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La Policía entra en las clínicas de iDental para rescatar los historiales

València/Madrid, 3 ago (EFE).- La Policía desarrolla hoy una operación ordenada por el juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en las clínicas iDental de la Comunitat Valenciana para poder rescatar los historiales médicos de los pacientes afectados por el cierre de estos centros.

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras reunirse con los afectados de iDental en la Comunitat Valenciana.

En toda España la Policía va a registrar hoy un total de 19 clínicas de iDental (además de en Alicante, Castellón y Valencia, en Mallorca, Tarragona, Girona, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería, Cádiz, Málaga, Gijón, Madrid, Zaragoza y Murcia) en búsqueda de historiales médicos y de pruebas de la posible comisión de hechos delictivos.

Además, la Policía se ha personado a la sede en Madrid de Weston Hill Capital, la sociedad de inversión que adquirió el grupo iDental y que posee también la cadena de clínica Institutos Odontológicos (IO).

Según Barceló, la operación policial en la Comunitat Valenciana se desarrolla en clínicas de iDental en Valencia (calle Mariano Cuber), Alfafar (Valencia), Alicante, Elche (Alicante) y Betxí (Castellón).

La Conselleria de Sanidad está colaborando en este operativo con sus inspectores, que son los que van a custodiar esos expedientes, según la consellera.

Barceló ha destacado que con el fin de facilitar el acceso de los afectados a sus historiales clínicos, estos van a ser remitidos a tres departamentos en Castellón, Valencia y Alicante, respectivamente, para que cuando esté clasificada la información los usuarios puedan acceder a sus expedientes sin necesidad de trasladarse a la ciudad de València.

Una vez clasificada, toda la información será remitida a la Audiencia Nacional, que es quien ha ordenado que se abriesen las clínicas para «rescatar» los historiales.

La consellera, que ha subrayado que este dispositivo se ha montado «en horas», ha agradecido la «paciencia» de la Plataforma de Afectados y ha pedido «tranquilidad» a la ciudadanía, ya que se les «proporcionará la información» en cuanto sea posible.

La portavoz de la Plataforma de Afectados iDental Valencia, Sol Sánchez, ha aseverado que están «contentos» porque lo que querían era «que esos informes estuvieran custodiados para poder iniciar acciones legales y acudir a dentistas».

Sánchez ha indicado que la Conselleria ha hecho «una gran labor en horas», y ha llamado a la calma a los afectados, y que no acudan a la puerta de las clínicas para no obstruir el trabajo del operativo.

Los registros en toda España han sido practicados en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, y en concreto por agentes de la UDEF y la UDEV, así como con Mossos d’Esquadra en el caso de las clínicas situadas en Cataluña.

Según las primeras investigaciones, tras el colapso de iDental en octubre esta sociedad se hizo con el 100% del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo el mismo modelo de negocio, explica la Audiencia Nacional en una nota de prensa.

Esta sociedad de inversión se dedica a la adquisición de empresas en situación desfavorable y a maximizar la inversión a corto plazo y, según los indicios de los que dispone De la Mata, se trataría de fondos «distressed» o «holdouts», conocidos como fondos «buitre».

También sospechan los investigadores que Weston Hill, como propietaria de IO, podría haberse beneficiado para ese negocio del material e instrumental obtenido en la compra de iDental.

El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude.

Lo hizo por el «volumen extraordinario de la causa», la existencia «de miles o decenas de miles de perjudicados» repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación.

Según las investigaciones, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones.

El objetivo de dirigirse a esta franja de población era la de captar fondos derivados de la financiación de los tratamientos bucodentales mediante créditos al consumo.

El precio de los tratamientos era financiado por entidades de crédito actuando iDental como intermediario y siendo beneficiario directo de los fondos, quedando el cliente como deudor de la entidad financiera, mientras que IDental quedaba libre de cualquier responsabilidad fuera del tratamiento.

Para captar clientes, la sociedad usaba técnicas muy agresivas de marketing bajando drásticamente los precios iniciales.

Una vez que iDental cobraba el total de lo financiado, y el cliente comenzaba a pagar las cuotas, las denuncias de perjudicados señalan que, o bien no se iniciaba el tratamiento con disculpas y anulaciones de citas, o se iniciaban los mismos siguiendo múltiples denuncias de mala praxis.

El objetivo de las dilaciones era que venciese el periodo estipulado para que el cliente pudiese rechazar el tratamiento y su financiación y cuando éste pide. la anulación de las financiación y el reintegro del dinero, los responsables evitan acudir a las citas.

Otros clientes sufrieron en lesiones por tratamientos inadecuados con materiales de mala calidad o carencia de los mismos y también se ha denunciado que el personal era no cualificado y sin experiencia, y se produjeron amenazas y coacciones por parte del departamento de calidad de Idental.

El modelo de negocio habría colapsado en octubre de 2017 por la deudas contraídas con los proveedores ocasionando que los empleados no cobraran su nómina y los pacientes no recibieran su tratamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographs:

Photograph 1:
En la imagen dos agentes custodian el acceso a una de las clínicas donde se produce uno de los registros. EFE