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Ante la debilidad política del liderazgo de Feijóo, el PP premia la nefasta gestión de Mazón durante la DANA con una «Paguita»

Críticas al liderazgo de Feijóo mientras el PP es acusado de premiar la gestión de Mazón durante la DANA

Diversas voces de la oposición y colectivos sociales han intensificado en los últimos días sus críticas hacia la dirección del Partido Popular, señalando lo que califican como “debilidad política” de Alberto Núñez Feijóo por no promover una moción de censura y optar, en su lugar, por convocar manifestaciones en la calle como vía de presión política. Estas críticas sostienen que el líder del PP estaría utilizando las movilizaciones para evitar afrontar un debate parlamentario formal que, según señalan, evidenciaría su falta de apoyos suficientes.Feijóo convoca una manifestación nacional contra el Gobierno ante el temor a fracasar en una moción de censura.

Paralelamente, otro foco de controversia se ha reavivado en torno al expresident de la Generalitat Valenciana y actual diputado autonómico, Carlos Mazón. Grupos de la oposición, familiares de víctimas de la DANA y diversas entidades cívicas han denunciado públicamente lo que consideran un “premio político” otorgado por el PP tras su gestión durante la catástrofe meteorológica. Las acusaciones hacen referencia al reciente nombramiento de Mazón como presidente de la Comisión de Reglamento de Les Corts, un cargo que lleva asociado un complemento salarial cercano a los 634 euros mensuales.

Críticas sobre el aforamiento y el proceso judicial

Las críticas más repetidas se centran en que Mazón continúa siendo diputado autonómico, condición que le confiere la figura del aforamiento. Esto implica que cualquier eventual investigación contra él debe ser asumida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y no por un juzgado ordinario. La oposición señala que esta situación dificulta el avance del procedimiento iniciado por la gestión de la DANA, mientras que entidades ciudadanas consideran que este marco jurídico genera una sensación de falta de transparencia.

Por su parte, el TSJCV ha rechazado en distintas resoluciones asumir una investigación contra Mazón al considerar que no existían indicios suficientes para ello. Desde el entorno del actual dirigente popular se recalca que esta es la conclusión del tribunal competente y que el aforamiento es una figura legal plenamente establecida en el ordenamiento jurídico español.

Indignación entre colectivos vinculados a las víctimas de la DANA

Familiares de víctimas y plataformas ciudadanas han mostrado su malestar y aseguran sentirse “agraviados” por la combinación del aforamiento y el complemento salarial. A juicio de estos grupos, las instituciones deberían mostrar mayor sensibilidad hacia quienes perdieron a sus seres queridos durante la DANA. Señalan que decisiones como el mantenimiento del acta y la asignación de nuevos cargos generan una percepción de impunidad que, según afirman, dificulta el proceso de reparación social.

Dirigentes del PSPV, Compromís y otros grupos parlamentarios han calificado la asignación del cargo a Mazón como una “paguita” que —según sostienen— no responde al interés público, sino a una estrategia de protección política interna. Desde el PP, sin embargo, se defiende que la designación es plenamente legítima, acorde al reglamento parlamentario y coherente con la trayectoria institucional del diputado.UNA PAGUITA PARA MAZÓN

Debate político en ascenso

La conexión entre ambos frentes —el liderazgo nacional de Feijóo y la situación jurídica y parlamentaria de Mazón— ha generado un notable incremento de tensión política. Críticos del PP consideran que ambos casos reflejan una estrategia de “evitar responsabilidades”, mientras que desde el PP se defiende que se trata de ataques políticos y que las decisiones adoptadas cumplen estrictamente con la legalidad vigente.

La controversia continuará previsiblemente en el debate público, mientras la oposición exige explicaciones y responsabilidades políticas, y el Partido Popular insiste en la legitimidad de sus decisiones tanto en el ámbito nacional como autonómico.