Ayuso y la gestión de la COVID en Madrid bajo la lupa por la muerte de más de 7200 ancianos

• El dolor silencioso de las residencias madrileñas durante la COVID y el protocolo que los condenó

• Más de 7200 mayores murieron en residencias de Madrid sin traslado hospitalario por el protocolo COVID

• La frase de Ayuso que marcó a las familias de los fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia del COVID: «de todos modos se iban a morir»

13 de diciembre de 2025

Han pasado ya varios años desde aquella primavera de 2020, pero la herida sigue abierta. En la Comunidad de Madrid, la gestión de la primera ola de la COVID-19 dejó una cicatriz imborrable: el dolor de miles de familias cuyos seres queridos, nuestros mayores, fallecieron en soledad dentro de las residencias. El núcleo de esta tragedia fue lo que se conoce, con mucha razón, como el «Protocolo de la Vergüenza». Es una historia que necesitamos recordar y entender por completo.

¿Qué Supuso el «Protocolo de la Vergüenza»?

Tenemos que imaginar la desesperación de aquellas semanas. Los hospitales estaban desbordados. En ese contexto de colapso, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió una serie de instrucciones internas que, si bien se justificaron como una necesidad para la gestión de recursos, actuaron como un muro infranqueable para muchos residentes.

El protocolo no fue un simple papel administrativo; fue una decisión que definió quién merecía, o no, una oportunidad en un hospital. Estableció criterios de exclusión que miraban directamente la dependencia física (Grado III) y el deterioro cognitivo (demencia severa) de los residentes. La cruel verdad es que, en la práctica, se estaba decidiendo que aquellos con peor pronóstico o mayor vulnerabilidad debían quedarse donde estaban. Fue una discriminación por edad y condición, una decisión que hoy sigue generando escalofríos.

La Consecuencia Más Dura: Morir sin Asistencia Completa

Las cifras son frías, pero detrás de cada número hay una vida, un abuelo, una madre. La consecuencia más devastadora fue la mortalidad masiva en estos centros.

Se estima, con datos verificados, que más de 7.200 personas que residían en centros de mayores murieron en el interior de sus residencias. Lo más duro es que lo hicieron sin haber sido trasladadas a un hospital. Las residencias, por muy buena voluntad que pusieran sus trabajadores, sencillamente carecían del personal médico, los respiradores y los equipos necesarios para tratar una enfermedad tan agresiva como la COVID-19 en sus fases críticas. A estas personas se les negó, de facto, el derecho a una valoración médica presencial y la posibilidad de un tratamiento avanzado que, aunque no garantizara la vida, sí ofrecía una esperanza y, sobre todo, una atención digna hasta el final. La sensación de las familias es que se les arrebató la última oportunidad de luchar.

¿Quién está Señalado por la Justicia?

Las familias no se han quedado de brazos cruzados. El dolor se ha transformado en una búsqueda de justicia que ha llevado a varios ex altos cargos a ser investigados por presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.

Hablamos de personas que tenían la capacidad de decidir la estrategia sanitaria de la región:

• Carlos Mur de Víu, el ex Director General de Coordinación Sociosanitaria, es el firmante de los documentos más controvertidos, los que ponían el veto al traslado.

• También han sido señalados su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo, y el ex jefe del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza, cuya institución estaba a cargo de ejecutar o denegar los traslados de ambulancia.

  

  

  

Ellos son las figuras técnicas que la justicia ha puesto bajo la lupa para esclarecer si hubo responsabilidades penales en el diseño y aplicación de estos criterios.

La Responsabilidad que Supera lo Técnico

Es imposible hablar de esto sin mirar al nivel político más alto. Aunque los investigados son cargos técnicos, la responsabilidad política final recae directamente sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).

Ella era la máxima responsable de la toma de decisiones en la región durante la crisis sanitaria. Las asociaciones de familiares y la oposición han insistido desde el inicio que las restricciones de los protocolos eran decisiones políticas que emanaban de la cúpula del Gobierno, y que era la presidenta quien conocía y respaldaba la estrategia de no derivación. La gestión de una catástrofe humanitaria de esta magnitud siempre tendrá una cabeza política a la que señalar.

Ayuso: El Frío Latigazo de “De Todos Modos se Iban a Morir”

El debate sobre la responsabilidad se elevó a una dimensión de profunda herida emocional cuando, meses después de la tragedia, la presidenta Díaz Ayuso pronunció una frase que resonó con una frialdad estremecedora.

Fue en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en septiembre de 2021, cuando, defendiendo su gestión, argumentó que, dada la edad y las patologías crónicas de los fallecidos, muchos de ellos «de todos modos se iban a morir» a causa de la COVID-19. Esta declaración, cargada de una insensibilidad percibida por las familias, no hizo sino avivar la indignación. Para miles de personas, esa frase no era una justificación técnica, sino el resumen de una actitud: la de dar por perdida la vida de sus seres queridos antes de tiempo, negándoles la dignidad de ser atendidos hasta el último aliento en igualdad de condiciones que el resto de la población. Es una de esas frases que la historia de la pandemia en Madrid, lamentablemente, nunca olvidará.