El juez Hurtado: ¿Justicia suprema o instrumento político?
El auto del juez Ángel Hurtado, que procesa al fiscal general Álvaro García Ortiz, es un alarmante ejemplo de cómo la justicia puede torcerse cuando se contamina con intereses partidistas. En lugar de actuar con neutralidad y rigor, Hurtado construye una acusación sin una sola prueba sólida, basándose únicamente en conjeturas y afirmaciones sin fundamento. Atribuye a Moncloa una filtración mediática sin identificar responsables ni aportar evidencias, algo impropio de un magistrado del Tribunal Supremo.
Lo más grave es que ignora deliberadamente testimonios de periodistas que contradicen la versión oficial y desestima cualquier línea de investigación que pudiera implicar al entorno de Ayuso. Es decir, el juez elige cuidadosamente qué escuchar y a quién creer, en función de un guion político más que jurídico.
Su historial refuerza las sospechas: Hurtado ya fue cuestionado por exculpar al PP en el caso Gürtel con argumentos forzados y por archivar causas delicadas aplicando criterios dudosos. No es nuevo en decisiones que benefician a un solo lado del tablero político.
Lo que debería ser una instrucción judicial objetiva y garantista se convierte así en una operación política con toga. El proceso no tiene el mínimo estándar de imparcialidad, y en lugar de justicia, lo que se percibe es un ajuste de cuentas contra el Gobierno.
En una democracia real, los jueces no pueden actuar como brazos ejecutores de la oposición. Si la justicia se alinea con intereses partidistas, el Estado de derecho se convierte en una ficción peligrosa.
Raúl Velarde
