La Guardia Civil destapa 64 construcciones ilegales en suelo rústico de Alicante y alerta del riesgo de vivir en zonas no urbanizables
La Guardia Civil ha destapado una nueva trama de construcciones ilegales en diversas partidas rurales de Alicante que ha culminado con la investigación de 64 personas, presuntamente implicadas en delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. En algunos casos, los agentes también atribuyen a los investigados falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.
La operación, denominada “Urbanitas”, ha sido desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y forma parte de las actuaciones permanentes que el instituto armado lleva a cabo para frenar el crecimiento irregular en zonas rurales y preservar un modelo urbanístico sostenible en la provincia.
Durante los últimos meses, los agentes del Seprona realizaron más de 70 inspecciones en terrenos ubicados en partidas como El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent, todas ellas dentro del término municipal de Alicante. En la mayoría de los casos, se trataba de parcelas rústicas no urbanizables, muchas de ellas situadas incluso en zonas de rambla o cauces naturales, donde la legislación vigente prohíbe expresamente construir o dividir el terreno debido al riesgo de inundaciones y al valor ambiental de estos espacios.
Una práctica reiterada y un beneficio económico fraudulento
La investigación se inició en octubre del año pasado, tras varias denuncias presentadas por asociaciones vecinales y particulares, junto con irregularidades detectadas de oficio por el Seprona. Los agentes descubrieron que intermediarios actuaban entre los propietarios de terrenos sin uso y potenciales compradores. En algunos casos, los intermediarios llegaban a adquirir las fincas para revenderlas fraccionadas, o bien mediaban en la operación para convencer a los compradores de adquirir una parte del terreno.
El procedimiento consistía en dividir las parcelas en pequeños lotes, tanto de forma documental como física, con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico. Posteriormente, los compradores firmaban contratos privados de compraventa mediante los cuales adquirían un porcentaje del terreno original, sin una delimitación concreta dentro de la finca matriz. Esa modalidad hacía que cada comprador asumiera la responsabilidad urbanística y legal del conjunto, exponiéndose a sanciones y a la posible demolición de la vivienda construida.
En total, 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, están siendo investigados. Tres de ellos habrían actuado como intermediarios en las operaciones. Además de los delitos urbanísticos, algunos también se enfrentan a cargos por falsedad documental, al haber manipulado contratos o escrituras para engañar a la Administración Pública, y por delitos contra la Hacienda Pública, al haber omitido declaraciones o defraudado impuestos vinculados a las transacciones.
Consecuencias legales y riesgos para los compradores
La Guardia Civil ha trasladado todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Alicante y ha notificado las infracciones urbanísticas detectadas a los organismos competentes. Las sanciones podrían incluir, además de multas económicas, la demolición de las edificaciones ilegales y el corte de suministros básicos como agua, electricidad, gas o telefonía.
El instituto armado ha recordado que comprar una vivienda ilegal en suelo rústico implica graves riesgos. Entre ellos, la pérdida total del dinero invertido si la edificación es demolida, posibles daños materiales en caso de lluvias torrenciales, sanciones urbanísticas por ocupación irregular, problemas registrales y dificultades para acceder a servicios esenciales. Estas advertencias buscan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de verificar la legalidad urbanística antes de adquirir cualquier inmueble.
Reacciones políticas: críticas del PSOE al Ayuntamiento
Tras conocerse los resultados de la operación, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha acusado al alcalde Luis Barcala de “inacción y falta de control” ante el crecimiento de estos asentamientos irregulares.
Barceló ha recordado que “estas construcciones no aparecen de la noche a la mañana” y que las asociaciones vecinales llevan tiempo denunciando la situación. “¿Dónde estaba el alcalde mientras se levantaban estos sesenta asentamientos ilegales?”, se ha preguntado. Según la portavoz socialista, se ha producido una dejación de funciones municipal, al no garantizar la seguridad de los residentes ni proteger el entorno. “Se ha permitido edificar en zonas de rambla, lo cual supone un grave riesgo para las personas y demuestra una falta de vigilancia urbanística”, ha subrayado.
La edil ha instado al Ayuntamiento a reforzar los mecanismos de inspección y a colaborar activamente con las fuerzas de seguridad para prevenir nuevas irregularidades. En su opinión, “la responsabilidad no se limita a quienes construyen, sino también a quienes miran hacia otro lado mientras se vulnera la ley”.
