La Comisión Europea avala la Orden Ministerial del Gobierno contra la desinformación

La Comisión Europea ha avalado el protocolo del Gobierno español alegando que, de esta manera, será mucho más efectivo detectar y responder a las campañas de desinformación y establecer estructuras de coordinación

Bruselas considera que cada país debe designar un punto de contacto, de acuerdo con su propia estructura institucional, para compartir las alertas con las autoridades nacionales de los otros socios europeos. Tanto el Gobierno de España, como la Comisión Europea siguen las mismas líneas de actuación para luchar contra las campañas de desinformación que atentan contra la democracia y que pueden alterar el funcionamiento cotidiano de la libertad de opinión y de expresión.

Johannes Bahrke, el portavoz de la comisión afirmaba que el protocolo español “provee los instrumentos y los actores que garantizan la participación de España en los diferentes instrumentos establecidos por el Plan de Acción de la UE contra la Desinformación de 2018”.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha explicado que llevan años intentado llevar a cabo este plan tal y como han hecho el resto de países de la Unión Europea. “Hemos visto a grandes cadenas de televisión retirar en directo una información que consideraban que no era real para su población como es el caso de Trump en EE. UU”, señalaba la vicepresidenta.

Calvo también hacía referencia al momento actual en el que se encuentra el panorama mediático en relación a la información y afirmaba que “en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra esto porque forma parte de nuestro derecho constitucional”.

¿Supone un peligro la aparición de esta nueva ley? Hay una gran disparidad de opiniones en relación a la aplicación de esta orden. Por un lado, hay quienes creen que los peligros que puede incidir esta Orden Ministerial es la crear un “Ministerio de la Verdad” para decidir sobre los contenidos informativos y marcar la actuación de los medios de comunicación en base a la ideología del gobierno mandatario.

Por otro lado, los medios de comunicación ven un peligro la aplicación de esta orden, pues creen que puede llegar a atentar contra la libertad de expresión y de información como queda recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.

Aunque hay medios de comunicación y partidos que sí que consideran una intromisión absoluta del Gobierno en la libre circulación de información, lo que recoge principalmente esta Orden Ministerial contra la desinformación es precisamente lo contrario. Ya lo advirtió el líder del Partido Popular y Ciudadanos cuando salió a la luz la aplicación de dicha orden asegurando que denunciaría el procedimiento en las instancias europeas, en una repetición de los movimientos iniciados contra la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Se aplica para prever, controlar y eliminar aquellas campañas informativas que atenten contra las sociedades democráticas y que alienten a la ciudadanía a la confusión, independientemente de la ideología que se esté tratando o del partido del que provenga. El objetivo principal es realizar un barrido que aleje las fake news, de las noticias realmente veraces.

Límites del Gobierno

Únicamente tienen la potestad de promover una campaña de comunicación pública que este dirigida por la Secretaria de Estado de Comunicación en función de la naturaleza de dicha campaña informativa. Sin embargo, el Gobierno se mantiene ajeno ante la responsabilidad de imponer sanciones y regular dichos órganos, pues eso implicaría la intromisión del mismo en las informativas que salen a la luz, coaccionando su tendencia ideológica.

Esta Orden Ministerial no supone el establecimiento de la censura, ni tampoco un ataque directo a la libertad de expresión y de información. Pues la imposición de la misma se consideraría un acto inconstitucional y que vulnera los derechos que quedan recogidos en el artículo 20.1 y 2 de la Constitución Española.

La transgresión de dichas leyes supondría un delito contra la democracia y, es por ello, que como bien se explica anteriormente, el Gobierno únicamente puede promover campañas de comunicación pública que luche contra la desinformación.

Artículo: María Vecina / AFPRESS

Fotografías: Dani Gago, Fernando Calvo, EFE, José Luís Roca y Álex Zea