Elche lucha por recuperar la normalidad tras el ciberataque que bloqueó más de 1.500 equipos municipales
Elche se convirtió el pasado 25 de agosto de 2025 en el epicentro de uno de los mayores incidentes de ciberseguridad ocurridos en la administración pública de la Comunitat Valenciana. A primera hora de la mañana, el sistema informático del Ayuntamiento quedó totalmente inoperativo tras un ataque de tipo ransomware que cifró datos en cuestión de milisegundos y afectó a más de 1.500 dispositivos municipales.
El impacto fue inmediato y devastador. Áreas esenciales como Hacienda, Servicios Sociales y la Alcaldía quedaron paralizadas, lo que obligó a suspender plazos administrativos y a detener la tramitación digital de expedientes. Únicamente se mantuvieron operativos la Policía Local y la telefonía municipal, lo que evitó un colapso total. El alcalde, Pablo Ruz, calificó el suceso como “el ciberataque más grave de la historia del Ayuntamiento de Elche”.
Frente a esta crisis inédita, el Consistorio activó su Comité de Crisis bajo el Esquema Nacional de Seguridad, con la colaboración del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) y del Centro Criptológico Nacional (CCN). También se contrató una empresa especializada y se desplazaron técnicos desde organismos nacionales para restablecer los sistemas y montar una nueva red segura.
Mientras tanto, la continuidad administrativa se sostuvo de manera analógica. El propio alcalde firmó manualmente el pago de las nóminas municipales y se garantizó la atención presencial en las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC), aunque sin posibilidad de realizar trámites electrónicos. Los proveedores también recibieron sus pagos mediante procedimientos manuales, evitando así el bloqueo económico.
En el plano legal, la Policía Nacional asumió la investigación con apoyo de Europol, ya que los atacantes dejaron una nota de rescate en sus servidores. Aunque no se ha desvelado la cantidad exigida, las autoridades advierten de la posibilidad de que se hayan filtrado datos personales, lo que obligaría a aplicar la normativa de protección de datos.
Expertos como Esther Botella, delegada de Protección de Datos de la UMH, subrayaron que se debe evaluar la magnitud del incidente en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, y remarcaron la necesidad de reforzar protocolos de ciberseguridad en las administraciones públicas. 
Desde la oposición, el PSOE local reclamó una Junta de Portavoces urgente para conocer con exactitud el coste del ataque, su impacto en el personal y posibles filtraciones.
El caso de Elche se suma a una ola creciente de ciberataques contra instituciones públicas en España, lo que evidencia la vulnerabilidad de los sistemas y la necesidad de inversiones constantes en seguridad digital, formación y planes de contingencia.
