Comunidad Valenciana gobernada por VOX en las sombras
El nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente del gobierno autonómico de Generalitat Valenciana, con el apoyo decisivo de VOX, ha encendido nuevamente las alertas de quienes advierten de una deriva: “gobernar desde las sombras”. A falta de un pacto público con rúbrica, la extrema dependencia parlamentaria del PP respecto a VOX plantea serias dudas sobre hasta qué punto VOX marca la agenda política valenciana.
El jueves 27 de noviembre, Pérez Llorca logró la investidura con 53 votos a favor: los 40 del Partido Popular (PP) y los 13 de VOX.
El portavoz de VOX en las Corts Valencianes, José María Llanos, confirmó el respaldo de su grupo y dejó clara su condición: VOX apoyaría “al precio del gran valor de esta tierra”.
Sin pacto público firmado — pero con concesiones claras
Aunque las negociaciones con VOX concluyeron con éxito, ese apoyo se produjo sin que se haya hecho público un acuerdo programático firmado. El propio Pérez Llorca aseguró que “no he encontrado nada que me haga dudar de la responsabilidad de VOX” y consideró innecesario formalizar un pacto por escrito.
Pese a ello, su discurso de investidura incorporó medidas reclamadas por VOX en materia de inmigración y seguridad: planteó una “política migratoria ordenada”, la publicación de la nacionalidad de los detenidos por delitos, y el rechazo a ciertas políticas medioambientales vinculadas al llamado «Pacto Verde» de la Unión Europea.
Para muchas fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil, este esquema implica que VOX ejercerá un rol de segunda línea pero con poder real de decisión.
Algunas voces advierten de que la ausencia de un pacto formal y la ambigüedad en la distribución de responsabilidades pueden convertir a VOX en árbitro de facto de las políticas autonómicas, imponiendo su agenda sin asumir directamente responsabilidades.
Qué significa “gobernar en las sombras”
-
-
Que VOX no ostente presidencias de consellerías clave, pero que su apoyo parlamentario sea imprescindible para aprobar leyes, presupuestos o decisiones importantes.
-
Que su influencia lleve a adoptar políticas polémicas — especialmente sobre inmigración, seguridad, medio ambiente o libertad lingüística — sin un debate abierto ni un contrato explícito entre partidos.
-
Que dificulte la rendición de cuentas por parte del gobierno, ya que muchas decisiones podrían atribuirse a un espectro difuso entre PP y VOX.

-
Qué está en juego
La composición actual del gobierno valenciano redefine el eje de poder: aunque formalmente gobierna el PP, hoy VOX tiene capacidad de veto o de imposición indirecta. Las consecuencias podrían verse en decisiones sobre migración, leyes de convivencia social, políticas medioambientales, derechos civiles y otros ámbitos clave para la ciudadanía.
Quienes denuncian este formato subrayan que la estabilidad se ha puesto por encima de la transparencia y del debate democrático, relegando la participación ciudadana a un segundo plano.
La reciente investidura de Juanfran Pérez Llorca con los votos de VOX confirma lo que muchos ya temían: en la Comunitat Valenciana, VOX actúa como la pieza decisiva detrás del escenario. Una influencia sutil, pero poderosa — tan discreta que apenas deja rastro formal, pero con consecuencias reales para las políticas públicas. El riesgo de una administración condicionada por un partido sin responsabilidades directas debe alertarnos sobre el valor de la transparencia y la rendición de cuentas en un sistema democrático.

