Crece la indignación por el temor a que Carlos Mazón eluda la justicia por la gestión de la DANA
La sensación de impunidad vuelve a sacudir a la Comunidad Valenciana. A medida que avanza la instrucción judicial sobre la DANA de octubre de 2024 —que dejó 229 víctimas mortales—, crece el temor de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, logre esquivar la rendición de cuentas.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra lleva más de un año acumulando testimonios y pruebas que apuntan a graves fallos en la gestión institucional. Entre ellos, videos ocultos durante once meses por el Consell, la negativa a reforzar la vigilancia de barrancos y declaraciones de técnicos que contradicen la versión oficial.
Una técnica del Centro de Emergencias declaró que la Generalitat rechazó recursos clave la víspera de la tragedia, mientras que un testigo del Consorcio de Bomberos aseguró que Mazón dirigía el Cecopi el día del desastre. Sin embargo, el president insiste en que “jamás dio órdenes” a su entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y niega haber tenido un papel activo.
Aforamiento y lentitud judicial
El avance de la causa se enfrenta a un obstáculo determinante: el aforamiento de Mazón.
Como presidente autonómico, cualquier posible imputación debe revisarse por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, lo que ralentiza y complica el proceso.
Además, la jueza ha rechazado de momento que la Generalitat se persone como responsable civil subsidiario, lo que evita que la institución asuma compromisos patrimoniales mientras continúa la investigación.
Un clamor social creciente
Las víctimas y asociaciones continúan reclamando justicia y responsabilidades claras.
Los últimos sondeos refuerzan el malestar ciudadano: el 71% de los valencianos considera que Mazón debería dimitir, incluyendo una mayoría de votantes del PP.
Varios colectivos de afectados han llegado incluso a rechazar la presencia del president en actos institucionales por respeto a las víctimas.
Detrás de la estadística, recuerdan, hay familias que perdieron a sus seres queridos sin aviso ni alerta suficiente. “Esto no se trata de política, sino de dignidad y verdad”, expresan en sus comunicados.
Un proceso en el límite
A pesar de las contradicciones entre testimonios, grabaciones y declaraciones oficiales, la falta de pruebas concluyentes mantiene la causa en un punto muerto.
Fuentes jurídicas apuntan a que la combinación de maniobras procesales, aforamientos y cautelas judiciales podría dilatar el caso durante meses, quizás años.
Mientras tanto, la sociedad valenciana asiste con creciente desasosiego al riesgo de que la justicia llegue tarde, o no llegue nunca.
