La candidatura de Pérez Llorca salpicada por un hotel en conflicto, patrimonio oculto y una piscina ilegal
El aspirante del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco “Juanfran” Pérez Llorca, se enfrenta a una serie de polémicas que podrían condicionar su candidatura. Aunque ha sido elevado por la dirección del partido como posible sucesor de Carlos Mazón, su historial empresarial y patrimonial ofrece una radiografía compleja: un hotel en disputa, propiedades no declaradas y una vivienda con obras presuntamente ilegales.
El conflicto en el hotel familiar
Una de las piezas clave de la trayectoria empresarial de Pérez Llorca es el hotel Allon Mediterrània, situado en la playa de la Vila Joiosa. La familia Pérez Llorca tiene el 50 % de la propiedad junto al empresario hispanorruso Konstantin Viktorovich Sokolov Medvedev. La sociedad propietaria es Elbim Hotel SL, mientras que la operativa recae en Costa Jonense Gestión de Hoteles SL, gestionada por sus hermanas Patricia y Magdalena bajo la supervisión del padre.
Aunque Juanfran no participa en la gestión diaria del hotel, ha sido apoderado de la empresa y, en su momento, disfrutó de un vehículo de empresa, incluso mientras ejercía como alcalde y diputado provincial.
El socio capitalista hispanorruso ha iniciado acciones legales para liquidar las sociedades vinculadas al hotel. Argumenta una gestión “opaca”, denuncia que le han excluido del consejo de administración pese a su participación al 50 %, y critica que las hermanas de Pérez Llorca se hayan fijado salarios elevados —de 50.000 a 60.000 euros— sin informar a todos los socios.
Según fuentes cercanas, el hotel ha generado entre 400.000 y 800.000 euros al año, pero no ha repartido dividendos. Esto significa que, según estas fuentes, solo la familia de Pérez Llorca estaría obteniendo beneficios, mediante sueldos y otras formas de retribución.
Un juzgado mercantil de Alicante falló a favor del socio en disputa, aunque la sentencia ha sido recurrida por la familia Pérez Llorca. Según las estimaciones, en caso de liquidación, el edificio y el negocio hotelero tendrían un valor de aproximadamente 16 millones de euros, aunque la familia no parece dispuesta a vender ni a compensar al socio.
Una vivienda con polémica urbanística
Otro foco de controversia tiene que ver con la vivienda personal de Pérez Llorca en Finestrat, localidad de la que es alcalde. La casa se encuentra en una parcela catalogada como suelo no urbanizable, según registros oficiales, lo que podría contravenir la normativa urbanística.
En los últimos años, en esa parcela se han construido un cenador, un parking cubierto y una piscina, obras que, según expertos en urbanismo consultados por medios como Diari la Veu, no cuentan con la licencia específica requerida para suelo no urbanizable.
Estudios comparativos de imágenes aéreas muestran que entre 2016 y 2020 se hizo visible la lámina de agua característica de una piscina de obra, cuando previamente no existía. Según la normativa valenciana, una piscina en suelo no urbanizable necesita una licencia específica, independientemente de cuándo se construyó la vivienda principal. Al no encontrarse un expediente con proyecto, informes técnicos y resolución administrativa, fuentes del Ayuntamiento estiman que la obra es “no autorizada” y podría estar sujeta a sanciones o incluso a restauración.
Patrimonio no declarado, según denuncian algunos medios
Más allá del hotel y la vivienda, Pérez Llorca también arrastra señalamientos sobre su patrimonio inmobiliario. De acuerdo con información publicada en medios, su familia posee al menos ocho inmuebles a través de sociedades empresariales, algo que según esos reportes no estaría reflejado en su declaración de bienes ante las Corts Valencianes.
Las empresas en cuestión —una inmobiliaria y una promotora—, presuntamente gestionadas por miembros de su familia, administrarían múltiples viviendas (domésticas y de campo), plazas de garaje, trasteros y terrenos urbanos y agrícolas. Según los datos publicados, el valor estimado de esos activos sería de varios millones de euros.
Las sociedades mencionadas incluyen Rancallosa I SL, en la que Pérez Llorca tiene, según fuentes, 15 participaciones y de la cual es apoderado. A través de esa empresa se poseen varias viviendas en localidades como Orxeta y Finestrat, así como terrenos agrícolas en la zona.
Otra sociedad familiar, Alt de Pérez SL, también figura con participaciones de Pérez Llorca. Esta empresa gestionaría un dúplex en Finestrat, una vivienda en Orxeta, trasteros, plaza de garaje y una parcela urbana de aproximadamente 4.500 m².
En su declaración pública ante las Corts Valencianes, Pérez Llorca reportó posesiones no inmobiliarias por valor de unos 113.442 euros y no incluyó bienes inmuebles, algo que choca con los datos empresariales que han trascendido en la prensa.
Vínculos profesionales con su asesor jurídico
El bufete que representa las empresas hoteleras de la familia Pérez Llorca es el despacho del abogado David Serra, una figura polémica por su implicación pasada en el caso Gürtel como exdiputado del PP.
Además, según medios, Pérez Llorca habría adjudicado al despacho de Serra un importante contrato municipal desde el Ayuntamiento de Finestrat: cerca de 192.000 euros para servicios de asesoría jurídica.
Implicaciones políticas y riesgos para su candidatura
Estas tres grandes piezas —el hotel, la vivienda con posibles irregularidades y el patrimonio inmobiliario no declarado— constituyen lo que algunos medios han llamado la “mochila empresarial” de Pérez Llorca. En un momento en que se perfila como posible presidente de la Generalitat Valenciana tras la salida de Carlos Mazón, estos temas podrían convertirse en líneas de ataque para sus adversarios políticos.
Además, su figura ya está bajo el foco por otros frentes: recientemente se ha anunciado su testimonio judicial en la causa sobre la gestión de la DANA, lo que añade más presión sobre su papel público.
La candidatura de Juanfran Pérez Llorca no solo enfrenta desafíos electorales, sino también problemas empresariales y patrimoniales que podría tener que resolver públicamente. Mientras aspira a liderar la Generalitat, media prensa valenciana analiza con lupa sus activos, sus sociedades y su conducta como empresario y dirigente local. Los tribunales, la normativa urbanística y la opinión pública están ahora más pendientes que nunca de su próximo movimiento.
