El Colegio de Enfermería de Alicante denuncia que el colapso del sistema sanitario en la sexta ola es debido a no contar con las enfermeras para la gestión de la misma

La Generalitat debería aplicar a nuestras profesionales la sentencia por las consecuencias de no haber contado con materiales de protección en vez de recurrirla 

(2022-1-15) El Colegio de Enfermería de Alicante quiere denunciar la mala gestión y actitud de la Conselleria de Sanidad al no contar con los profesionales sanitarios, especialmente con las enfermeras, a la hora de gestionar esta sexta ola de contagios por Covid, lo que está llevando al colapso a nuestros sistemas de Atención Primaria y hospitalaria.

Nuestros responsables sanitarios vienen desestimando sistemáticamente los ofrecimientos y sugerencias de la profesión enfermera durante toda esta crisis sanitaria desde el momento en que apareció en marzo de 2020 y han dejado de lado también la mayor parte de los acuerdos y propuestas planteadas en las diferentes comisiones de reconstrucción llevadas a cabo tras la trágica y dramática primera ola. Unas medidas que escasamente se han llevado a la práctica ni a nivel autonómico ni a nivel local, con las consecuencias que estamos viviendo.

Rescindir contratos de los profesionales que están en primera línea en la atención sanitaria como son los de Enfermería, no tener en cuenta las propuestas de nuestro Colegio de Enfermería para llevar a cabo las campañas de vacunación, obviar la necesidad de contar con las enfermeras escolares para abordar la pandemia desde las aulas y otros tantos aspectos nos han llevado a la situación que tenemos en la actualidad que, por mucho que sea provocada por un virus con una alta transmisibilidad, sus efectos se podían haber mitigado. De haber sido así, no tendríamos la brutal presión asistencial y condiciones de trabajo en Atención Primaria y no estaríamos viendo cómo desde los hospitales se tienen que suspender operaciones con el grave perjuicio que eso añade a la salud de los ciudadanos.

Las enfermeras y enfermeros somos unos profesionales con un gran conocimiento del sistema sanitario y contamos con la formación adecuada en materia de gestión como para que nuestras aportaciones sean tenidas en cuenta.

Lamentablemente estamos viviendo situaciones muy contradictorias, como lo ha sido también que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, haya pedido perdón a los sanitarios por la falta de materiales de protección al comienzo de la pandemia pero haya dicho al mismo tiempo que va a recurrir la sentencia que condena a Sanidad a indemnizar a los médicos contagiados por este motivo, no queriendo reconocer con ello el perjuicio ocasionado. Puig debería no solo acatar la sentencia, sino hacerla extensiva también a las enfermeras y enfermeros, que han sido y son los profesionales más expuestos a los contagios durante esta crisis sanitaria.

Así se ha puesto de manifiesto desde la Organización Colegial de Enfermería, desde la cual se ha denunciado que la Comunidad Valenciana ha encabezado durante varios meses la lista de sanitarios contagiados en cifras totales, según los datos del Ministerio de Sanidad.

La falta de sensibilidad hacia los profesionales sanitarios en este sentido no se debe tolerar en ningún caso, pues lleva a que tengamos resoluciones judiciales en sentido contrario como la de un juzgado de Jaén que, ante la demanda de las enfermeras que reclamaron a la Junta de Andalucía más medidas de protección durante la primera ola de Covid-19, ha indicado en una sentencia que las enfermeras debían “sacrificar su derecho a la vida” en beneficio del resto en la pandemia.

Situaciones como las descritas y otras que socaban nuestra funciones y competencias profesionales frente a otros colectivos, vienen a redundar y a confirmar que al final las buenas palabras, elogios y promesas hacia nuestra profesión acaban quedando en nada. Y no solo promesas, sino incluso iniciativas aprobadas en las Cortes Valencianas como una PNL para la derogación de las funciones atribuidas a Enfermería en el Estatuto marco de 1973. PNL que fue aprobada en junio de 2017, hace casi cinco años ya, pero que sigue sin aplicarse.