Compromís exige transparencia en la contratación de Salomé Pradas por la VIU
La formación valencianista solicita acceso al contrato de la exconsellera, imputada por la gestión de la DANA, en una universidad donde la Generalitat mantiene participación
Compromís ha solicitado formalmente la documentación relativa a la contratación de Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, por parte de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). La formación valencianista destaca que la Generalitat Valenciana mantiene un 30% de participación en esta institución, privatizada en 2013 y actualmente propiedad de Grupo Planeta.
Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts, ha expresado su preocupación por esta contratación, sugiriendo que podría tratarse de una «recompensa por su silencio» en relación con la investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que causó 228 muertes en la provincia de Valencia. Baldoví critica que Pradas, en su declaración judicial, haya atribuido la responsabilidad de los errores en la gestión de la emergencia a los técnicos, eximiendo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
La VIU firmó un contrato de colaboración con Pradas el 9 de mayo de 2025, coincidiendo con su anuncio de retorno al ejercicio de la abogacía y la consultoría jurídica.
Antes de su carrera política, Pradas fue profesora asociada de Derecho en la Universitat Jaume I de Castellón.
La jueza que investiga la gestión de la DANA ha imputado a Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. La magistrada señala que la Conselleria de Justicia e Interior tenía la responsabilidad de dirigir los planes de protección civil y que hubo retrasos significativos en la emisión de alertas y en la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Compromís también ha denunciado irregularidades en la gestión de la VIU durante su etapa como universidad pública, señalando que funcionó sin la personalidad jurídica propia que le correspondía, lo que permitió al gobierno del PP mantener su control y evitar su autonomía. La coalición destaca que la Generalitat invirtió aproximadamente 34 millones de euros en la VIU y la vendió por solo cuatro millones.
