La gestión del Vinalopó cuestionada por sindicatos y plataformas ante dudas de priorizar beneficios
Desde hace semanas, la polémica sobre la gestión del Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó sigue creciendo. Colectivos como Compromís y la Plataforma por la Reversión del Vinalopó han elevado sus críticas, denunciando una gestión contradictoria con el derecho a una sanidad pública digna. Se plantean preguntas incómodas: ¿es posible que una empresa privada priorice la rentabilidad por encima de la salud de miles de personas?
Deuda reconocida, beneficios millonarios y promesas incumplidas
Según Compromís, Ribera Salud mantiene una deuda con la administración autonómica de unos 75 millones de euros en el área sanitaria Elx-Crevillent.
Para muchos críticos, esa cifra es incompatible con la continuidad de la concesión del hospital, pues constituye una grave falta de cumplimiento de los compromisos económicos del contrato.
Sin embargo — y esto es lo que dispara la indignación — en 2024 Ribera Salud declaró unos 808 millones de euros en beneficios a nivel global.
Por otro lado, respecto al compromiso de invertir en infraestructuras cuando se le adjudicó la concesión (2010-2025), la compañía reconoció que tenía pendientes por invertir 1,6 millones de euros cuando terminó ese periodo.
Prórroga de la concesión con nuevas promesas, pero sin garantías sólidas
En marzo de 2025, la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana aprobó la prórroga de la gestión del Hospital del Vinalopó por cinco años más (hasta 2030). A cambio, Ribera Salud se comprometió a destinar unos 63,5 millones de euros adicionales, además de ampliar el hospital con entre 70 y 100 camas extra y construir un nuevo centro de salud en Crevillent.
Pero quienes ponen en duda esa continuidad recuerdan que muchas de esas mejoras quedan sobre el papel. Según Compromís, no hay acceso público a las actas de control, a los indicadores de calidad ni a los detalles de las liquidaciones que supuestamente justificaron la renovación.
Voces críticas: salud de ciudadanos vs. estrategia empresarial
El rechazo se ha intensificado en los últimos días tras la difusión de un audio atribuido al consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que se sugería aumentar las listas de espera, rechazar pacientes y reducir la actividad asistencial con el objetivo de maximizar beneficios económicos.
Esa filtración ha reactivado la demanda de una auditoría pública inmediata, total transparencia sobre contratos y liquidaciones, e incluso la reversión del hospital al ámbito público, tal como exige la Plataforma por la Reversión junto con sindicatos y formaciones políticas como Compromís.
Más allá de debates políticos, lo que está en juego es la salud de decenas de miles de personas de Elche, Crevillent y municipios cercanos. Las preguntas son legítimas y urgentes: ¿Qué inversión real se ha realizado? ¿Cuál es la deuda exacta? ¿Qué ratios de personal y calidad asistencial hay? ¿Se garantiza que la prioridad es la salud, no el beneficio?
Si los compromisos de inversión, las auditorías y los controles no se traducen en realidades tangibles, la desconfianza se acrecienta: no se trata solo de números, sino de la garantía de que el sistema sanitario preserve su fin esencial.
