uso turístico en el término municipal.
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha defendido la iniciativa como “un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística”. Según ha explicado, asumir estas competencias permitirá al Ayuntamiento disponer de más herramientas y medios para combatir las irregularidades y evitar que la actividad turística se desarrolle al margen de la legalidad.
La propuesta no llega sola. Está respaldada por varios informes técnicos y jurídicos que avalan su viabilidad legal y presupuestaria. El Servicio de Economía y Hacienda ha emitido un informe favorable en materia de estabilidad presupuestaria, mientras que el Servicio Jurídico municipal certifica que no existe ningún impedimento legal para la tramitación y aprobación del convenio.
Además, el Ayuntamiento ha analizado en detalle el impacto que tendría esta nueva responsabilidad sobre los recursos municipales. Un informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, evalúa tanto la carga de trabajo actual como la que supondrá la asunción de las competencias sancionadoras en viviendas de uso turístico.
Según este documento, entre los años 2023 y 2025 se han incoado en Alicante un total de 418 expedientes de infracción urbanística relacionados con viviendas de uso turístico. En cerca del 80 % de los casos, las infracciones se han confirmado mediante actas de inspección y decretos de suspensión de la actividad, y en el 90 % de esos expedientes se ha procedido a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador.
El informe estima que la adhesión al convenio supondrá un incremento aproximado del 20 % en la carga de trabajo del departamento técnico. No obstante, este aumento se considera asumible con los medios disponibles, ya que el impacto en el presupuesto de gastos se considera nulo. El personal necesario se cubrirá mediante la redistribución de efectivos ya existentes y con incorporaciones previstas en los procesos selectivos actualmente en marcha.
Desde el punto de vista económico, la previsión es claramente positiva. En función de la gravedad de las infracciones detectadas por la Unidad de Aperturas y Disciplina Urbanística de la Policía Local, el informe calcula que la asunción de las competencias sancionadoras podría generar unos ingresos de 8.845.650 euros en los cinco ejercicios presupuestarios de vigencia inicial del convenio.
Manuel Villar ha subrayado que esta medida se suma a otras actuaciones ya impulsadas por el Ayuntamiento para garantizar un desarrollo turístico sostenible y compatible con el uso residencial. Entre ellas, ha recordado la moratoria en la concesión de nuevas licencias para viviendas de uso turístico y la tramitación de la Modificación Puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que introduce una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad.
La adhesión al convenio se debatirá inicialmente en la Comisión de Urbanismo de este viernes y se elevará al Pleno municipal para su aprobación definitiva la próxima semana. Si el Pleno da luz verde a la propuesta, el Ayuntamiento de Alicante presentará formalmente la solicitud de adhesión ante la Dirección General de Turismo, consolidando así un nuevo marco de control sobre las viviendas de uso turístico en la ciudad.
