Retroceso en el sistema de dependencia por las decisiones del Consell según CCOO y plataformas sociales
El análisis del estado actual del sistema de atención a la dependencia volvió a situarse en el centro del debate público durante la mesa redonda “Sobre los 19 años de la Ley de Dependencia”, celebrada en la Universidad Miguel Hernández de Elche y organizada por CCOO Vinalopó–Vega Baja junto a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. A lo largo de la sesión, personas expertas y representantes de entidades sociales coincidieron en señalar que las decisiones del actual gobierno autonómico están provocando un retroceso significativo en el Sistema Valenciano de Servicios Sociales.
Durante su intervención, la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, expresó con claridad la preocupación del sindicato por la paralización de normativas y planes estratégicos previamente pactados en el marco del diálogo social. Entre ellos, destacó el freno al Pla Convivint, un proyecto que contemplaba la creación de 250 centros y 7.000 plazas públicas destinadas a mejorar la atención de personas dependientes en la Comunidad Valenciana. Para Montero, esta interrupción supone un bloqueo directo a la consolidación de un sistema estable y digno.
La dirigente sindical subrayó también la urgencia de reforzar infraestructuras, ampliar los servicios profesionales y asegurar una red territorial capaz de atender a las personas en su entorno más cercano. “Defendemos un modelo que permita envejecer y vivir donde cada persona ha construido su vida, apoyándose en servicios como la ayuda a domicilio, la teleasistencia avanzada o los centros de día, imprescindibles para evitar el desarraigo y la institucionalización innecesaria”, afirmó.
Otro de los puntos críticos que salió a la luz fue la precariedad laboral que afecta al sector. Montero recordó que más de la mitad de las personas trabajadoras tienen contratos parciales o temporales y que los salarios se sitúan por debajo de la media estatal. Además, lamentó el incumplimiento del acuerdo de mejora de condiciones laborales en la red pública, una situación que definió como “inaceptable” para un sector esencial y mayoritariamente feminizado.
Desde CCOO PV, se insistió en la necesidad de poner fin a la lista de espera que afecta a miles de personas en la Comunidad Valenciana, así como a los retrasos acumulados en la resolución de expedientes. “Sin más recursos, profesionalización y compromiso político, no podremos avanzar hacia un sistema sólido y centrado en quienes más lo necesitan”, concluyó Montero.
La sesión también contó con la participación de Eva Guzmán, representante de la Coordinadora de Plataformas por la Ley de Dependencia en el País Valencià. Guzmán denunció que la Secretaría autonómica no se ha reunido con su organización y reivindicó la importancia de reconocer y cuidar a quienes asumen las labores de atención. Señaló la necesidad de ofrecer descansos, derechos y visibilidad a las personas cuidadoras, además de adaptar la atención a las características específicas de cada perfil usuario. Asimismo, destacó la existencia de diferencias apreciables entre las residencias de gestión pública y las de gestión privada.
En el cierre de la jornada, Rosario Rives, portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Elche, recordó la trayectoria de lucha del colectivo y el propósito que los impulsó desde el inicio: hacer cumplir la ley. Explicó que hubo personas que tardaron hasta cuatro años en recibir las prestaciones reconocidas por derecho, y que la situación se agravó con los recortes introducidos durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Según Rives, aquello supuso un antes y un después, incrementando los copagos hasta niveles insostenibles, especialmente en áreas como la salud mental.
Rives relató cómo las plataformas intensificaron su actividad, recurriendo incluso a la vía judicial para obligar a la Administración a pagar los atrasos correspondientes. Además, recordó que aunque la Ley de Dependencia es estatal, su aplicación requiere desarrollos autonómicos, y en ese sentido destacó el decreto impulsado en 2017 bajo el Gobierno del Botànic. Este decreto incluyó avances como la figura del asistente personal para grados de dependencia altos, el profesional PATI para atención infantil y la financiación para trabajos de prevención de la autonomía.
La jornada terminó con la sensación compartida de que la defensa de un sistema de dependencia digno continúa siendo una tarea fundamental para miles de familias valencianas.
