Andalucía sumida en crisis sanitaria por fallo masivo en el cribado de cáncer de mama
Desde hace unos días, en Andalucía algo insospechado comenzó a condensarse en testimonios, llantos e indignación: lo que parecía un incidente menor en el programa de detección precoz del cáncer de mama se ha agrandado hasta alcanzar dimensiones que muchos califican de escándalo sanitario. Lo que en un principio fue descrito como “casos aislados” ha terminado convertido en una crisis que afecta a 2.000 mujeres cuyos resultados fueron catalogados como dudosos y que, hasta hoy, no habían sido informadas.
La punta visible de este iceberg salió a la luz el domingo 28 de septiembre, cuando la Cadena SER dio voz a varias afectadas. Mujeres que se sometieron a mamografías dentro del programa de cribado confiaban en que, si no las llamaban, era porque su prueba estaba bien. En cambio, algunas comenzaron a sospechar que algo no funcionaba cuando nunca recibieron citación ni explicación. Al relatar sus experiencias ante micrófonos, lo que parecían dos o tres casos aislados se transformó en una marea creciente de denuncia colectiva.
Reconocimiento oficial y cifras escalofriantes
Apenas cinco días después, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía reconoció públicamente la magnitud del problema: unas 2.000 pruebas con “resultado dudoso” que no habían sido comunicadas. Las autoridades sanitarias sostienen que, de ese volumen, solo un 2 % podrían corresponder a casos malignos. Pero el corazón del problema no está en la magnitud del diagnóstico, sino en la falla del sistema informativo. La consigna de “no te llamamos si todo está bien” resultó insuficiente y trágica para cientos de mujeres.
La Asociación Amama, de Sevilla, fue una de las primeras en elevar la voz. Su presidenta, Ángela Claverol, desgarrada por la revelación del fallo, planteó una pregunta que cala hondo:
“¿Si entre las mujeres que no llamaron había alguna cuyo cáncer avanzó sin que lo supiera?”
El contraste entre lo institucional y lo humano quedó a la vista: cifras y discursos enfrentados con rostros que buscaban una explicación.
Reacciones políticas: dimisiones exigidas y defensas inesperadas
La oposición alzó la voz con urgencia. Solicitaron el cese inmediato de la consejera de Salud Rocío Hernández, responsabilizándola de la cadena de errores. Pero el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla optó por una vía intermedia: pidió reuniones con Amama y las afectadas, y evitó comprometerse con una destitución inmediata, alegando que no conocía la escala completa del perjuicio.
En el acto público, María Ángeles Prieto, portavoz de Salud del PSOE-A, acompañó a Claverol y dejó constancia de al menos 50 casos documentados en apenas dos días, agregando que Amama había recibido “más de 100 llamadas perdidas” de mujeres buscado respuestas. Se reclamó no solo responsabilidad política, sino un acto de reparación: explicaciones, disculpas y acciones urgentes.
El protocolo revisado y las primeras respuestas administrativas
Para intentar frenar la tormenta, la consejería de Salud ha anunciado que creará un circuito preferente para contactar a las 2.000 mujeres afectadas y revisará el protocolo de cribado para incorporar mecanismos de comunicación más transparentes.
Uno de los cambios clave será que aquellas pacientes cuyo resultado sea “no concluyente” deberán ser informadas explícitamente de esa condición, con indicación del seguimiento previsto, algo que hasta ahora no ocurría sistemáticamente.
También se ha anunciado que se revisarán mamografías de los últimos tres años para detectar posibles casos ocultos, y se habilitará un sistema de contacto con las mujeres afectadas para que notifiquen sus casos.
Historias individuales que rompen estadísticas
Los testimonios de mujeres como Anabel o Cristina ilustran el drama detrás de cada cifra. Anabel esperó un año para que le hicieran una prueba complementaria tras su mamografía: cuando finalmente fue llamada, ya tenía cáncer diagnosticado. Cristina, en otro caso, detectó un bulto pasados más de dos años; “me dijeron que la mamografía anterior tenía signos que debieron haber sido investigados”, relató.
Estos casos han sido recogidos por medios locales e instituciones, y algunos ya motivaron que el Defensor del Paciente solicitara a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue la situación como posible dejación de funciones.
Repercusiones institucionales y tensiones políticas
En el Parlamento andaluz, el grupo Adelante Andalucía pidió de forma urgente el cese de la consejera, y calificó los fallos como “gravísimos”. Desde Por Andalucía, se exigió una depuración de responsabilidades y una revisión profunda del sistema de cribado.
El PP andaluz, por su parte, defendió que aunque hubo fallos de comunicación, no se debe usar este asunto para deslegitimar todo el programa de cribado. Aseguraron que reconocer el error y asumir cambios era lo adecuado, pero sin caer en ataques políticos irresponsables.
Por qué este caso importa más allá de Andalucía
Este fallo revela fracturas en sistemas que se daban por consolidados. Programas de detección precoz, hasta ahora en los que muchas mujeres confiaban, demuestran que un error de comunicación o un olvido institucional pueden costar vidas o tratamientos más agresivos.
Además, el caso resalta la importancia de protocolos transparentes, revisiones continuas y mecanismos de seguimiento efectivo. Cuando las instituciones fallan en informar, el precio lo pagan personas reales, con miedos, incertidumbres y derechos vulnerados.
Hoy, Andalucía exige respuestas. Las 2.000 mujeres están en espera de una llamada, de una explicación, de justicia. Y quienes las reclaman no son meras cifras: son seres humanos que exigen dignidad.
