La participación de Aznar en la guerra de Irak sigue siendo una decisión sin respaldo de la ONU
Aznar impulsó la invasión de Irak con pruebas falsas sobre armas de destrucción masiva
La intervención española en Irak fue una decisión impopular basada en una mentira
En marzo de 2003, España se sumó a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos, una decisión impulsada por el entonces presidente José María Aznar. Esta acción, ampliamente contestada dentro y fuera del país, se fundamentó en la supuesta existencia de armas de destrucción masiva (ADM) en manos del régimen de Sadam Husein, afirmación que posteriormente resultó ser infundada.
El conflicto se gestó tras la Guerra del Golfo y en el marco de la llamada «guerra contra el terrorismo» iniciada tras los atentados del 11-S. Aunque la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de la ONU exigía el desarme iraquí, no autorizaba expresamente el uso de la fuerza. A pesar de las presiones diplomáticas de Francia, Alemania y Rusia para continuar con las inspecciones, la coalición angloamericana avanzó con sus planes de intervención.
José María Aznar respaldó desde el inicio la tesis de la amenaza iraquí. Afirmó en sede parlamentaria: “Pueden estar seguros, el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva”. En reuniones privadas con Bush, se comprometió a estar “decididamente en un lado”, junto a Estados Unidos. España, según Aznar, debía corresponder el apoyo estadounidense recibido en el pasado.
El 16 de marzo de 2003, en la base aérea de Lajes (Azores), se celebró la cumbre final entre Bush, Blair y Aznar, con Durão Barroso como anfitrión. Allí acordaron lanzar un ultimátum de 24 horas a Irak y preparar la ofensiva, sin el aval de la ONU. Pese a que públicamente se presentó como un último intento por la paz, los documentos revelan que la invasión ya estaba decidida.
Los informes de la ONU, el OIEA y el propio Centro Nacional de Inteligencia español contradecían la existencia de ADM. El CNI reconocía la intención de Irak de desarrollar programas armamentísticos, pero no la existencia de armas listas para ser utilizadas.
La sociedad española reaccionó con contundencia. El 15 de febrero de 2003, millones de ciudadanos se manifestaron en las principales ciudades del país. 
Las encuestas del CIS revelaban un rechazo mayoritario a la guerra. La oposición política, encabezada por José Luis Rodríguez Zapatero, exigió explicaciones al Gobierno. Figuras públicas como Pilar Bardem denunciaron la ilegalidad de la intervención.
A nivel internacional, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, calificó en 2004 la invasión de “ilegal”. El informe Chilcot (Reino Unido, 2016) desveló que Tony Blair sabía que Sadam no tenía ADM operativas. Blair pidió disculpas públicamente. George W. Bush también reconoció el fracaso de los servicios de inteligencia. En contraste, José María Aznar nunca ha rectificado su posición y sigue defendiendo que España ganó peso en la escena internacional gracias a su implicación.
La implicación en la guerra y la gestión posterior de los atentados del 11-M, atribuidos inicialmente a ETA por el Gobierno pese a pruebas que apuntaban a Al Qaeda, provocaron una pérdida de confianza ciudadana.
En las elecciones de 2004, el Partido Popular sufrió una derrota significativa, atribuida en gran parte a la guerra de Irak.
La intervención en Irak sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la política exterior española. Los análisis posteriores coinciden en que se basó en una narrativa sin sustento verificable, lo que minó la credibilidad institucional y dejó una huella imborrable en la opinión pública.
Crónica.: Raúl Velarde
Fotografías: OpenAi
