Moreno Bonilla acepta la dimisión de la consejera de Salud en medio de protestas masivas por los cribados mamográficos
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha aceptado la renuncia de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, tras la oleada de críticas públicas por los fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama que han afectado a al menos 2.000 mujeres. La dimisión se produce en un contexto de gran presión social, movilizaciones en diferentes ciudades y exigencia explícita de responsabilidades políticas que trasciende el relevo en el ámbito sanitario.
Origen de la crisis sanitaria
El escándalo estalló cuando asociaciones de pacientes, especialmente la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Andalucía (AMAMA), denunciaron que cientos de mujeres no habían sido informadas oportunamente de resultados dudosos en sus mamografías, lo que generó retrasos en diagnósticos y en algunos casos empeoramiento del estado de salud.
Aunque los primeros indicios se remontan a inicios de 2024, fue a finales de septiembre de 2025 cuando los medios divulgaron que unas 2.000 mujeres podrían encontrarse en una situación de “limbo diagnóstico”.
La situación se agravó al trascender que varios hospitales —con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como epicentro— acumulaban casos no resueltos y conflictos en los protocolos internos de notificación entre Atención Primaria y Radiodiagnóstico.
La dimisión de Rocío Hernández
En la tarde del 8 de octubre, Moreno compareció ante los medios para anunciar que había aceptado la dimisión de la consejera Hernández, a quien agradeció su “honestidad y entrega” pero consideró que su permanencia ya ponía en riesgo la confianza en el sistema.
Como parte de su discurso, Moreno afirmó que los errores no eran excusables y que “no se entiende que hayan sido las afectadas las que hayan tenido que alertar del problema”.
Según informes internos, la presión del Partido Popular andaluz y del núcleo de Génova habría sido decisiva en la decisión de forzar la dimisión para contener la escalada política del conflicto.
Plan de choque y respuesta institucional
Junto al relevo de la consejería, Moreno presentó un plan de choque con una partida de 12 millones de euros y la contratación urgente de 119 profesionales entre radiólogos, técnicos y personal administrativo para revisar los casos pendientes antes del 30 de noviembre.
También anunció la apertura de una auditoría interna y la revisión de los protocolos de notificación a pacientes, con el objetivo de diagnosticar responsabilidades políticas en niveles superiores si fuese necesario.
No obstante, la oposición política ha considerado que estas medidas son insuficientes y exige que el propio Moreno comparezca en el Parlamento para dar explicaciones y afrontar responsabilidades más amplias.
Movilización social: manifestaciones y concentraciones
La reacción ciudadana ha sido rápida y masiva. En Sevilla, miles de personas se concentraron frente a la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) coreando el lema “Moreno, dimisión” y “Nuestra vida no puede esperar”. Las cifras oscilan entre 2.000 asistentes (según la Policía Nacional) y hasta 5.000 (según los organizadores).
La Asociación AMAMA jugó un papel central en la convocatoria y en las intervenciones durante la protesta: su presidenta, Ángela Claverol, denunció que la mala gestión de la Junta había puesto en riesgo la vida de muchas mujeres y exigió “verdad, justicia y garantías”.
La manifestación en Sevilla fue descrita como de carácter espontáneo pero con una notable repercusión simbólica, pues confluyeron mujeres afectadas, familiares, colectivos feministas y ciudadanos de apoyos varios.
Además de Sevilla, se han informado movilizaciones menores en otras provincias andaluzas, con concentraciones frente a delegaciones del SAS y sedes institucionales, bajo el mismo lema de urgencia sanitaria y responsabilización política.
Los medios destacan que estas protestas no solo reclaman mejoras concretas para las afectadas, sino que se están convirtiendo en una reafirmación de descontento general con la política sanitaria del Gobierno autonómico.
Riesgos políticos y rumbo electoral
Esta crisis del cribado ha escalado hasta convertirse en un serio desafío político para Moreno Bonilla en el tramo final de su mandato. Según analistas, el PP andaluz ha buscado amortiguar el golpe con la dimisión de la consejera para evitar que la crítica recaiga directamente sobre el presidente.
El escándalo también ha puesto sobre la mesa cuestiones estructurales del sistema sanitario andaluz: carencia de recursos, debilidad de los protocolos de comunicación y tensión acumulada en listas de espera y déficit de personal. Observadores advierten que, si no se va más allá de los gestos institucionales, el episodio puede derivar en una crisis política de consecuencias mayores.
Para la oposición, la dimisión de Hernández es solo el primer paso: exigen una comisión parlamentaria, rendición de cuentas completa y que Moreno responda ante la ciudadanía.
