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Una fugitiva buscada por Portugal es detenida en Elche tras acudir a renovar su documentación

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a una mujer de 56 años sobre la que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Portugal. La arrestada está acusada de cometer 122 delitos de falsificación de documento oficial y de pertenencia a una asociación ilícita entre los años 2006 y 2009.

La operación se desarrolló en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche, cuando la mujer se presentó para realizar una gestión ordinaria de renovación documental. Durante la revisión de sus datos, el personal del área de documentación advirtió que podría tener una requisitoria internacional activa. Inmediatamente, se puso el caso en conocimiento de la Brigada de Policía Judicial, que verificó los antecedentes en las bases de datos policiales y confirmó la existencia de la orden de detención vigente desde el año 2015.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades portuguesas, los delitos por los que se la reclama están relacionados con un entramado dedicado a la manipulación fraudulenta de permisos de conducir y a la obtención ilícita de autorizaciones de residencia en Portugal para ciudadanos extranjeros en situación irregular. La investigación judicial, iniciada en 2006, concluyó que la detenida participó de forma sistemática en la falsificación de documentos oficiales como visados de prórroga de estancia, certificados de residencia y certificados médicos requeridos para obtener el permiso de conducir.

Los documentos falsificados habrían sido utilizados para tramitar permisos de conducir portugueses y regularizar situaciones migratorias de forma fraudulenta. Todas estas actividades ilícitas se habrían llevado a cabo con la colaboración de terceras personas, motivo por el cual la mujer también está imputada por pertenencia a asociación criminal organizada.

La sentencia dictada en Portugal establece que la detenida es responsable de al menos 122 delitos de falsificación documental. Por estos hechos, se enfrenta a una pena de siete años y medio de prisión.

Tras su detención, los agentes trasladaron a la mujer ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar su extradición a Portugal en cumplimiento del mandato europeo.

Este tipo de detenciones pone de relieve la cooperación judicial y policial entre países de la Unión Europea, y la importancia del uso coordinado de las bases de datos internacionales en la lucha contra el crimen transnacional.

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