El extraño y sospechoso patrimonio de la alcaldesa de Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), se encuentra una vez más en el centro de la polémica por el notable incremento de su patrimonio, la opacidad de sus declaraciones de bienes y los conflictos urbanísticos que salpican su gestión municipal. A lo largo de los últimos años, diversos medios nacionales han publicado investigaciones y reportajes que ponen en cuestión la transparencia y la legalidad de parte de su fortuna, lo que ha llevado incluso al Senado a activar una investigación formal.

Ángeles Muñoz declaró en 2020 un patrimonio que ascendía a más de 12 millones de euros, una cifra muy superior a la que constaba en sus declaraciones anteriores. El aumento se justificó con una donación por parte de su marido, Lars Gunnar Broberg, empresario sueco vinculado al sector inmobiliario en la Costa del Sol.

En 2022, elDiario.es reveló que la alcaldesa no había comunicado previamente esta donación ni la adquisición de participaciones en varias sociedades inmobiliarias. En algunos casos, llegó a declarar hasta el 100 % de las acciones, y lo hizo varios años después de haber asumido esos activos. Todo esto ha levantado sospechas sobre un posible incumplimiento del código de conducta de los cargos públicos.

En 2024, la Comisión de Incompatibilidades del Senado aprobó investigar a Ángeles Muñoz por posible vulneración de las normas de transparencia. La propuesta fue presentada por el grupo socialista y apoyada por la mayoría, aunque con la abstención del Partido Popular.

El punto clave de la investigación gira en torno a si Muñoz debió declarar la donación de su esposo y si ocultó voluntariamente la magnitud real de su fortuna. La comisión exigió explicaciones por la tardanza en registrar ciertos bienes, así como por no reflejar adecuadamente su situación financiera en años anteriores.

A esta controversia se suma una reciente sanción urbanística que ha puesto a Muñoz de nuevo bajo los focos. El pasado mes de mayo, se conoció que el Ayuntamiento de Marbella, bajo su propio mandato, le impuso una multa de 7.750 euros por realizar una construcción ilegal: un garaje de 35 metros cuadrados en su finca privada, sin contar con la correspondiente licencia urbanística.

El caso ha sido especialmente llamativo porque la infracción fue cometida por quien debe garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas en la ciudad. Esta construcción no autorizada, en suelo de elevado valor económico, podría suponer además un incremento patrimonial encubierto, según denuncian desde la oposición.

El portavoz del PSOE en Marbella, José Bernal, exigió públicamente la dimisión inmediata de la alcaldesa tras conocerse la sanción. Bernal argumentó que “es inadmisible que una alcaldesa se salte las normas urbanísticas y que además su patrimonio esté bajo investigación”.

Desde el grupo socialista también se han cuestionado las explicaciones ofrecidas por Muñoz, especialmente en lo relativo a la procedencia de sus bienes y las fechas en que estos fueron incorporados a su declaración oficial.

Aunque la alcaldesa no está directamente implicada judicialmente, el foco mediático se intensificó cuando se conoció que su marido y su hijastro habían sido imputados en una operación antidroga y blanqueo de capitales desarrollada en la Costa del Sol. El caso, de alto perfil en Suecia y conocido como «Operación Malaya 2.0», incluía actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y al uso de estructuras empresariales para canalizar fondos ilícitos.

Si bien Ángeles Muñoz no aparece como imputada, su cercanía familiar con los principales encausados ha generado inquietud sobre posibles conexiones entre la actividad delictiva y su situación patrimonial.

El caso de la alcaldesa de Marbella no es aislado en la política española, pero sí emblemático. Su situación revela lagunas importantes en el sistema de declaración de bienes de los cargos públicos: no existen sanciones automáticas por omisiones, los plazos son difusos, y la vigilancia parlamentaria depende en gran medida de la voluntad política.

En este contexto, la investigación del Senado representa un paso importante hacia la rendición de cuentas, aunque sus efectos prácticos están por verse. Mientras tanto, desde colectivos ciudadanos y medios de comunicación se insiste en la necesidad de reformar el sistema para garantizar que los representantes públicos no puedan ocultar su patrimonio real.

Ángeles Muñoz continúa ejerciendo como alcaldesa de Marbella pese a la presión política y mediática. Las investigaciones sobre su patrimonio, la sanción urbanística reciente y los antecedentes judiciales de su entorno familiar conforman un cuadro preocupante para la credibilidad institucional.

La transparencia, la legalidad y la ética en la gestión pública no deberían ser principios negociables. Este caso pone de manifiesto la urgencia de reforzar los mecanismos de control y fiscalización del patrimonio de los representantes públicos, para evitar que el poder sirva como refugio de privilegios personales.