MetroValencia: 18 años sin justicia tras la mayor tragedia ferroviaria de España
El 3 de julio de 2006, un tren de la Línea 1 del metro de Valencia descarriló entre las estaciones de Jesús y Plaça d’Espanya, provocando la muerte de 43 personas y dejando heridas a otras 47. Dieciocho años después, aquella tragedia, la más grave en la historia del transporte metropolitano español, sigue marcada por el silencio institucional y la ausencia de responsabilidades políticas claras.
Pese a su magnitud, el caso se cerró judicialmente en menos de un año, sin que se imputara a ningún alto cargo político ni a los responsables de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). La única persona señalada fue la conductora del tren, que falleció en el siniestro y a quien se atribuyó el exceso de velocidad como causa principal. No obstante, informes técnicos posteriores y las investigaciones parlamentarias revelaron múltiples fallos estructurales en la red y una deficiente cultura de seguridad en la empresa, bajo supervisión del gobierno autonómico de aquel entonces.
Durante años, la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J), que agrupa a familiares y afectados, ha mantenido viva la memoria de las víctimas. Han denunciado la manipulación informativa, el abandono institucional y el uso político del dolor. Las demandas de verdad, justicia y reparación han chocado reiteradamente contra una estrategia de ocultación política y mediática que mantuvo el caso fuera de la agenda pública.
En 2013, el programa Salvados, dirigido por Jordi Évole, reabrió el debate con un reportaje que conmocionó a la opinión pública. La emisión reveló prácticas como la contratación de empresas de comunicación por parte del Gobierno valenciano para asesorar a los comparecientes de FGV en las comisiones parlamentarias, con el objetivo de construir un relato unificado que desviara cualquier responsabilidad. Esta estrategia, posteriormente admitida por algunos implicados, evidenció un intento deliberado de encubrimiento.
El cambio de signo político en el gobierno valenciano permitió, en 2016, la reapertura de la comisión de investigación en Les Corts. Esta vez, se confirmaron graves negligencias: ausencia de balizas de frenado automático, deficiencias en los protocolos de seguridad y desatención a informes que advertían de los peligros en determinados tramos. A pesar de estas evidencias, no se derivaron consecuencias judiciales relevantes. Figuras como Juan Cotino —conseller en 2006 y posteriormente presidente de Les Corts— negaron cualquier responsabilidad antes de su fallecimiento en 2020.
El documental La estrategia del silencio, dirigido por Vicent Peris y emitido por À Punt, ha reforzado recientemente el debate público. La cinta recoge testimonios y documentación inédita, demostrando cómo se evitó la asunción de responsabilidades políticas y se dejó a las víctimas en una situación de abandono institucional. El documental ha contribuido a renovar la presión social por una justicia que, hasta la fecha, sigue sin llegar.
Cada año, el 3 de julio, la AVM3J organiza actos conmemorativos para mantener viva la memoria de las víctimas y exigir justicia. 
Sus integrantes se han convertido en un ejemplo de dignidad y perseverancia frente a un sistema que ha demostrado ser opaco, ineficiente y ajeno al sufrimiento de quienes lo sostienen con sus impuestos.
Hoy, casi dos décadas después, la pregunta sigue sin respuesta: ¿cómo es posible que una tragedia de tal magnitud no haya tenido consecuencias políticas proporcionales? La respuesta, cada vez más evidente, apunta a una estrategia de protección institucional diseñada para salvaguardar la imagen del poder, incluso a costa del dolor de las víctimas.
Este caso continúa siendo una herida abierta en la memoria colectiva de la Comunidad Valenciana. Una historia de impunidad que interpela no solo a los responsables de entonces, sino a toda una sociedad que no puede permitirse olvidar.
Fotografías: OpenAi
