La jueza de la DANA cuestiona la versión de Mazón y pide las grabaciones de sus comparecencias
La Magistrada Nuria Ruiz Tobarra, encargada de instruir el caso por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, ha manifestado públicamente sus dudas sobre la versión ofrecida por el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante su comparecencia en el Congreso y en Les Corts.
En un auto reciente, la jueza solicita a ambas cámaras que remitan “a la mayor brevedad” las grabaciones de dichas comparecencias, con el fin de incorporarlas al procedimiento penal. Según la magistrada, hay “inconsistencias” entre lo declarado por Mazón y los hechos ya documentados en la instrucción.
Entre los puntos en los que la jueza pone en tela de juicio la versión de Mazón se encuentran sus afirmaciones sobre las llamadas recibidas o realizadas al 112 durante la emergencia. Mazón admitió en su comparecencia que pudo haber llamadas “canceladas” o “perdidas” —incluyendo una de Salomé Pradas, por entonces consellera de Emergencias—, y llegó a argumentar que no las atendió porque tenía el teléfono “en la mochila”.
Sin embargo, según el auto de la juez Ruiz, existen pruebas que apuntan a las llamadas. Pradas hizo constar ante el juzgado que en varias ocasiones contactó con Mazón ese día. Además, la instrucción del caso ha registrado que a las 20:33 h del 29-O se formuló una petición al Centro de Coordinación de Emergencias para movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME), haciendo constar expresamente que ya había fallecidos, lo que contradice la versión de Mazón acerca de que no conoció las muertes “hasta bien entrada la madrugada”.
Por otra parte, la jueza ha solicitado también a RTVE el vídeo de una reunión del mismo 29 de octubre en la que Mazón, durante una sesión del Consell con sindicatos y patronal, comentó que “hay una primera alerta hidrológica“, en presencia de otros altos cargos. La magistrada considera que este material puede ser clave para esclarecer “el nivel de conocimiento que la Administración autonómica tenía” sobre el riesgo de inundación en el barranco del Poyo.
Estas actuaciones por parte de la jueza no son aisladas. En otra providencia, ha decidido unir al sumario el listado de llamadas de Mazón el día de la DANA, un documento que previamente había sido remitido por la Presidencia de la Generalitat a la comisión de investigación de Les Corts.
Con estas decisiones, la jueza refuerza una línea de investigación que plantea serias dudas sobre la versión oficial dada inicialmente por Mazón sobre su conocimiento y actuación durante la crisis. Las discrepancias entre las declaraciones parlamentarias, la documentación judicial y las grabaciones solicitadas podrían tener un impacto decisivo en la instrucción, pues apuntan a una posible ocultación o, al menos, a una comunicación deficiente por parte del Gobierno valenciano en un momento clave.
